El colaboracionismo gubernamental de Confraternice compromete a las comunidades evangélicas representadas de una manera corporativa.
Soy un seguidor de la vida y de la obra de Jesucristo. Porque Jesucristo luchó en su tiempo por los pobres, por los humildes. Por eso lo persiguieron los poderosos de su época. Entonces soy en ese sentido un creyente. Tengo mucho amor, lo digo de manera sincera, por el pueblo. (Nación 321, 1 de diciembre de 2018)
Andrés Manuel López Obrador
La Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice) de México, surgida a raíz de los cambios constitucionales en materia religiosa, entre 1991 y 1992, ha sido uno de los organismos más visibles que aglutinan a las iglesias no católicas del país. A consecuencia del fracaso continuo en la creación de un Concilio Nacional Evangélico, que tuvo antecedentes en la primera mitad del siglo XX, pero que no se pudo consolidar, y de otros intentos (como la Convención Nacional Evangélica, que funcionó hasta los años 80), la coyuntura experimentada durante el sexenio de 1988-1994 permitió que Confraternice se impusiera como una representación, siempre puesta en dudas por las llamadas “iglesias históricas”, de las iglesias no católicas. El pastor pentecostal Arturo Farela Gutiérrez (ex integrante de las Asambleas de Dios), su fundador y presidente hasta la fecha, fue, desde esos años iniciales, la figura más notoria de estas iglesias, luego de competir con otros líderes, como Alberto Montalvo, quien también intentó, con el Foro Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Fonice) como membrete, hacerse de la “representación evangélica” ante el gobierno (Cf. Felipe R. Vázquez Palacios, Andando el camino, en La fe y la ciudadanía en la práctica evangélica veracruzana. México, CIESAS, 2007, p. 54).
En ese entonces se señaló la forma en que los nuevos liderazgos de estas iglesias asumieron un papel más activo y hasta agresivo, en medio de los cambios constitucionales que otorgarían personalidad jurídica a las iglesias (ahora como Asociaciones Religiosas), algo impensable años atrás, pero que, como parte del proceso de “modernización” del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se requería la legitimación mutua (de las iglesias al gobierno, y viceversa), luego de la crisis electoral de julio de 1988. El primer gran golpe propagandístico por parte del régimen consistió en referirse, en la iniciativa de modificaciones a la Constitución, a las “iglesias”, en vez de la “iglesia”, lo que generó un fervoroso entusiasmo en el movimiento evangélico, al grado de que en las marchas se empezó a escuchar la consigna: “¡Salinas, amigo, Cristo está contigo!”. En este tenor fue el análisis del momento:
Los impulsos neoliberales encaminados al adelgazamiento del Estado y a la formalización del Tratado de Libre Comercio exigían cambios fundamentales en las áreas económica, agrícola, educativa y también en la cuestión religiosa, que se fueron dando sistemáticamente. Ya con las reformas constitucionales en marcha, varios organismos eclesiásticos trataron de reaccionar, unos con mayor fuerza y claridad que otros. […]
Cuando apareció publicada la nueva Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de julio de 1992, la suerte de las iglesias estaba echada: ahora tendrían que acomodarse a una nueva forma de actuación social. Contra la costumbre de los grupos protestantes, habituados al silencio y la pasividad, las nuevas condiciones jurídicas les exigirían formas impredecibles de respuesta y de expresión de sus proyectos. (L. Cervantes-O., “Política y nuevo régimen constitucional de las iglesias. Mentalidades, discursos, acciones”, en La mirada heterodoxa. Política y religión en México: tres décadas de seguimiento y análisis. México, 2018).
Atrás quedaban los tímidos encuentros y acercamientos de agrupaciones como el Comité Nacional Evangélico de Defensa, que promovía el respeto a los derechos de las iglesias protestantes o evangélicas y reclamaba el cumplimiento de la libertad de cultos establecida en la Constitución, denunciando los frecuentes casos de intolerancia anti-protestante (cf. “Monólogo en voz alta sobre la historia de las relaciones Iglesia-Estado en México o el que se mueva sí sale en la foto”, (1990), en La mirada heterodoxa, pp. 9-11). La actitud evangélica hacia lo político y público, pasó de un “letargo social” (en palabras de Carlos Mondragón, “México: de la militancia revolucionaria al letargo social”, en C. René Padilla, ed., De la marginación al compromiso. Los evangélicos y la política en América Latina. Buenos Aires-Quito, Fraternidad Teológica Latinoamericana, 1991, pp. 61-76) a un inopinado interés por acceder a las esferas del poder o, al menos, organizar algún partido confesional que pudiera expresar sus inquietudes, sueños e ideales, algunos de ellos de corte francamente integrista.
