¿Existe el derecho a tener hijos?

En relación con esta pregunta se dan en la sociedad opiniones contrapuestas.

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De una parte, están los que creen en la no existencia de tal derecho. Afirman que los derechos son sobre las cosas y no sobre las personas y que, en cualquier caso, sería mejor hablar del derecho de los hijos a tener padres.

Sin embargo, los mismos que así opinan, cuando se plantean el control de la natalidad, dicen que la procreación es un derecho y un deber casi ilimitado, rechazando como inmoral cualquier medida anticonceptiva.

Por su parte, los progresistas de tendencia más liberal que defienden el derecho a procrear como algo ilimitado y que consideran correcto desear tener un hijo “a cualquier precio”, a la hora de pensar en la planificación familiar prefieren cualquier método que limite el número de hijos, aunque sea de forma drástica. ¿No hay algo contradictorio en ambas posturas?  

La interpretación liberal es claramente individualista ya que todo lo hace depender de la iniciativa privada de cada persona.

Según esta mentalidad, la procreación sería un derecho individual ilimitado que podría ser ejercido indistintamente por cualquier mujer, casada o sola (soltera, separada, divorciada o viuda) por medios naturales o con técnicas de reproducción asistida.

No obstante, la otra alternativa ve en la procreación un fenómeno de carácter exclusivamente social porque se da en el seno de la familia que es la célula básica de la sociedad.

Se ha señalado una tercera opción que aparece como la interpretación más equilibrada acerca de la procreación.

Aunque en el terreno estrictamente jurídico no exista el derecho a tener hijos, de la misma manera que sí existe el derecho a tener una familia, lo cierto es que la paternidad o maternidad no se puede reducir a un mero derecho individual ni tampoco disolverla en el interés de la sociedad.

Es verdad que la procreación tiene una clara dimensión social, pero a la vez no cabe la menor duda de que es también fuente de realización personal.

Por lo tanto, en el tema del derecho a procrear es fundamental que se dé este equilibrio “sobre las intervenciones en el proceso reproductor humano tanto para favorecerlo (técnicas de reproducción humana asistida) como para impedirlo (control de natalidad)”.[1]

Es indiscutible que existe un derecho natural a procrear, pero siempre y cuando se utilice de manera sabia, equilibrada y racional. Una procreación irracional puede llevar a la muerte a muchos niños inocentes que sean concebidos sin ser deseados.

Pero también una esterilidad autoimpuesta con fines egoístas es contraria a la voluntad de Dios. La Biblia no especifica, ni mucho menos, la cantidad de niños que deben tener los matrimonios cristianos. Esto se deja siempre a la responsabilidad de los padres.

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La Iglesia católica, hoy por hoy, es contraria a cualquier método que impida la concepción antes, durante o después del acto sexual. Este rechazo se fundamenta en la creencia en la imposible separación entre el significado unitivo y el procreador que se le da a tal acto.

En el artículo 2370 del Catecismo de la Iglesia Católica se afirma claramente que: “es intrínsecamente mala toda acción que, o en previsión del acto conyugal, o en su realización, o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio, hacer imposible la procreación” (1993: 519).

De manera que según este punto de vista los matrimonios católicos, en sus relaciones sexuales, no son libres para actuar de forma autónoma, sino que deben someter su conducta a la interpretación del magisterio de su iglesia. 

El magisterio de la Iglesia católica sostiene una postura claramente restrictiva respecto al uso de métodos anticonceptivos artificiales como el preservativo.

Según la doctrina oficial, solo se permite la regulación de la natalidad a través de métodos naturales, como el método del ritmo o la observación de los períodos fértiles, rechazando el empleo de anticonceptivos artificiales por considerarlos contrarios a la ley natural y al significado unitivo y procreativo del acto conyugal.

El preservativo, en concreto, es visto como un impedimento a la apertura de la sexualidad a la vida, y por tanto no aceptado como medio legítimo de control de la natalidad.

A pesar de que esta concepción radical sea la oficial, lo cierto es que son muchos los teólogos y pensadores católicos que la matizan ampliamente. Algunos invocan incluso el principio del “mal menor” para tratar de justificar la regulación de la natalidad.

En este sentido, se afirma por ejemplo que en ocasiones los medios contraceptivos pueden ser menos malos que el embarazo de una prostituta o de una mujer infectada de SIDA. Y de todo ello se concluye afirmando que “la procreación responsable es compatible con el uso prudente y razonable de anticonceptivos”.[2]

La mayor parte de las iglesias protestantes, sin embargo, consideran que el ejercicio responsable del control de la natalidad debe ser privilegio y obligación de los matrimonios.

Se mantiene que la Biblia no afirma en ninguna parte que todo acto conyugal deba estar siempre abierto a la concepción. Las comunidades protestantes entienden que Dios manifiesta tres intenciones básicas para el matrimonio: la de ser ayuda idónea por medio del amor mutuo, la procreativa y, en tercer lugar, la de servir a la Iglesia y a la sociedad.

De manera que el acto conyugal, antes de fructificar en los hijos, es un medio de comunión y satisfacción entre los esposos. 

La utilización de métodos anticonceptivos adecuados no le quita significado al acto sexual dentro del matrimonio. Como señalaba el hermano José Grau hace medio siglo: “Nosotros, como cristianos evangélicos, decimos sí a la regulación de los nacimientos, a un tipo de control de la natalidad que sea el resultado de una paternidad asumida responsablemente. Ello no significa, sin embargo, que digamos sí a toda suerte de controles o maltusianismos”.[3]

Hay pues libertad en la planificación de la paternidad porque sólo si ésta se da, puede haber también responsabilidad delante de Dios.

Las opiniones o los intereses del Estado, la sociedad, la asistencia médica o incluso las propias iglesias no deben anular o someter las decisiones que tome cada pareja cristiana.

La imposición natalista o el colonialismo anticonceptivo nunca podrán ser éticamente aceptables. Nadie tiene autoridad suficiente para decidir el número de hijos que debe tener una familia. Se trata de una determinación de ambos cónyuges, ni siquiera de uno sólo.

Ahora bien, ésta tiene que realizarse a la luz de las Sagradas Escrituras. Conviene, por tanto, escudriñar los sentimientos más íntimos y evaluar si hay en ellos algún rastro de egoísmo o interés material porque, como escribió el apóstol Pablo, al final “todos compareceremos ante el tribunal de Cristo” (Ro. 14:10).

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[1] Vidal, M., 1991, Moral de la persona y bioética teológica, PS, Madrid, p. 574.

[2] Blázquez, N., 1996, Bioética fundamental, B.A.C., Madrid, p. 460.

[3] Grau, J., 1973, La paternidad responsable y la explosión demográfica, en A. Dumas y otros (ed.), Sexo y Biblia, Ediciones Evangélicas Europeas, Barcelona, p. 116.