¿Hay voluntad de mantener la convivencia democrática y la eficacia de las instituciones en este “limbo político”?
Seguimos esperando una salida a la conformación de gobierno en España; es probable que haya repetición de elecciones, y es igualmente probable que no quede tampoco clara la solución después. Entretanto, asistimos a una confrontación entre el gobierno en funciones y los partidos “de la oposición” (¿se pueden llamar así?) por el tema del control parlamentario de la acción del gobierno en esta situación.
La oposición reclama que en toda democracia los poderes deben responder ante las instancias correspondientes, no ir por libre; así, el gobierno, esté o no en funciones, debe someterse al control del parlamento y asistir con regularidad a esas sesiones de control, dando explicaciones de su labor. Parece razonable.
El gobierno en funciones explica que no ha sido elegido por este parlamento y que, por tanto, no le tiene que rendir cuentas. Esto parece dudoso, pero lo que ya parece más razonable es que las acciones de un gobierno en funciones se deben limitar a dar continuidad a la actividad básica de gobierno, sin tomar decisiones que supongan sesgo político; por tanto, se trata de una acción de gobierno más “técnica” que “política”, y no es exigible el control parlamentario. Parece que algún informe de los servicios jurídicos avala esta posición, y los antecedentes de los gobiernos en funciones de Andalucía y Cataluña la respaldan.
A nadie se le escapa que detrás de estas dos posiciones, ambas razonablemente argumentables, hay otras razones menos asépticas: Por una parte, la oposición quiere acosar al gobierno y hacerle aparecer como derrotado en un parlamento en el que tiene escasos apoyos; por otra parte, el gobierno en funciones quiere zafarse de esta encerrona. Unos y otros están pensando más en clave electoral que en criterios puramente parlamentarios; así se ha visto claramente en la reciente sesión en la que el gobierno dio cuentas de los acuerdos de la UE en la crisis migratoria.
Ambos bandos aducen razones de funcionamiento democrático y apelan a una solución jurídica; se cae otra vez en el error de pretender resolver en territorio jurídico lo que se debería dilucidar con criterios políticos. La pregunta no es si son exigibles legalmente estas comparecencias o no; la pregunta adecuada es: ¿hay voluntad política de mantener el buen funcionamiento democrático de ambas instituciones en este período intermedio? ¿hay voluntad de mantener la convivencia democrática y la eficacia de las instituciones en este “limbo político”? Pues si la hay, la solución es sencilla: establecer un pacto mediante el cual:
1. El gobierno se compromete a acudir a las sesiones del parlamento que entre todos se acuerde (considerando criterios de trascendencia o de urgencia de las cuestiones a abordar)
2. La oposición se compromete a preguntar y debatir esas cuestiones sin desviaciones electoralistas. Aquí el papel del presidente del congreso restringiendo el debate va a ser fundamental; debe demostrar imparcialidad y rigor.
Sin duda, es una solución política que requiere un compromiso moral, y por eso es realista. Sí, realista, porque no será difícil si hay voluntad política; el propio presidente de la cámara, ante la posibilidad de convocar a responsables de entidades dependientes del gobierno diferentes de los ministerios, habla de filtrar las preguntas de forma que se atengan al tema pertinente, sin derivas adicionales.
Acordar una solución pactada como esta tendría la virtud de relajar la crispación en un período de incertidumbre y tensión política que se prolonga en exceso; sería un buen antecedente no ya para conformar en el futuro un gobierno estable, sino para aportar oxígeno en un ambiente cada vez más asfixiante, para introducir una cultura de la responsabilidad, de capacidad para pactar entre unos y otros los temas fundamentales en los que es exigible el consenso de todos. No hay forma de hacerlo sin un compromiso moral que mueva las voluntades políticas a favor del correcto funcionamiento de nuestra democracia.
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