Más dinero para la Iglesia católica

Hagamos historia.

En los convenios firmados entre España y el Vaticano desde la terminación de la guerra civil, es decir, los de 7 de junio de 1941, 16 de julio de 1946, 8 de diciembre de 1946, 7 de abril de 1947 y 5 de agosto de 1950, la cuestión financiera fue siempre tratada con privilegios para la jerarquía católica y la Iglesia se aseguró la entrada de sus buenos millones de pesetas. El Concordato firmado el 27 de agosto de 1953 entre el Estado español y el Estado vaticano establecía fuertes indemnizaciones, compensaciones, donaciones y subvenciones a la Iglesia católica. En un discurso pronunciado el 2 de octubre de 1961 en la inauguración del Seminario Conciliar de Burgos, el general Franco dijo: “Las cantidades invertidas por el estado en edificios eclesiásticos desde el 1 de abril de 1939 a igual fecha de 1959, suman 3.106.718,51 pesetas”.

¡Más de tres mil millones de aquellas pesetas en 20 años sólo para edificios! Desde luego, el clero no podía decir lo que dijo Jesús, que no tenía dónde reclinar la cabeza.

Haciendo frente a las crecientes demandas de la Iglesia católica, el periodista Joaquín Aguirre Bellver escribió un artículo desgarrador en el diario “Pueblo” (17-9-1971), en el que decía a la jerarquía: “Oigan, señores, que este país no puede entregarles más; que no hay más que conceder; que nos hemos pasado de rosca. ¿Y todavía les parece poco? Pero, señores míos, ¡si acabamos de destrozar lo mejor que teníamos en el país, que eran los Institutos de Enseñanza Media, para que no les hagan la competencia a ustedes!”.

El 3 de enero de 1979 se firmó en Roma una serie de Acuerdos destinados a regular las nuevas relaciones entre España y el Vaticano. Estos Acuerdos sustituían, en cierta medida, al Concordato pactado en 1953 entre Franco y el Papa Pío XII. El artículo II de los mencionados Acuerdos establecía que “el Estado se compromete a colaborar con la Iglesia católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico”.

Aquél año el Estado regaló a la Iglesia 6.794 millones de pesetas. Esta cantidad fue aumentada en un 10% en 1980 y otro diez en 1981. El Acuerdo sobre los dineros planificaba que a partir de 1982 se establecería el sistema de asignación tributaria. Es decir, que la Iglesia recibiría del Estado lo que los católicos españoles quisieran darle. Los sucesivos gobiernos recordaban a la Iglesia año tras año este compromiso, pero la Iglesia decía que si, que bueno, más tarde.

Desde 1982 a 1987 la Iglesia católica continuó recibiendo abundantes partidas económicas del Estado. Cada año un diez por ciento más que el anterior. En 1998 el Gobierno presidido por Felipe González decidió aplicar el sistema pactado en 1979. Los españoles que lo quisieran quedaban autorizados a destinar a la Iglesia el 0,52% de la parte proporcional correspondiente al Impuesto sobre la declaración de la renta. Haciendo cálculos, la Iglesia esperaba recaudar 15.000 millones de pesetas. El experimento fue un fracaso. Las cuentas de Hacienda en 1989 arrojaron un saldo negativo. De cada cien españoles, solamente treinta y cinco dieron su dinero a la Iglesia. En consecuencia, la Iglesia católica percibió nada más que 6.200 millones de sus fieles. El Estado le regaló aquél mismo año 9.000 millones de pesetas más.

Desde entonces, y ya han pasado quince años, todo sigue igual. Va a más. En los últimos años la jerarquía católica ha venido pidiendo el aumento del 0,52% al 0,8%, toda vez que cada año se reduce lenta, pero inexorablemente, el porcentaje de españoles que dejan de dar a la Iglesia y optan por destinar su dinero a fines sociales decididos por el Gobierno.

En junio de este año, el Grupo Socialista organizó en el Congreso unas jornadas sobre “la laicidad como marco para la libertad”. El diputado Álvaro Cuesta afirmó que el actual sistema de financiación de la Iglesia católica es anticonstitucional.

Daba igual. Sorprendiendo a dirigentes y militantes de su propio partido, el presidente Rodríguez Zapatero anunciaba en septiembre que había decidido aumentar la aportación a la Iglesia del 0,52% al 0,7%. Gaspar Llamazares, líder de Izquierda Unida, dijo que el acuerdo económico alcanzado entre el Gobierno y los obispos era “oscurantista y clandestino”. Otros líderes del propio partido socialista manifestaron en público su desaprobación. Álvaro Cuesta, secretario de Política Institucional y Libertades Públicas del PSOE, clamó en contra del acuerdo en una mesa redonda. La misma actitud adoptaron otros miembros de la Ejecutiva Federal del partido.

Por aquellos días, el especialista en temas religiosos del diario “El País”, Juan G. Bedoya, publicó un detallado y bien documentado informe sobre los dineros que la Iglesia católica recibe del Estado (30-9-2006). Decía el periodista que “la asignación tributaria del Ministerio de Hacienda a la Conferencia Episcopal para 2007 –algo más de 12,5 millones de euros mensuales- es una mínima parte de la ingente aportación económica que diferentes administraciones del Estado español hacen cada año a la Iglesia católica. Los expertos –añadía Bedoya- cifran en 5.000 millones los fondos recibidos por esta confesión para financiar cada año una importante red de servicios”.

Si calculamos que cada euro equivale a algo más de 166 pesetas de antes, tenemos la astronómica cifra de 831.000 millones de pesetas. Esto es, a groso modo, lo que cuesta cada año a los españoles mantener el aparato de la Iglesia católica.

Decía el presidente del Gobierno que con este acuerdo ganamos todos. ¡Ingenuo! No ganamos todos, ganan ellos, los obispos. El resto de los españoles perdemos. También decía Zapatero que este acuerdo supone “un paso para la autofinanciación de la Iglesia”. ¿Otro más, señor presidente? ¿Cuántos pasos se han dado desde los acuerdos de 1979?

Si el Gobierno del señor Zapatero cree que con este acuerdo la jerarquía católica va a aflojar la presión que ejerce en otros temas, aviado anda. Los obispos, como siempre, seguirán profiriendo consignas e invocando huelgas contra todo aquello que no comulgue con su ideario. Y pedirán más dinero.