La posible “resurrección” del Partido Encuentro Social

Uno de los asuntos más llamativos de las últimas semanas en el ámbito público mexicano y que pueden poner a prueba al nuevo gobierno y al sistema electoral es la posible “resurrección” del Partido Encuentro Social (PES), uno de los integrantes de la coalición (“Juntos haremos historia”, con el Partido del Trabajo) que llevó al poder a Andrés Manuel López Obrador. La conocida inspiración evangélica de esta agrupación, encabezada por su presidente nacional Hugo Éric Flores Cervantes (ahora también en funciones de delegado gubernamental en el sureño estado de Morelos), es un factor que influye notablemente al momento de hacer un análisis de las posibilidades de que el PES mantenga su registro a pesar de no haber alcanzado, en ninguna de las modalidades, el mínimo de votación exigido por la ley electoral (3 por ciento). Paradójicamente, la votación obtenida por este partido les permitió contar con 56 diputados (26 de los cuales se han adherido al Movimiento de Regeneración Nacional, el partido en el gobierno) y ocho senadores, motivo por el cual su dirigencia daba por descontado que tendrían una representación parlamentaria formal.

Algunas fuentes periodísticas han llamado la atención al hecho de que, posiblemente, el apoyo otorgado por el PES a López Obrador sea relevante en la decisión final, que se ha pospuesto desde 2018, cuando se definió qué partidos políticos no seguirían recibiendo el apoyo económico y os demás privilegios correspondientes. Fue el caso del Partido Nueva Alianza, agrupación ligada al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, dirigido en otra época por Elba Esther Gordillo. Incluso, en septiembre del año pasado se anunció que había comenzado la liquidación de los bienes de los dos partidos, lo que llevó a Flores Cervantes a decir que se “cometió una injusticia, […] al advertir que es una paradoja que sea el segundo instituto político en crecimiento y se le retire el registro” (Carina García, “Inicia liquidación de NA y PES”, en El Universal, 13 de septiembre de 2018).

La polémica ha aumentado de intensidad, sobre todo por la gran asociación mediática que produce la caracterización del PES como un “partido confesional”, cuya participación en las elecciones presidenciales de julio pasado fue vista como la aceptación, por parte de López Obrador, de la agenda conservadora de esta agrupación, que se presentó a sí misma como “el partido de la familia” (Véase Pablo César Carrillo, “Los cristianos ya tienen su partido”, en Milenio, 17 de julio de 2014). Flores Cervantes tuvo que responder a las acusaciones de homofobia y aclarar continuamente que no necesariamente su ideología se orientaba en ese rumbo (María Cabadas, “PES aclara dichos de su dirigente: no somos homófobos”, en La Razón, 26 de mayo de 2018).

Porcentaje electoral de 2018.

En entrevista con el diario español El País se expresó así: “El matrimonio igualitario se ha convertido en una moda. Si alguien en su vida quiere ejercer su sexualidad de la manera que quiera está muy bien, es un derecho, pero trasladarlo a la esfera pública atenta contra la vida. Esa es una lucha muy respetable como nosotros tenemos la nuestra. La palabra clave es respeto” (Jacobo García, “El matrimonio homosexual en México es una moda”, en El País, 25 de mayo de 2018).

La nueva controversia procede de lo señalado por algunas notas en el sentido de que circula en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) un proyecto de sentencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña que propone mantener con vida al PES. Todo ello ha dejado la impresión de que la Presidencia de la República está tratando de influir en tal sentencia. Así se publicó en Reforma el 25 de octubre, que recogió las acusaciones de legisladores de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional. “Son las señales de la influencia indebida de un Poder sobre otro y, también, la pérdida de autonomía y legitimidad del Poder Judicial electoral que se doblega ante los intereses y presiones de otro Poder, en este caso, del Ejecutivo, lo cual es muy grave”, aseveró el senador panista Gustavo Madero (“Acusan: Ejecutivo interviene en Trife”, en Globalmedia, 26 de febrero de 2019).

Otro artículo también habla en ese sentido, pues relacionó la renuncia de la presidenta de dicho tribunal en pasado con este asunto:

Una de las versiones que corre sobre el porqué de la renuncia de Janine Otálora a la Presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tiene que ver con el registro del Partido Encuentro Social (PES).

El PES, recordemos, interpuso un recurso ante el Tribunal contra la declaración de pérdida de su registro. […] Pero la resolución del Tribunal sigue en el aire.

La tardanza en el fallo —según se comenta en el medio político— tiene que ver con la intención de devolverle al PES su registro (a decir de los propios pesistas, es una promesa que les hizo López Obrador).

Sólo que, para ello, el TEPJF tiene que hacer maroma y teatro para darle vuelta a lo que dice la ley e ir incluso en contra del criterio que ha observado en otras sentencias (Martha Anaya, “Otálora y la resurrección del PES”, en El Heraldo de México, 25 de enero de 2019).

