El Gobierno español ¿se la juega o nos la juega?

El presidente del gobierno español, en declaraciones a Onda Cero el 7 de mayo, anunció que no quiere subir el IVA en 2013,pero si es "necesario y bueno para España", tomará las medidas que haya que tomar, “aunque haya dicho que no lo iba a hacer".

Por su parte, la portavoz del PSOE, la Sra. Valenciano, manifestó al día siguiente en el canal 24 horas de TVE que “un gobierno no tiene que cumplir todo lo que promete, pero no debe hacer lo contrario de lo que ha prometido”.

No vamos a comentar la medida económica concreta, pero sí lo que hay detrás de ambas declaraciones, en lo que afecta a la relación entre los ciudadanos y sus representantes políticos.

El Sr. Rajoyacepta sin rubor la contradicción entre lo que comprometió hace sólo unos meses en su programa electoral y lo que está decidido a hacer. Lo presenta como una muestra de resolución y elevada responsabilidad; asume que hay cosas que son tan trascendentes, tan urgentes, tan inevitables, que uno no puede pararse a mirar si está contradiciendo la palabra dada o no, no le debe temblar el pulso.

La Sra. Valencianomuestra un desacuerdo en el fondo sólo parcial con esta visión: comprende que es imposible cumplir todo lo prometido y sólo se queja de que las medidas que pondera tomar el Sr. Rajoy sean tan contradictorias con lo comprometido. Recuerdo a un comerciante que quería comprarle mercancía a otro y apelaba a la moderación racional en los márgenes comerciales de su colega diciéndole: “Roba, está bien, pero roba poco”.

Por favor, mi ejemplo no sugiere que ninguno de los dos políticos esté robando, sino equiparo el consenso moral de los dos comerciantes con el de los dos políticos: “ya sabemos que no se puede cumplir con todos los requisitos morales de las relaciones políticas, pero por lo menos mantengamos la moderación en esas faltas de coherencia”.

Detrás de estas actitudes se asienta el criterio de que los ciudadanos tenemos una capacidad de visión limitada y necesitamos un paternal gobernante que decida por nosotros en contra de lo que acordó con nosotros en su programa electoral, y lo haga desde miras elevadas que la ciudadanía no está capacitada para alcanzar, velando por nuestros intereses aún corriendo el riesgo de que no ser comprendido, pero espera que algún día reconozcamos su visión de estadista, su determinación casi heroica.

Es una visión moral de la política como relación de tutela, con resonancias religiosas, en la que el gobernante tiene la obligación moral de velar por el bien de los ciudadanos, pero no tiene la exigencia de darles cuenta pormenorizada de cada decisión, y la ciudadanía debe confiar en sus gobernantes sin pretender comprender sus aparentes/evidentes contradicciones, porque doctores tiene la Iglesia.

Frente a esta visión se levanta la perspectiva más democrática, en la que el gobernante es elegido para ejercer por delegación el poder político y establece un sólido compromiso con el electorado en base a un pormenorizado programa de gobierno con el que se ve estrictamente comprometido. Consecuentemente, el gobernante rinde ante la ciudadanía pormenorizadas cuentas de su acción de gobierno.

¿Y qué sucede cuando los acontecimientos desembocan en un escenario no previsible que exige una revisión urgente de los compromisos programáticos pactados con la ciudadanía (“nos habían dicho que el déficit era del 6% y resulta que supera el 8%”)?

Pues el gobernante debe explicar la situación con claridad, razonar sus dificultades para cumplir lo comprometido y consultar a la ciudadanía porque debe renegociar con ella el pacto establecido en el programa electoral.

Se trata de una situación no prevista, no habitual, y por tanto requiere un abordaje no habitual, pero ya previsto: consultar directamente a los ciudadanos utilizando un mecanismo de democracia directa, el referéndum. Es justamente esto lo que están reclamando UGT y CCOO y entiendo que la situación, la racionalidad y el criterio democrático les dan la razón.

En un referéndum el gobierno se la juega, pero en situaciones concretas como la actual es la solución más correcta y democrática, y también la más práctica: en ella el gobierno comparte su responsabilidad política con la ciudadanía para bien o para maly, aunque sea por puro pragmatismo, le resulta la más beneficiosa: si los acuerdos del referéndum conducen a un buen resultado, el gobierno saldrá reforzado, y si el resultado es malo, el gobierno no asumirá en exclusiva la responsabilidad del fracaso.