Persecuciones contra evangélicos en México en el siglo XIX... y en el XXI

De los muchos casos de persecución contra protestantes en México, durante el siglo XIX, me he ocupado de trece sobre los que hallé más información en un libro que se encuentra en preparación editorial. Los hostigamientos siguen hoy, en la segunda década del siglo XXI continúan produciéndose persecuciones semejantes a las narradas en el volumen mencionado. Solamente refiero a continuación tres casos, de los que me ocupé en su momento mediante artículos en La Jornada y Protestante Digital. Reproduzco los artículos, con pequeños cambios y correcciones.

Intolerancia en Chiapas y Oaxaca

La Jornada, 4/IV/2012

No es nuevo el asunto, pero que resurja sí es preocupante. De nueva cuenta en los estados de mayor porcentaje de población indígena, Chiapas y Oaxaca, tienen lugar casos de intolerancia religiosa contra evangélicos. Sus perseguidores son autoridades políticas y religiosas. Simbiosis peligrosa, porque no reconoce de hecho la libertad de creencia y cultos promulgada por el indígena Benito Juárez el 4 de diciembre de 1860.

De acuerdo con el experimentado reportero Isaín Mandujano, alrededor de un centenar de familias del ejido Matamoros, en el municipio de Venustiano Carranza, fueron despojadas de sus tierras y sus animales, y no se les permite enterrar a sus muertos en el panteón de la comunidad, debido a que profesan una religión diferente a la católica; son protestantes. Agrega que alrededor de mil familias han sido despojadas de sus tierras y los católicos les destruyeron sus parcelas, además de que dispersaron a su ganado.¹

Los despojados son indígenas tzotziles. Acusan a Salomón Suárez Balcázar, presidente del comisariado ejidal, y al agente municipal Eduardo Velázquez Balcázar, de ser quienes encabezan las hostilidades en su contra. Una delegación de los perseguidos está en la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez, para demandar la intervención de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de la entidad, y que ésta cumpla con su obligación de garantizarles el libre ejercicio de sus creencias, así como sanciones contra quienes les coartan esa libertad. ¿Esta vez las autoridades cumplirán con las obligaciones que les marcan las leyes, o como en anteriores casos parecidos le van a dar largas al conflicto?

En lo que toca a Oaxaca, Elías Betanzos Luis, líder de al menos 400 congregaciones aglutinadas en el Consejo Oaxaqueño de Unidad Evangélica, dio a conocer que en 17 comunidades de los 415 municipios que se rigen por el sistema de usos y costumbres el organismo que preside tiene registro de casos graves de intolerancia religiosa.² El dirigente protestante detalló que es en la Mixteca, la zona mixe, Sierra Norte y ahora la Costa donde tiene lugar la mayor incidencia de intolerancia en contra de sus correligionarios.

No es generalizada la persecución contra los indígenas protestantes en las comunidades regidas por usos y costumbres. En la mayor parte, como se desprende del testimonio dado por el líder del Consejo Oaxaqueño de Unidad Evangélica, los indígenas de distintos credos religiosos conviven sin agresiones y respetan la creciente pluralización que tiene lugar en sus poblados. Sin embargo, el número de casos existentes en los cuales los evangélicos son hostigados, desde amenazas hasta cortes de servicios, como agua, y expulsiones, es más que suficiente para movilizar a organismos de derechos humanos con el fin de que exijan el respeto a las garantías constitucionales de los agredidos. ¿O acaso los derechos de los indígenas evangélicos valen menos?

Ya es hora de abandonar la costumbre de culpabilizar a los perseguidos como principales causantes de las persecuciones que padecen. La muy conservadora idea que señala cómodamente a los indios e indias protestantes de ser los causantes de su desgracia, por andarse convirtiendo a creencias distintas a la religiosidad tradicional, es profundamente discriminatoria y negadora de derechos humanos hacia una parte importante de la población mexicana.

De la derecha conservadora no esperamos que mueva siquiera un dedo para defender el derecho a la libertad de creencias de los indios protestantes. Su espíritu y actitudes de sumisión absoluta a la pretensión del jefe de la Iglesia católica, Benedicto XVI, de invisibilizar a las minorías religiosas fue manifestado a plenitud y sin rubor alguno en la reciente visita realizada por el personaje a nuestro país. En eso hay congruencia histórica: ayer se opusieron férreamente a que la Iglesia católica dejara de ser la fe oficial del Estado mexicano. Hoy, que ya no pueden revertir conquistas históricas en la descolonización de México, presionan para que el marco legal les devuelva algunos privilegios del pasado.

