El respeto a la libertad de conciencia es una asignatura pendiente todavía en España; la jerarquía católica suspende en ella vez tras vez, no por falta de entendimiento sino de voluntad; la jerarquía civil también suspende, aunque por falta de resolución y valor.
El Edicto de Nantes, promulgado por Enrique IV en 1589, otorgó a los reformados franceses (hugonotes) una tolerancia que hasta entonces nunca habían disfrutado. Tras los reinados de los monarcas pertenecientes a la casa de Valois, que estaba vigorosamente apoyada por la intransigentemente católica familia de los Guisa, instigadora de la Matanza de San Bartolomé en 1572, el ascenso del primer rey Borbón significó un respiro para los hugonotes. Aunque Enrique de Borbón había tenido que renunciar formalmente a sus convicciones reformadas para conseguir el trono, "París bien vale una misa", no olvidó a sus antiguos compañeros de fe, trabajando en la confección de un estatuto que les otorgara los derechos y libertades que se les habían negado. Ese estatuto fue el justamente famoso Edicto de Nantes.
Mirado desde un punto de vista ecuánime, ese documento no significaba ni mucho menos la paridad de la Iglesia reformada con la Iglesia católica, ya que los derechos civiles y políticos de los adherentes de ambas confesiones no eran los mismos. Además, una cosa era lo que la ley decía sobre el papel y otra su puesta en práctica, lo que fue tarea ardura de conseguir ante la infinidad de dificultades y obstáculos de todo tipo que se levantaron para impedir su aplicación, la cual se obtuvo gracias al interés personal que el rey puso en ello. Pero mirado desde un punto de vista comparativo, el documento representaba un considerable avance, si se contrastaba con la trayectoria habida hasta entonces.
El Edicto de Nantes significó una solución de compromiso entre dos posturas enfrentadas. La de la Iglesia católica, que estaba enfurecida porque pensaba que se daba demasiado a los hugonotes, y la de éstos, que no estaban satisfechos porque no se les reconocía todo a lo que ellos tenían derecho.
Parece que en ciertos aspectos los evangélicos estamos en España como los hugonotes en la Francia del Edicto de Nantes. Si miramos hacia atrás, la situación es infinitamente mejor de lo que nunca fue, salvo el breve periodo de la II República. Pero si nos fijamos en las consideraciones hacia la Iglesia católica, entonces constatamos que, en ciertos aspectos, somos de segunda categoría. En teoría todos somos iguales, sin consideración de credos, mas en la práctica persisten las diferencias, a veces escandalosas.
Pero lo que globalmente en el siglo XVI era un avance, en el siglo XXI solo puede considerarse un atraso. Porque la democracia en la Francia de entonces no existía, mientras que sí existe en la España de ahora. El reconocimiento de la libertad de conciencia, que era lo que estaba en juego, costó mucha sangre conseguirla. La conciencia es un reducto sagrado que no puede ser violado, porque supone un atentado a los derechos elementales del ser humano, siendo la imposición de una creencia determinada de forma forzosa una intromisión repudiable.
Felizmente han pasado los tiempos en los que dicha intromisión sistemática se practicaba en España. Sin embargo, hay ocasiones en las que la injerencia ocasional se sigue produciendo, como ha sido el caso con la misa funeral celebrada en memoria de las víctimas del avión estrellado en los Alpes. Pasar por alto la diversidad de creencias de los fallecidos, dando el relieve a una sola, la católica, supone un desprecio hacia las otras creencias y una ofensa a la conciencia de los muertos y sus familiares. Pero para que el acto no fuera demasiado escandaloso, por lo descarado, se concedió una participación de segunda categoría a los representantes de otros credos, lo cual refleja en qué consideración se les tiene. Si hubiera sido una ceremonia organizada exclusivamente por la Iglesia católica, habría sido comprensible que así fuera, dada la escasa sensibilidad que su jerarquía tiene hacia quienes no son de su grey. Pero como era un acto de Estado, entonces la responsabilidad recae sobre las instituciones gubernamentales que consintieron en que algo así se hiciera.
El respeto a la libertad de conciencia es una asignatura pendiente todavía en España; la jerarquía católica suspende en ella vez tras vez, no por falta de entendimiento sino de voluntad; la jerarquía civil también suspende, aunque por falta de resolución y valor.
A veces la historia se repite, otras parece que se detiene y aún otras parece que retrocede. Y es que la sombra del Edicto de Nantes planea sobre nosotros.
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