El ímpetu por formar agrupaciones políticas trató de encarnar en varias organizaciones que, finalmente, no cuajaron, aunque dicho ímpetu resurgía periódicamente (Jean-Pierre Bastian, “Los nuevos partidos políticos confesionales evangélicos y su relación con el Estado en América Latina”, en Estudios Sociológicos, El Colegio de México, vol. XVII, núm. 49, enero-abril, 1999, pp. 153-173). Esas iniciativas preludiaron lo que finalmente vino a conseguir el Partido Encuentro Social (PES), que hoy se encuentra al borde de la desaparición, si se aplica adecuadamente la ley en materia electoral, luego de no alcanzar el porcentaje establecido en las elecciones de julio de 2018 (véase: Ricardo Raphael, “La resurrección del PES”, en El Universal, 7 de marzo de 2019).
El 21 de marzo (fecha del nacimiento de Benito Juárez, presidente que promulgó las Leyes de Reforma en 1860) siguió siendo, hasta fines del siglo XX, el momento en que los contingentes evangélicos hacían confesión de su militancia oficialista dentro de los regímenes encabezados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Esta actividad, de marcado sabor liberal (o “juarista”, como se decía entonces), que incluso contaba con el apoyo de la masonería por causa de su típica filiación anticlerical, sería sustituida por el evento denominado “Marcha de Gloria”, realizado en la Plaza de la Constitución (y en otros lugares) el sábado de gloria de cada año, desde la primera década del nuevo siglo. El énfasis ahistórico y apolítico de esta nueva celebración muestra la desconexión de los nuevos liderazgos evangélicos (pentecostales y de nuevas iglesias, predominantemente) de la identidad protestante de las décadas anteriores, así como el surgimiento de una pluralidad ideológica inédita al interior de estas comunidades religiosas.
De hecho, la tan firme identidad ideológica del protestantismo de otras épocas ha tendido hacia una evidente derechización que lo ha acercado a las posturas del catolicismo más conservador, una alianza imposible en el pasado:
…al decaer esta corriente ideológica [el liberalismo] como razón de ser de los gobiernos posrevolucionarios que ejercieron el poder durante buena parte del siglo XX (desde fines de los años 20 hasta 2000, aproximadamente), he aquí que el protestantismo se sintió huérfano y encontró en los postulados de la derecha una nueva manera de ser y de pensar. Esta ingrata contradicción, que ya no alcanzó a ver suficientemente Carlos Monsiváis (1938-2010), para quien el pensamiento ultracatólico impuesto desde las cúpulas episcopales católicas había experimentado varias derrotas históricas y culturales, se ha vuelto una feroz realidad en los años del siglo XXI que ya han transcurrido. Hoy es posible hallar varias expresiones políticas de ese conservadurismo en el ambiente evangélico que, envalentonado por las reformas constitucionales de 1992-1993, considera que ha llegado el momento de acceder al poder, así sea con las banderas menos esperadas. (“Palabras preliminares”, en La mirada heterodoxa…, p. 5, énfasis agregado.)
Dos reuniones con el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio Nacional en menos de un mes (la primera fue el pasado 21 de febrero), anunciadas con bombo y platillo por el presidente de Confraternice, han dado pie a múltiples interpretaciones. En esa ocasión se anunció que López Obrador sería invitado a la consulta fiscal y legal de Confraternice del 27 de marzo próximo, pero al parecer hay mucha urgencia por integrar a estas comunidades en los trabajos de lo que se promueve como “cuarta transformación” del país, lo que hace pensar seriamente en que esta organización se está conformando como un auténtico “brazo religioso” del proyecto gubernamental, algo verdaderamente preocupante. Ahora, en la reunión del 13 de marzo, fueron incluidos y mencionados por nombre otros delegados estatales de Confraternice, lo que abre la puerta para una colaboración con los tres niveles de gobierno.
La nota de La Jornada refiere que el presidente “dio instrucciones a funcionarios de diversas instancias federales para que definan mecanismos de colaboración entre las partes” (Alonso Urrutia, Alma E. Muñoz y Jessica Xantomila, “Ordena AMLO a funcionarios definir mecanismos para colaborar con Confraternice”). Algo de lo más llamativo fue lo que agrega la nota: “El pastor Arturo Farela, presidente de la Confraternice, solicitó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que impulse una reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público para lograr el acceso a canales de radio y televisión”. Se trata de una antigua insistencia de esta organización, que ha producido inquietud en diversos espacios sociales.