Por el lado de la izquierda, bien harían en ese sector ideológico, cultural y político si rescataran a los liberales izquierdistas del siglo XIX. Ellos fueron decididos defensores de la libertad de cultos. Nada más como ejemplo cito el caso del indígena (nacido en Tixtla, Guerrero) Ignacio Manuel Altamirano. En muchas ocasiones se manifestó en artículos periodísticos (comenzó a escribir del tema en 1869) contra casos de intolerancia sufridos por indígenas protestantes.

Altamirano estuvo presente la ocasión cuando en la ciudad de México el templo de San José de Gracia (Mesones 139) se abrió por primera vez al culto protestante. El 23 de abril de 1871 predicó en ese lugar Manuel Aguas, ex dominico convertido al cristianismo evangélico. En su crónica narra que fueron insuficientes las mil quinientas sillas que se colocaron para dar lugar a la multitud que se congregó para participar del acto. Sobre la audiencia, dice que estuvo compuesta de todas clases, sexos y edades: señoritas, caballeros, artesanos, numerosos indígenas, todos estaban confundidos en un solo sentimiento de verdadera fraternidad, según el espíritu del Evangelio.³ Los indígenas han tenido históricamente un papel destacado en la endogenización del protestantismo en tierras mexicanas.

¿Por qué desde la izquierda siguen regateando a los indios e indias de México el derecho a ejercer su libertad de conciencia y se les estigmatiza cuando eligen otra opción religiosa distinta a la católica romana?

Caso Los Llanos: carta al Gobernador de Chiapas

Protestante Digital, 30/VI/2013

Manuel Velasco Coello

Gobernador de Chiapas:

Usted está enterado del reciente caso sucedió en el ejido Los Llanos, municipio de San Cristóbal de Las Casas. De todas maneras resumo el suceso al consignar que en días pasados 31 indígenas tzotziles evangélicos intentaron regresar a su hogares, los cuales debieron abandonar los primeros días de enero del 2010. En ese entonces la salida de ellos y ellas se debió a los ataques en su contra perpetrados por autoridades católicas tradicionalistas, quienes les expulsaron por no compartir las particulares creencias religiosas en las que se imbrican los llamados usos y costumbres con elementos del catolicismo romano.

El exilio al que se vieron forzados los evangélicos de los Llanos tuvo lugar para salvaguardar sus vidas. Sus pertenencias y viviendas fueron arrasadas por los intolerantes, éstos incendiaron las humildes viviendas de la pequeña comunidad protestante del poblado. Los perseguidos se refugiaron en San Cristóbal de Las Casas, donde les dieron alojamiento correligionarios en la fe. Al paso del tiempo el gobierno de quien le antecedió a usted en el cargo, Juan Sabines Guerrero, alojó al grupo en una casa. Las condiciones del lugar eran denigrantes para la dignidad humana, así como la ayuda alimentaria que de forma inconstante se le hacía llegar a los desplazados. Un sector de la comunidad evangélica de San Cristóbal de Las Casas contribuyó a paliar las necesidades de las cuatro familias desplazadas.

El caso de Los Llanos llegó, por propia denuncia de los afectados, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El organismo, tras analizar las evidencias, concluyó que se trataba de intolerancia religiosa por parte de los tradicionalistas contra los evangélicos. Este no es el lugar para glosar el documento de la CNDH, que consta de 15 páginas a renglón cerrado,⁴ pero sí es el espacio para recordar que dicha instancia del Estado mexicano emitió las siguientes recomendaciones al gobernador Sabines Guerrero:

PRIMERA. Se tomen las medidas necesarias, con objeto de garantizar el retorno de los desplazados al ejido Los Llanos, municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, así como la pacífica convivencia, el respeto a su patrimonio y a profesar la religión que elijan, y se informe a esta Comisión Nacional sobre el resultado.

SEGUNDA. Se brinde asistencia humanitaria a los agraviados que continúan alojados en las instalaciones del templo evangélico “Alas de Águila”, ubicado en San Cristóbal de las Casas, en esa entidad federativa, y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

TERCERA. Se giren instrucciones, a quien corresponda, a efecto de que, en coordinación con la instancia municipal, se implementen las acciones tendentes a solucionar el conflicto religioso en el ejido Los Llanos, municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y se informe a esta Comisión Nacional sobre el resultado.

CUARTA. Se instruya, a quien corresponda, a efecto de que se disponga lo necesario para llevar a cabo cursos de capacitación para los servidores públicos del gobierno de Chiapas, respecto de las funciones que tienen encomendadas en la legislación vigente, en materia de salvaguarda de los derechos a la libertad de creencia; y, realizado lo anterior, se dé cuenta a esta Comisión Nacional.

QUINTA. Se instruya, a quien corresponda, para que, en términos de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Derechos y Cultura Indígenas del estado de Chiapas, se implemente un programa para dar a conocer las leyes vigentes, el funcionamiento del sistema judicial, así como las instancias que lo integran, y la armonización de estos con los usos y costumbres de las poblaciones indígenas y, realizado lo anterior, se informe a esta Comisión Nacional.

