Por las circunstancias pastorales y de liderazgo he tenido que participar, a lo largo de los años, en equipos de restauración y disciplina de diversos líderes que cometieron pecados graves, que los llevó a una doble vida no acorde con el santo llamamiento que recibieron de parte del Señor. En estos años he aprendido algunas cosas que quisiera compartir en diversos artículos.

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Cuando un líder cristiano cae en pecados graves, especialmente cuando existen abusos de poder o conductas que han perjudicado a otras personas, suele iniciarse un proceso de disciplina y restauración. Pasado un tiempo, escuchamos que ha sido acompañado por pastores, mentores y consejeros, y que está preparado para comenzar una nueva etapa.

Pero hay una pregunta que no siempre se responde: ¿quién ha evaluado su restauración y quién asume la responsabilidad de avalar su regreso al ministerio?

Es positivo que una persona busque ayuda pastoral y profesional. Sería preocupante que no lo hiciera. Sin embargo, debemos distinguir dos realidades profundamente diferentes: acompañar espiritualmente a alguien que ha pecado y certificar que vuelve a reunir las condiciones para ejercer autoridad pastoral.

Lo primero es una expresión del cuidado cristiano. Lo segundo implica una responsabilidad ante toda la Iglesia. Y el principio que no debemos olvidar ni ceder es que nadie debería restaurarse a sí mismo.

Nadie debería restaurarse a sí mismo

No podemos conformarnos con expresiones como “he sido restaurado por mis pastores” o “he estado bajo cobertura espiritual”, si nadie asume públicamente la responsabilidad de explicar qué significa realmente esa supervisión.

Cuando una persona anuncia su regreso al ministerio alegando que ha completado un proceso de restauración:

• ¿Quién puede verificarlo?


• ¿Qué criterios se han aplicado?


• ¿Se han examinado los hechos y escuchado a las personas afectadas mediante procedimientos seguros?


• ¿Qué medidas se han adoptado para evitar que las conductas vuelvan a repetirse? Y, sobre todo, ¿quién responde por esa decisión?

No estamos pidiendo que los pastores firmen la carta personal de arrepentimiento del interesado. Esa declaración es responsabilidad de quien la escribe. Tampoco pretendemos que se revelen conversaciones pastorales confidenciales ni información terapéutica. Pero si existe una decisión de rehabilitación ministerial, quienes la avalan deberían asumir públicamente la responsabilidad de explicarla.

La Iglesia merece conocer qué autoridad eclesial ha supervisado el proceso, qué alcance tiene la decisión y qué garantías de protección y supervisión se han establecido, respetando siempre la intimidad de las víctimas. La confidencialidad es imprescindible para proteger a las personas, pero no debería convertirse en una excusa para evitar la rendición de cuentas.

La amistad pastoral no sustituye la independencia

Los pastores debemos resistir una tentación especialmente peligrosa: proteger a nuestros amigos simplemente porque son nuestros amigos.

La fraternidad ministerial es preciosa, pero puede convertirse en un problema cuando confundimos la lealtad personal con nuestra responsabilidad ante Dios y ante las personas que debemos proteger.

La verdadera amistad pastoral no consiste en facilitarle a un amigo su regreso al púlpito, sino en ayudarle a caminar en la verdad, incluso cuando esa verdad le impida regresar.

Por eso, ante conductas graves y reiteradas, los procesos de evaluación no deberían depender exclusivamente del círculo cercano al responsable. Necesitamos independencia, competencia, procedimientos documentados y autoridades eclesiales identificables que rindan cuentas de sus decisiones.

Para una mejor eficacia, transparencia y neutralidad, estas autoridades, al menos en parte, debieran ser externas a la iglesia o institución a la que pertenece el implicado. Esto nos lleva a otro aspecto que debemos abordar.

También debemos examinar a las instituciones

Insisto, hay otra pregunta que no podemos eludir: ¿cómo fue posible que determinadas conductas se mantuvieran sin una respuesta adecuada?

¿Existieron personas que conocieron hechos preocupantes y guardaron silencio? ¿Se desacreditó a quienes denunciaron? ¿Había estructuras donde nadie podía cuestionar al líder?

No debemos presumir que siempre hubo encubrimiento, pero sí investigar si existieron fallos institucionales.

En ocasiones, el problema no es solamente una persona que utilizó incorrectamente su autoridad, sino también una estructura que permitió que alguien ejerciera poder sin suficiente supervisión.

La restauración de la credibilidad de una iglesia requiere examinar sus propios errores, cuando existan, y corregirlos. No basta con apartar temporalmente al responsable y esperar que el escándalo desaparezca.

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Pablo exhorta a tratar con seriedad las acusaciones contra los ancianos y a ejercer la disciplina necesaria (1 Timoteo 5:19-20). La protección de la Iglesia exige tanto procedimientos justos como responsabilidad en su gobierno.

Cuando un pastor avala la idoneidad ministerial de otro, compromete también su propio juicio y credibilidad. Y si alguien vuelve a cometer abusos, tendremos que preguntarnos no solamente qué hizo el responsable, sino también cómo se adoptó la decisión que le permitió recuperar autoridad.

La rendición de cuentas no termina en quien cometió el abuso. También alcanza a quienes supervisan su restauración y avalan su regreso.

Porque una Iglesia comprometida con la verdad no puede permitir que el liderazgo espiritual se convierta en un espacio donde todos ejercen autoridad, pero nadie asume responsabilidades.

En el próximo artículo abordaremos un asunto esencial: la petición de perdón sin haber escuchado, ni haber restaurado a las víctimas.

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