Latinoamérica: libertad religiosa y educación

La existencia de una cultura laica, aun cuando no aparezca consagrada en esos términos en las Constituciones políticas, remite a la construcción progresiva de una estructura republicana en la que la “libertad de cultos” garantiza que el Estado no tomará partido por ninguna religión, incluso por aquella que pueda tener mayor presencia y feligresía, lo que supone también que ninguna iniciativa, por respetable que sea, para modificar las leyes, podrá basarse en presupuestos doctrinales de ninguna confesión.

La apelación al “derecho natural”, como se ha vuelto a hacer en México y Argentina a propósito de las uniones matrimoniales de homosexuales, es un recurso que recuerda inevitablemente lo sucedido en las épocas en que la Iglesia dominaba ideológicamente las sociedades. Los especialistas en cuestiones jurídicas, sabedores de esta situación histórica, y apegados a la jurisprudencia de cada país, cuestionan esta línea de interpretación legal y llegan a la conclusión de que los derechos canónico y secular, aun cuando comparten algunos elementos, corresponden a esferas muy disímbolas.

Uno de los espacios más peleados por las instancias religiosas para tratar de influir en el rumbo de la sociedad es justamente la educación, la cual en México sí es definida como laica, por lo que se ha convertido en una trinchera cuyo botín principal es lo que en el discurso tradicional se maneja como “derecho familiar” a escoger el tipo de educación religiosa deseada. Porque acaso uno de los grandes logros de la laicidad republicana en este campo sea la educación pública gratuita, un ámbito en donde, por definición, lo religioso queda excluido, y porque la inmensa mayoría de la gente no cuenta con suficientes recursos para pagar la educación privada que incluya la formación religiosa de su preferencia.

Hace algunos años, el escritor mexicano Fernando del Paso propuso que si el Estado ofreciera educación religiosa, ésta debería incluir toda la gama de creencias para que los/as estudiantes se formen un criterio propio, más allá de dogmatismos y ortodoxias. Sus palabras son dignas de citarse, pues apuntan hacia algo inédito:

Enseñar la historia del pensamiento religioso es y será siempre materia de polémica y controversia, en la medida en que las religiones influyen en el comportamiento individual y colectivo, y establecen normas que en ocasiones entran en franco conflicto con algunos objetivos de gobiernos y sociedades considerados como progresistas. Lo ideal sería invitar a profesores y catedráticos de tendencias distintas, y a veces opuestas, en un intento de lograr un equilibrio razonable o, ante la imposibilidad de llevarlos a todos los planteles, promover, como antes señalábamos, debates por televisión en circuitos cerrados nacionales. Sin embargo, creo que hay posiciones irrenunciables, y que en la docencia jamás deberíamos claudicar ante el oscurantismo, que desde luego incluye, entre otras cosas, el racismo, la irracionalidad y la coerción de la libertad.
Una enseñanza, pues, como la que yo propongo, no presumiría jamás de ser dueña de la verdad, pero al mismo tiempo le negaría derecho a toda religión, secta o culto, de proclamarse como su propietario.
Para ello, será siempre útil analizar el estado actual de las religiones en el mundo y en particular en nuestro país, en su relación con los cambios sociales, morales y políticos de la época. Por supuesto, la actualidad de 2015 será muy distinta a la nuestra, y la de 2040 muy diferente a la de 2015. (La Jornada, 15-19 de marzo de 2002).

Tal vez la idea de Del Paso rebase con mucho los ideales de las familias, iglesias y gobiernos, pero es innegable que sólo con un proyecto similar podrían superarse los ímpetus de las iglesias y diversas religiones por ganar preponderancia social.

Una educación así haría que la laicidad fuese vista como una instancia imparcial de divulgación de la pluralidad, aun cuando no dejaría contentos a los sectores religiosos nostálgicos por el poder que ejercieron, sobre todo en la época colonial, y que son precisamente a los que más trabajo les cuesta aceptar que un resultado de la modernidad política es la paridad que debe experimentarse en todos los terrenos.

Incluso en lenguaje religioso y teológico, algunos analistas como Juan José Tamayo, han demostrado la forma en que la laicidad es subsidiaria de un genuino espíritu cristiano, pues hasta la tendenciosa distinción entre laicismo y laicidad es un arma de doble filo en manos interesadas:

¿Es verdad que el cristianismo resulta incompatible con el laicismo y tiene que adoptar una actitud beligerante frente a él? Decididamente no. El laicismo y la secularización no son males a combatir por los cristianos, sino que se encuentran en la entraña misma del cristianismo. Éste surge como religión laica y se desarrolla como tal durante sus primeros siglos, donde no aparece el más mínimo atisbo de confesionalidad de las instituciones civiles y menos aún de legitimación del orden establecido” (www.publico.es, 30 de agosto de 2010).

Los debates en España y Costa Rica al respecto dan fe de la enorme dificultad con que los organismos eclesiásticos asumen el carácter laico del Estado y de la manera en que reclaman seguir controlando la enseñanza en ese terreno. En Costa Rica se ha discutido agriamente por qué debe seguir aceptando el Estado que sea la Iglesia Católica la que autorice a los maestros de religión y en España las cosas comienzan a cambiar con el apoyo económico estatal a iglesias minoritarias como las evangélicas. Estos ejemplos muestran que la resolución del binomio educación-religión depara aún muchas sorpresas.

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