El artículo finaliza con una dura observación sobre las acciones del Tribunal: “Cierto que no sería la primera vez que cayeran en tal aberración, pero ya su credibilidad —además de los pleitos internos— anda por los suelos. […] Al PES le urge que se resuelva para recibir, de entrada, las prerrogativas que le corresponderían si los magistrados le devuelven la vida como partido”. Algunas opiniones han sido también en ese tono al señalar el sesgo con que actuaría el Tribunal en cuestión si decide que el PES mantenga su registro. Es el caso de Jorge Alcocer, coordinador de asesores de la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) quien a título personal afirmó que se trataría de una violación de la Constitución Política del país. En el artículo 41 se establece que el partido político nacional que no obtenga al menos tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones, recibirá la cancelación de su registro. En el mismo sentido se pronunciaron Pamela San Martín y Ciro Murayama, consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Por su parte, Flores Cervantes dijo, como parte de la defensa de su causa: “Es un tema muy complejo, pero nuestra apelación son casi mil cuartillas y entregamos no menos de ocho cajas de pruebas, entendemos que han sido valoradas, pero ya es tiempo de que se resuelva y se nos haga justicia, ya que nunca aceptaremos que sacamos menos del 3 por ciento de la votación pues está comprobado que no fueron contados de manera correcta” (“Presidente de Encuentro Social confía en mantener registro ante el INE”, en Vanguardia, 25 de febrero de 2019). Y agregó: “Fueron muchos los argumentos que pusimos, de hecho, para tener un grupo parlamentario en las cámaras se necesitan partidos políticos, y lo que pedimos es una interpretación amplia de la Constitución para que no solamente se vea un artículo sino todos”.

Otra integrante del PES, la coordinadora en Senado Sasil de León Villard, celebró la posibilidad de que el Tribunal Electoral reviva a su partido” (Mayolo López, “Ve senadora de PES justo revivir al partido”, en Reforma, 25 de febrero de 2019). “Algo no se hizo bien en el cierre de casillas, los cómputos o recuento de votos. A eso agregaría que además de la genuina representación de curules en ambas cámaras (sic), el PES cuenta también con fracciones parlamentarias en 17 entidades federativas del país, [y] además de presidir Gobiernos municipales, hay más de 200 regidores en los cabildos del país”, explicó. Finalmente, trascendió que, ante el riesgo de perder el registro, el PES registró un nuevo partido político ante el INE bajo el nombre de Encuentro y Solidaridad.

López Obrador y Hugo Éric Flores.

Toda esta polémica coincidió con la reunión de López Obrador, el jueves 21 de febrero en el Palacio Nacional, con integrantes de la Confraternidad de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice), presidida por Arturo Farela Gutiérrez desde su fundación. En dicha reunión, publicitada ampliamente por esta organización (que, dicho sea de paso, agrupa mayormente a iglesias pentecostales y neo-pentecostales, no así a las llamadas “históricas”) se trataron algunos asuntos de relevancia para estas comunidades religiosas (Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia, “Líderes evangélicos contribuirán en distribución de la Cartilla Moral”, en La Jornada, 21 de febrero de 2019). Farela adelantó que el Presidente asistirá a una consulta jurídica y fiscal próxima de Confraternice.

Como parte de la presión de algunas iglesias evangélicas por tener mayor visibilidad, se ha debatido la insistencia en contar con algunos medios de comunicación propios, pues ése fue uno de los temas tratados con el Presidente de la República. Así lo expresó Farela al salir de la reunión: “…ante la demanda de las iglesias evangélicas de tener acceso a la radio y la televisión, Farela mencionó que los derivó con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y con el subsecretario Zoe Robledo”. Javier Tejado Dondé, maestro en Derecho por la Universidad de Yale, escribió, al respecto:

La petición de las iglesias evangélicas fue una: tener sus propios medios de comunicación, particularmente estaciones de radio y televisión.

En México está prohibido que las iglesias tengan sus propios medios masivos de comunicación. […]

Si en México se permitiera que las iglesias tuvieran estaciones de radio y TV, las consecuencias serían muchas. De entrada, en lo electoral, las reglas tendrían que ser reescritas. En lo social, sería un duro golpe para la Iglesia católica, que no se ha preparado para esta confrontación, pudiendo perder millones de feligreses.

El presidente López Obrador remitió el tema a la Secretaría de Gobernación para que lo estudie. Pero mientras éste se dene, están surgiendo decenas de estaciones ilegales (la cámara de la industria mexicana, CIRT, reporta 296 operando), la mitad de éstas en el sureste y varias son de orientación religiosa. A falta de claridad, empezarán a crecer en la ilegalidad esperando sean eventualmente regularizadas, como ha sucedido con otras tantas cosas irregulares en el país.

La lucha por el poder entre las iglesias, su preeminencia con el Presidente en turno y la búsqueda de herramientas de comunicación masiva entrarán en una nueva fase. El pronóstico es reservado. El debate sería sano. (“Religiosos, tras estaciones de TV para hacer política”, en El Universal, 26 de febrero de 2019).

Ello forma parte de los embates que las vertientes no católicas más conservadoras, como en el resto de América Latina, en busca de más espacios de poder desde los cuales pretenden contribuir a imponer políticas públicas en los temas que siempre les preocupan. Es de esperarse que este gobierno, tal como lo ha anunciado, sea neutral en su trato con las diversas asociaciones religiosas y cada una de ellas se apegue a lo marcado en el texto constitucional. De lo contrario, se repetiría el esquema tantas veces criticado en relación con los privilegios que la Iglesia Católica desea mantener, más allá de las orientaciones ideológicas de los gobiernos.