Entrevista a José Mª Contreras

En el cargo desde hace un mes, su reto principal es "dar pasos" hacia la neutralidad confesional del Estado y garantizar la igualdad de todas las religiones. No cree que los acuerdos de 1979 con el Vaticano sean un obstáculo.

· "Los acuerdos de 1979 con el Vaticano no impiden avanzar hacia un Estado laico"
· "Yo prometí ante la Constitución"
· "No hay una ´hoja de ruta´ laicista, el Gobierno no actúa contra la religión"
· "Sería deseable que no volviera a haber manifestaciones de obispos en la calle"

No hay día sin libro sobre temas religiosos, a favor o en contra, pero el debate se centra en España, ahora, en el trato que reciben las confesiones por parte del Estado. Pluralismo confesional, Estado laico, religión pública... El reciente congreso del PSOE reabrió la discusión sobre los privilegios de la Iglesia católica, financiada generosamente por el Estado. España es constitucionalmente un Estado aconfesional, pero el Gobierno jura sus cargos ante un crucifijo, o financia la enseñanza del catolicismo. Ahora anuncia que se va avanzar hacia la laicidad, con algunas reformas legislativas.

El encargado de articularlas sería José María Contreras Mazarío, director general de Relaciones con las Confesiones Religiosas (llamada hasta el viernes pasado de Asuntos Religiosos). Es catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado y viene de dirigir la Fundación Pluralismo y Convivencia, que atiende a las confesiones minoritarias.

Pregunta. Gobiernos anteriores encargaron a ateos la gestión de las relaciones con las iglesias. Otros nombraron a católicos que seguían mejor las consignas del Vaticano que las del Ejecutivo. ¿En qué etapa estamos ahora?
Respuesta. Mi posicionamiento personal frente al hecho religioso es irrelevante. Lo importante es que la sociedad nos exige reflexionar sobre el correcto alcance de la libertad de conciencia, pensamiento y religión para que ésta pueda ser ejercida de manera plena e igual por todos, y donde la neutralidad del Estado sea un principio en la actuación de los poderes públicos.

P. El gran obstáculo son los acuerdos de 1979, hay unanimidad en eso. ¿Cree usted que puede hablarse de Estado laico mientras perdure lo concordado entonces con el Vaticano?
R. Hasta ahora, el Tribunal Constitucional, al referirse a estas cuestiones, ha hablado de laicidad positiva (o de aconfesionalidad). Siempre que ha tenido que pronunciarse sobre asuntos relacionados con los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede ha entendido que no se han violado principios constitucionales vinculados con la libertad de religión. Es cierto que el debate sobre la revisión de los Acuerdos de 1979 está abierto. Pero yo no afirmaría tan tajantemente como usted lo hace que esos acuerdos son el gran obstáculo para el Estado laico. Tampoco afirmaría que hay unanimidad en esa percepción.

P. Pero no hay neutralidad ante el hecho religioso, no hay igualdad de trato, mientras una confesión reciba miles de millones anuales y las otras nada.
R. En la cuestión de la financiación de la Iglesia católica, el Gobierno ha dado pasos para establecer un auténtico sistema de asignación tributaria, o lo que es lo mismo, para que la Iglesia católica reciba únicamente el 0,7% de la cuota íntegra del IRPF de aquellos ciudadanos que quieran destinarlo a favor de la misma. Con ello se puso fin a todo complemento presupuestario, una práctica continuada hasta la pasada legislatura. No menos importante es el hecho de que la Iglesia católica asuma el pago del IVA. Es decir, se van dando pasos, sin duda con un cierto retraso temporal, hacia el logro de ese compromiso, que también se recoge en el Acuerdo de 1979, de autofinanciación por parte de la Iglesia católica.

P. ¿Volveremos a ver en esta legislatura a obispos en manifestaciones contra los socialistas?
R. Sería deseable que dichos actos no volvieran a producirse. Pero de producirse nada hay que decir al respecto, porque el derecho de manifestación está reconocido en España a cualquier persona u organización. Pero ello tampoco va a va a impedir que el Gobierno adopte aquellas medidas o decisiones que están en su programa electoral y que fueron avaladas mayoritariamente por los españoles en las urnas.

