Ya están cerrados los presupuestos del ejecutivo para el próximo 2006 y entre sus partidas figura una limosna a la Iglesia católica de 144 millones de euros, el 2,12 por 100 más que en este año 2005.
No te quiero - dice la jerarquía católica al Gobierno socialista- pero no me cierres el grifo de euros. Poderoso caballero es don dinero.
Hagamos historia.
El
3 de enero de 1979 se firmó en Roma una serie de Acuerdos destinados a regular las nuevas relaciones entre España y el Vaticano. Estos Acuerdos sustituían, en cierta medida, al Concordato pactado en 1953 entre el Gobierno de Francisco Franco y el papa Pío XII.
El artículo II del Acuerdo sobre finanzas establecía que “
el Estado se compromete a colaborar con la Iglesia católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico”. Para dar cumplimiento a este pacto, el Gobierno regaló a la Iglesia católica aquél año de 1979 6.794 millones de las entonces pesetas.
Esta cantidad aumentó un 10 por 100 en
1980 y un 20 por 100 en
1981.
El Acuerdo de 1979 sobre finanzas decía que a partir de 1982 se establecería el sistema de asignación tributaria. Es decir, que la Iglesia católica recibiría del Gobierno solamente lo que los españoles quisieran darle mediante la deducción del 0,52 por 100 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.).
Hubo dudas, vacilaciones, temores. El Gobierno apremiaba - todos los gobiernos lo han hecho- pero la Iglesia católica no se resignaba a perder la generosa limosna que recibía cada año del Estado. No confiaba en el pueblo de la España católica. Pasaron los años. La experiencia para la autofinanciación de la Iglesia católica nunca estaba a punto.
Por fin llegó el año 1988. El Gobierno que presidía Felipe González decidió aplicar a la Iglesia católica el sistema pactado en 1979, la asignación tributaria, mal llamada impuesto religioso. El ejecutivo socialista dispuso que quienes quisieran podían entregar a la Iglesia católica el 0,52 por ciento de la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Los obispos españoles se frotaron las manos. Soñaban con este pueblo español educado durante siglos en la doctrina católica. Creyeron que les lloverían los millones, suficientes y sobrados para prescindir de las limosnas del Estado.
El resultado fue tremendamente descorazonador. El anticipado gozo cayó en un pozo. El pozo de la indiferencia mayoritaria de los españoles ante los problemas económicos de la Iglesia.
Cuando el ministro de Justicia, Enrique Múgica, comunicó en
marzo de 1989 al Secretario de los obispos, Agustín García Gasco, los resultados del año anterior, casi se produce el desmayo. De los 15.000 millones de pesetas que esperaba obtener, sólo recogió 6.200 millones. Cuando estimaba que al menos un 90 por 100 de los católicos españoles favoreciera a su Iglesia, sólo lo hizo el 35,11 por ciento. El resto prefirió dejar su porcentaje en manos del Gobierno para ser repartido en proyectos sociales.
Como consecuencia de todo, el Gobierno se creyó obligado a poner lo que faltaba. Nada menos que 8.000 millones de pesetas, hasta completar los 14.300 millones que le regaló a la Iglesia católica el año anterior.
Desde entonces no ha cesado la colaboración del Estado “con la Iglesia católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico”, como exigía el Acuerdo de 1979 sobre finanzas. Los porcentajes iban aumentando año tras año. La jerarquía de la Iglesia no ha querido repetir la experiencia de sostener a la institución con las limosnas de sus fieles. Además de estas, que suelen ser escasas, continúa recibiendo sustanciosas partidas del Estado.
El año que viene, según está aprobado ya en los presupuestos del Estado, serán 144 millones de euros que, cambiados a las antiguas pesetas, nos dan un total de 23.960.000.000, casi veinticuatro mil millones de pesetas. ¡Ahí es nada!
No es este todo el dinero que recibe la Iglesia del Estado. En un artículo publicado en el diario EL PAÍS el 19 de septiembre de 2001, Juan G. Bedoya, especialista muy curtido en las relaciones Iglesia-Estado, afirmaba que la Iglesia católica, directamente o mediante subvenciones y conciertos económicos, recibe en torno a los 586.000 millones de pesetas de antes al año.
Una cifra que produce mareos. Añadía Bedoya: “
La Iglesia católica española es, al menos, una poderosísima potencia económica cultural, educativa e incluso inmobiliaria, por delante, con creces, de cualquier otra organización, si exceptuamos, como es lógico, al Estado”.
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