Del incumplimiento de las disposiciones de la CNDH da cuenta que a dos años y medio de que el organismo emitió sus recomendaciones (30 de noviembre de 2010), los expulsados de Los Llanos siguen refugiados en San Cristóbal de Las Casas, y que cuando creyendo que contaban con la protección del gobierno de Chiapas para retornar al ejido ellos y sus acompañantes solidarios fueron dejados en el desamparo y resultaron duramente golpeados, amarrados y amenazados de ser quemados por sus antiguos perseguidores.

Funcionarios que laboran en el gobierno que usted preside, en lugar de ofrecer garantías a quienes continúan exiliados para que pudiesen regresar a Los Llanos, simplemente permanecieron inactivos y uno de ellos declaró al experimentado reportero de La Jornada, Elio Henríquez, que “se le avisó al pastor Esdras [Alonso], que no había condiciones para que se intentara el regreso de los evangélicos, pero no hizo caso”. ¿Y qué no es obligación de usted y los funcionarios gubernamentales de Chiapas hacer que esas condiciones existan? ¿Cuánto más tendrán que esperar los expulsados para que haya condiciones que hagan posible su regreso? Llevan tres años y medio en un refugio lacerante, ¿será que por ser indígenas, y además protestantes, el destino de ellos y ellas carece de importancia para el gobierno de Chiapas?

Las responsabilidades que evadió solventar el gobernador Juan Sabines Guerrero, le corresponde a usted cumplirlas y hacerlas cumplir. Usted, al tomar, posesión del cargo gubernamental que tiene hizo juramento de cumplir y hacer cumplir las leyes de la Constitución mexicana y la del estado de Chiapas. Los evangélicos de Los Llanos tienen derechos reconocidos por los instrumentos legales citados, derechos que han sido flagrantemente violentados, y es su deber darle solución a tan indignante situación.

La inacción de las autoridades abona el terreno para que los intolerantes sigan por el camino que niega a otros sus derechos. Por desgracia conflictos como el de Los Llanos acontecen en otras partes de la geografía chiapaneca. La Coordinación de Organizaciones Cristianas ha dado a conocer que son al menos 21 comunidades las que presentan conflictos religiosos y en todos esos casos los agredidos son indígenas evangélicos.

Señor gobernador, termino con una pregunta: ¿va usted, o no, a solucionar el caso Los Llanos, y otros semejantes, en el marco de las leyes o van a seguir las componendas con los reiterados agresores en detrimento de los derechos de los agredidos?

Atentamente

Carlos Martínez García

Al Gobernador de Oaxaca por el caso Ozolotepec

Protestante Digital, 10/XI/2013

Gabino Cué Monteagudo

Gobernador de Oaxaca

[email protected]

Por medio de los funcionarios de su administración usted ha de estar enterado de las atrocidades cometidas en San Juan Ozolotepec. El presidente municipal, Pedro Cruz González, en días pasados escaló su hostigamiento hacia los evangélicos de la localidad al ordenar demoler su templo. Ésta acción es un nuevo eslabón de una larga cadena de agresiones simbólicas y físicas en contra de quienes no se identifican con el catolicismo romano.

En el reciente ataque, además, hubo heridos y encarcelados. Los principales afectados fueron los evangélicos que se opusieron a la destrucción de su lugar de reuniones. Anteriormente, bajo el señalamiento en su contra de no cooperar para las festividades religiosas (todas ellas vinculadas al credo católico romano) de Ozolotepec, a los evangélicos se les cortó el suministro de agua potable y el derecho a recibir beneficios de programas sociales federales.

Frente a las elecciones de nuevas autoridades municipales, señalan integrantes del grupo acosado, Pedro Cruz González y sus partidarios han intensificados las acciones intolerantes hacia quienes no concuerdan con la cerrazón de su administración municipal a la diversificación religiosa de Ozolotepec.

Alfredo Alonso, uno de los agredidos por el contingente afín al edil, y quien junto con sus hermanos Raymundo y Aquiles logró escapar de San Juan Ozolotepec ha declarado que “el munícipe busca perpetuarse en el poder y para tapar sus actos de corrupción no permite que haya ninguna oposición en su contra, por ello ha arremetido contra los evangélicos, quienes han sido los únicos que lo delatan y a los que ahora señala de traidores y difamadores de Dios”.

Considero que los integrantes de su equipo que le hacen llegar tarjetas informativas sobre lo que acontece en Oaxaca ya le habrán entregado fotografías de cómo resultaron golpeados algunos evangélicos en Ozolotepec. Un medio informativo publicado en la entidad de la que usted es gobernador ha difundido una imagen en la que se ven claramente las huellas de los brutales ataques en dos de los agredidos.