La nota añade:
Al término del encuentro en Palacio Nacional, que duró casi dos horas, Farela dijo que en México es más fácil que existan canales pornográficos que canales donde se transmitan principios y valores de amor a la familia, a la patria, a las instituciones. Creo que ya es tiempo que se dé libertad a todas las confesiones religiosas.
Indicó que Sánchez Cordero y Zoé Robledo, subsecretario de Gobierno, analizarán la legislación y con base en los resultados ver la pertinencia de que todas las confesiones religiosas en el país sean concesionarias o permisionarias. Recordó que hay registradas 10 mil asociaciones para que divulguemos los principios y valores que enseña la sagrada escritura.
El resultado de esta segunda reunión es el creciente tono triunfalista, lo que se aprecia claramente en las palabras de Farela Gutiérrez en su muro de Facebook: “En esta ocasión continuamos con los proyectos de ayuda social, apoyo a los jóvenes para combatir la adicción y la delincuencia, además el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, instruyó a [diversos funcionarios/as], con el propósito de ver la posibilidad que se reforme la legislación actual, para que todas las asociaciones religiosas puedan tener concesiones de radio y de televisión”. Es comprensible que el pastor Farela utilice el lenguaje religioso para referirse a su labor personal, pero de ninguna manera es aceptable que implique a alguna comunidad religiosa (incluyendo a la suya, la Iglesia Príncipe de Paz, en la alcaldía de Tláhuac, de la capital del país) en actividades públicas o de promoción de tareas que sólo competen a las autoridades. Específicamente, Farela indicó “que la Confraternice apoyará en la distribución de principios y valores por medio de los medios masivos de comunicación”. Luego de la reunión, Farela informó que su organización “trabajará para que en todos los estados las feligresías protestantes evangélicas inviten a los jóvenes a inscribirse en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y que también los tutores puedan salir de ésta” y que “se está haciendo el programa para que dentro de tres meses o antes, al menos Confraternice pueda aportar más de 200 mil jóvenes”.
Asimismo, y ya dominado por el entusiasmo irreflexivo de participar en las más altas instancias de poder, Farela agregó que “el titular del Ejecutivo pidió a Francisco Garduño [comisionado de los Centros Federales de Readaptación Social, presente en la reunión] que ‘nos dieran todas las facilidades’ para ingresar a los penales donde tenemos problemas para predicar la palabra de Dios, así como a los hospitales”. Este tipo de acciones, con todo lo que puedan tener de positivas, requiere modificaciones a leyes y reglamentos existentes que aún no se han realizado. Además, Farela y su equipo ha tenido otras reuniones, en los últimos días, con funcionarios tales como Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo (4 y 12 de marzo) y Diana Álvarez Maury, Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaria de Gobernación (7 de marzo), particularmente en relación con la consulta del 27 de marzo. Queda claro que esta dinámica de apoyo mutuo manifiesta el peso de la cercanía de Confraternice con el nuevo gobierno, más allá de las simpatías políticas de sus integrantes.
Como se puede deducir de lo dicho hasta aquí, el colaboracionismo gubernamental de Confraternice compromete a las comunidades evangélicas representadas de una manera corporativa, pues hasta donde se sabe, no se han llevado consultas al respecto que transparenten toda la participación anunciada. Por otro lado, este organismo ha excluido de su actuación a buena parte del conjunto de iglesias evangélicas o protestantes que podrían ofrecer su opinión acerca de la posibilidad de colaborar (o no) con estas iniciativas gubernamentales u otras semejantes. Por todo ello, queda la impresión de que la denominada “cuarta transformación” (que se ha puesto en marcha desde este régimen) está considerando seriamente la inclusión de las comunidades evangélicas en su proyecto hasta constituirlas como “brazo religioso” de la misma, a diferencia de otros gobiernos que se sirvieron de las mayorías católicas para acciones similares. No existe diferencia, entonces, entre dicho comportamiento político (tan criticado por muchos de quienes ahora gobiernan) y el presente. Parecería que sólo se ha dado un “giro confesional” a la visión del gobierno en turno. Quedan por verse las consecuencias de estas acciones en el futuro inmediato y las reacciones de los diversos sectores de la sociedad mexicana ante la nueva asociación entre el gobierno y estos grupos religiosos.
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