La Iglesia católica española ¿debe pagar el IBI?

La polémica está servida. Prácticamente la inició el ahora ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón en octubre pasado siendo alcalde de Madrid. Exigió que el Estado compensase al municipio por casi 100 millones de euros que dejaba de recaudar por las exenciones del pago de Impuesto sobre Bienes Inmuebles que disfrutan las embajadas, cuarteles, cárceles y edificios de la Iglesia católica.

Las exenciones del IBI a los edificios pertenecientes a la Iglesia católica están consagradas en los Acuerdos firmados entre el Estado español y el Estado vaticano en 1979. Italia, inmersa en la misma situación y ante la crisis económica que atraviesa ha decidido cobrar este impuesto a las propiedades católicas. Aquí no será fácil. La Comisión Europea obligó a España a cobrar a los obispos el IVA y el debate está abierto ahora en el impuesto de bienes inmuebles. Según cálculos de la organización Europa Laica el cobro de este impuesto a los edificios católicos reportaría a las arcas públicas entre 2.500 y 3.000 millones de euros anuales, cantidades nada despreciables.

El jefe de la Conferencia Episcopal Española, cardenal Antonio María Rouco Varela, ha intervenido en el debate argumentando que la Iglesia, entidad espiritual, no está obligada a pagar el IBI. El señor cardenal, teólogo superior, con profundos conocimientos sobre la doctrina del Nuevo Testamento, sabe o debe saber que existe una gran diferencia entre lo que es Iglesia y lo que es edificio. La Iglesia está compuesta por la comunidad de creyentes. El edificio que alberga a esos creyentes no es iglesia, es piedra, ladrillo, cemento, hierro, etcétera.

A este propósito el humorista gráfico del diario EL PAIS, que firma sus trabajos como El Roto, publicó el 31 de mayo último una viñeta de Cristo en la que hace decir al Maestro de Galilea: “Quise fundar una Iglesia, no una inmobiliaria”.

La propia Iglesia católica se queja de que los templos permanecen casi vacios los domingos. Pero los templos se mantienen. A nombre de la Iglesia.

La Iglesia católica es la mayor propietaria inmobiliaria de España con más de 100.000 bienes a su nombre, entre ellos 7 universidades, 41 centros teológicos, 11 colegios universitarios, 55 escuelas universitarias, 72 instituciones superiores, 1.000 monasterios. Posee el 80% del patrimonio histórico artístico español. El 70% del suelo habitable en las viejas ciudades de Toledo, Ávila, Burgos y Santiago de Compostela pertenece a la Iglesia católica. Y 100.000 hectáreas de tierras agrícolas. Una sola de sus fincas, en Badajoz, ocupa 7.773 hectáreas. Otra en Jaén, 4.483. Esta es la información que yo poseo, pero hay mucho más.

Está también la trampa de poner a nombre de la Iglesia propiedades no inscritas a nombre alguno. Esto se da principalmente en Navarra. El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso en el anterior gobierno de Zapatero, Álvaro Cuesta, recibió el 21 de julio del pasado año a dos asesores jurídicos de la Plataforma Navarra en defensa del patrimonio público. Esta Plataforma lucha contra las inmatriculaciones de la Iglesia católica en la comunidad, donde se han inmatriculado a su nombre más de 1.000 edificios desde 1998. El obispado navarro puso a su nombre en 1981 la vivienda del cura de Aranguren, que habían construido los vecinos y ya estaba inscrita desde 1929. En el pequeño pueblo navarro de Ziritza su ex alcalde, Rafael Gorostidi denunció ante la prensa que las propiedades registradas por la Iglesia católica a su nombre incluyen la casa de la maestra, la escuela, actual ayuntamiento y hasta el cementerio. “Cientos de edificios, algunos civiles, pertenecen a la diócesis, dice el sacerdote de 82 años, jubilado, Pedro Leoz, quien añade: “Una vez que obtienen la titularidad pueden vender, alquilar e hipotecar”. Dato curioso: En torno a 1929 y 1934 el arzobispo de Zaragoza, Rigoberto Domenech, quiso inscribir a nombre de la diócesis la basílica del Pilar y la catedral de la Seo.

Las matriculaciones de edificios a nombre de la Iglesia es un problema nacional. Ocurre en Salamanca, León, Valencia, Extremadura. Izquierda Unida planteó una batería de preguntas en el Congreso pidiendo información sobre el número de inmatriculaciones en toda España. “Todo el país quisiera saberlo” –escribe Ricardo Cantalapiedra- ¿De quién es la catedral de Burgos? ¿De quién el monasterio de El Escorial? ¿Qué edificios pertenecen al Patrimonio Nacional y cuáles son propiedades de la Iglesia? “Como los obispos son ministros de un país extranjero –añade el periodista de EL PAÍS- resultaría que media España, o más, pertenece a una nación foránea, el Vaticano, cosa que clama al cielo y que nos hace volver a la Edad Media”. Otra vez El Roto. Dibuja la caricatura de un ángel volando al encuentro de Dios en tanto que dice alarmado: “Señor, la Iglesia ha inscrito el cielo a su nombre”.

A estas más de 100.000 propiedades a nombre de la Iglesia católica se les quiere cargar el impuesto sobre bienes inmuebles. No será fácil lograrlo. La Ley de Mecenazgo de 2002, aprobada por el Partido Popular, establece que las entidades jurídicas inscritas en el Registro de Entidades Religiosas tengan exenciones.

En la comunidad de Madrid, los ayuntamientos de San Sebastián de los Reyes y Alcalá de Henares se han unido para cobrar el IBI a la Iglesia católica. Móstoles, Leganés, Fuenlabrada y Rivas- Vaciamadrid también están abordando el tema. Los alcaldes de Zamora, Valladolid, Santiago de Compostela, Lugo y otros están redactando informes que determinen con precisión qué se puede cobrar y qué no. En Cataluña, el partido Popular y Convergencia y Unión han decidido no reclamar el IBI a los inmuebles inscritos a nombre de la Iglesia. En declaraciones a medios de comunicación el 29 de mayo último, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declaró que “con la que está cayendo no le parece oportuno, y que no tiene ninguna intención de modificar el Concordato con la Santa Sede, vigente desde 1979”.

Lo que está cayendo ha estado cayendo desde que España es católica, y seguirá cayendo en los siglos venideros. Con la Iglesia se ha topado. Sus propiedades no pagarán el impuesto que les corresponde. Ni ahora ni nunca, a menos que ….