El testimonio de Alfredo Alonso estremece: “Por obra de Dios estamos vivos, porque nos golpearon con toda saña utilizando hasta varillas y piedras; y amenazaban con quemarnos vivos tan solo por querer ayudar a nuestros familiares, que son víctimas de un abuso de autoridad por parte de una autoridad municipal intolerante […] el alcalde [ha] envenenado al pueblo, para generar un odio contra todo aquel que no es católico, violentando la ley y la propia Constitución que permite la libertad de creencia de todos los ciudadanos”.

En el extremo del mal gobierno, el munícipe, no satisfecho con haber prohijado la demolición del templo evangélico, encarceló al pastor Leopoldo Alonso y tres integrantes de la Iglesia cristiana independiente pentecostés de Ozolotepec: Manuel Martínez Silva, Miguel Silva Reyes y Plácido Aragón. Estuvieron encarcelados por tres días, sin haber razón jurídica alguna para ello.

La congregación de Ozolotepec que ha sido agredida es una misión de la Iglesia cristiana independiente pentecostés de Miahuatlán de Porfirio Díaz. El pastor de ésta última, Sergio Aquino Domínguez, ha solicitado medidas de protección “para la familia del pastor Leopoldo Alonso, a quien la autoridad municipal lo ha despojado de sus terrenos, ha mandado a quemar su vivienda y reprime a sus hijos”. Quien está cometiendo delitos en su afán de reprimir a los evangélicos es el presidente municipal de San Juan Ozolotepec. ¿El gobierno de Oaxaca a su cargo va a fincarle cargos al munícipe por las comprobadas transgresiones legales en que ha incurrido?

La presente situación es resultado de la intolerancia violenta desatada contra la comunidad evangélica de Ozolotepec. Pero también es consecuencia de la inacción de funcionarios gubernamentales designados por usted. Ya en abril pasado el pastor Leopoldo Alonso Silva había denunciado las medidas represivas padecidas por él e integrantes de su congregación a manos de quienes les han negado la libertad de cultos. Entonces Alonso Silva, ante lo que consideró permisividad y solapamiento de las autoridades gubernamentales de Oaxaca, particularmente de la Secretaría General de Gobierno y de la Dirección de Atención a Asuntos Religiosos, demandó la intervención de la Secretaría de Gobernación federal.

El pastor Alonso Silva denunció el caso en la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca. También hizo pública su insatisfacción con la “actitud del director de atención de asuntos religiosos de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Zavaleta Rojas, quien ha hecho caso omiso a la queja presentada”. Sus palabras de hace ocho meses se cumplieron en todos sus términos: “Nosotros estamos denunciando públicamente lo que sucede, porque pueden llegar a más y queremos que se nos haga justicia, no creemos que por profesar una religión distinta a la católica tengamos que abandonar nuestra comunidad”. Sus perseguidores llegaron a más porque antes quedaron impunes.

Un antecesor suyo en la gubernatura de Oaxaca, el indígena zapoteco Benito Juárez García, y después presidente de México, promulgó el 4 de diciembre de 1860 la Ley de Libertad de Cultos. Dicha Ley significó entonces no nada más una victoria política sobre los conservadores que combatieron ferozmente a Juárez, sino también fue, y es, un muy significativo triunfo cultural ante el inmovilismo que promueven los intolerantes que se esfuerzan por tratar de uniformizar las creencias de la ciudadanía.

El espíritu de la Ley decretada por Juárez fue recogido en la Constitución de 1917, y ha seguido vigente en las subsiguientes reformas constitucionales a los artículos relacionados con la libertad de creencias y su práctica. Al Estado mexicano le corresponde proteger ésa libertad. Usted, cuando juró como gobernador de Oaxaca se comprometió a cumplir y hacer cumplir las leyes mexicanas y de la entidad de cuyo gobierno está al frente. El caso de Ozolotepec demanda de su parte que cumpla cabalmente con ese juramento. ¿Lo hará, o va dejar en el desamparo a los perseguidos y agredidos?

Señor gobernador, he decidido hacer pública esta carta porque el asunto tratado no es privado, sino que se relaciona directamente con cuestiones de interés público. También he incluido en la misiva su dirección de correo electrónico, con la intención de que personas preocupadas por los acontecimientos de Ozolotepec, y consideren urgente la acción de su gobierno para proteger los derechos de los hostigados, le hagan llegar su opinión.

Me despido con la esperanza de que una ejemplar intervención del gobierno de Oaxaca haga valer, sin reticencias, la libertad de cultos y conciencia en San Juan Ozolotepec.

Notas

1^ www.proceso.com.mx/?p=303135

2^ nota de Sofía Valdivia, Oaxaca a Diario, 2/4/2012.

3^ El Federalista, 24 de abril de 1871, p. 3.

4^ http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Recomendaciones/2010/REC_2010_071.pdf