P. Los obispos creen que hay una hoja de ruta laicista y presencia de fundamentalistas del laicismo en el Gobierno.
R. No hay una hoja de ruta laicista, si con ello se pretende insinuar que el Gobierno va a actuar contra la religión, y más concretamente contra la Iglesia católica. Pero la sociedad ha cambiado en estos 30 años, también en el plano religioso, y se deben adoptar medidas para adecuar la legislación a ese cambio social. No creo que ello pueda interpretarse como la existencia de una voluntad de negación o exclusión del hecho religioso.

P. La vicepresidenta De la Vega, al anunciar la reforma de la Ley de Libertad Religiosa, habló de avanzar hacia el laicismo. ¿Ya saben cómo será esa reforma?
R. La propuesta de la vicepresidenta ante las Cortes habla de avanzar hacia la laicidad y la libertad de conciencia, no hacia el laicismo. Una de las claves de la política del Gobierno ha sido profundizar en el ejercicio de los derechos fundamentales de todos, y uno de esos derechos lo es, sin lugar a dudas, la libertad de conciencia y religión. Lo que se pretende ahora es profundizar, actualizándola, la garantía de la libertad de conciencia, pensamiento y religión, y que todos los ciudadanos puedan, en pie de igualdad, tener y practicar las creencias o convicciones que elijan, privada y públicamente, siempre, claro está, salvaguardando el derecho del otro a tener otras creencias, o a no tener ninguna. Durante estos 28 años de vigencia de la ley no sólo se ha producido una evolución del propio contenido esencial de este derecho a través de la jurisprudencia que los tribunales, en especial el Constitucional, han ido dictando, sino que la propia sociedad se ha hecho más plural y diversa.

P. Usted ha dirigido la Fundación Pluralismo y Convivencia, creada para financiar proyectos de las confesiones con Acuerdo de Cooperación con el Estado o de "notorio arraigo". ¿Cómo va esa experiencia?
R. Ha sido muy gratificante. El Gobierno asignó a la Fundación la responsabilidad de apoyar financieramente las actividades culturales, educativas y de integración social que lleven a cabo las confesiones. Con ello, se han favorecido tres objetivos de enorme importancia: en primer lugar, la normalización del pluralismo religioso de la sociedad española; en segundo lugar, se ha contribuido a la visualización de este pluralismo con programas de acción social, cultural y educativos de las religiones minoritarias; y, por último, se ha impulsado un proceso de mayor integración de esas confesiones, que se han visto reconocidas por la sociedad. La fundación, fuertemente impulsada por mi antecesora, Mercedes Rico, constituye un buen ejemplo de la interpretación integradora del artículo 16 de la Constitución. En sus tres primeros años de existencia ha recibido 16 millones, con los que ha financiado 1.482 proyectos presentados por 1.346 comunidades religiosas.

P. El Gobierno ha vuelto a jurar su cargo ante un crucifijo. ¿Hay que hacer una ley para regular esa anomalía en un Estado aconfesional donde, más pronto que tarde, habrá ministros de otras confesiones?
R. Como usted sabe, porque el acto de toma de posesión fue público, yo prometí el cargo ante la Constitución. El debate sobre la presencia de símbolos religiosos en este tipo de actos está abierto en la sociedad española. No es una discusión baladí, pero debe abordarse con serenidad, con respeto a todas las creencias y en el marco de la neutralidad propia del Estado laico definido por la Constitución. Sólo entonces podrá decidirse sobre la necesidad o conveniencia de introducir nuevas prácticas o, incluso, de adoptar nuevas normas.

P. El problema es que los obispos se tomarían este tipo de medidas como nuevos síntomas de anticlericalismo.
R. Las relaciones entre el Gobierno y los obispos españoles han tenido momentos de encuentro y desencuentro. Lo que hay que pedir, y conseguir, es que vayan por los cauces correctos de entendimiento. Lo importante es que se mantengan puentes estables de colaboración.

© J. G. Bedoya, diario `El País´