Tribunal Constitucional: diligencia y dilación

Éstas van desde el acatamiento sin reservas de la sentencia hasta la incomprensión por la misma e incluso el rechazo abierto, especialmente por parte de las víctimas del terrorismo, que no entienden cómo se puede dar cobertura de legitimidad a quienes tan próximos, o tan identificados, están con los terroristas.

A mí lo que me ha llamado la atención es la premura en la deliberación y resolución del tribunal. En realidad todo el proceso es de una velocidad vertiginosa, al consumarse en el plazo de muy poco tiempo, dado que hasta hace unos meses ni siquiera existía la formación política que ahora ha sido legalizada. Y sin embargo, a pesar de que la maquinaria administrativa es lenta y pesada como ella sola, se ha conseguido en un término récord de tiempo concluir todas las etapas hasta acabar con el resultado conocido. Ahí es nada, dos formidables obstáculos se han superado en cuestión de días: uno el ya mencionado de la parsimonia de todo lo que tiene que ver con la administración y otro el de las dificultades jurídicas inherentes al caso.

Todo esto resulta más chocante cuando la experiencia común del ciudadano corriente es que todo lo que tiene que ver con la administración raya en lo desesperante, al toparse con un ente cuya característica esencial es la tardanza inexplicada e inexplicable en la que todo lo que está bajo su órbita se mueve. Es como si de pronto se entrara en otra dimensión, en la que todo está ralentizado, como si fuera un universo en el que las cosas se mueven a cámara lenta. Casos clamorosos hay en los que el solicitante o el demandante, tiene que esperar años hasta ver la luz al final del túnel para la resolución de su caso. Hasta el punto de que han sido tantos los años que la resolución ha llegado demasiado tarde, al haber muerto el interesado, quién sabe si cansado de tanto esperar.

Pero he aquí que, de pronto, en cuestión de no digo meses, ni semanas, sino días, el Tribunal Constitucional se reúne, delibera, se pronuncia y promulga una sentencia. Lo cual quiere decir que esas prisas ya indican un trato de favor. Ahora bien, el favoritismo no es precisamente algo que se lleve bien con una justicia que sea justa.

Porque la cuestión es que este mismo Tribunal tiene pendientes de resolución, desde hace años, dos grandes cuestiones para dirimir si son constitucionales o no. Una es el ‘matrimonio’ entre personas del mismo sexo y la otra la ley del aborto. No son asuntos baladíes, ya que en ellos está en juego nada más y nada menos que el fundamento de la sociedad en el primer caso, al afectar a su piedra fundacional, y el derecho a la vida en el segundo, que es el derecho más elemental de todos. El sentido común nos dice que ambas cuestiones son de importancia capital para el desenvolvimiento de una sociedad, debiendo haber definiciones claras al respecto que las delimiten y definan.

Pues bien, a pesar de que al Tribunal se le presentaron hace años sendos recursos de inconstitucionalidad hacia ambas cuestiones, hasta el día de hoy no ha habido el más mínimo movimiento que dé indicios de que algo se mueve para que su maquinaria se ponga en marcha. A estas alturas hasta cabe preguntarse adónde habrán ido a parar esos papeles. Tal vez estén escondidos en algún cajón, donde no sean molestos y no pongan en evidencia la irresolución de tan alto Tribunal. Es como si hubiera una conjura de indiferencia calculada para no despertar estos asuntos, ya que parece que a nadie le interesa moverlos.

Se ha dicho que una justicia lenta no es justicia. Pues bien, aquí hay un pleito en el que están en juego las cien mil vidas humanas que cada año son matadas en el seno materno. Aquí otro pleito en el que está en juego la definición de matrimonio y familia, siendo la tardanza calculada de este Tribunal responsable del irreparable daño que se está cometiendo en ambos ámbitos.

Ya sabemos cuál es la posición del Tribunal ante la apelación de un determinado partido político. Lo que no sabemos es cuál es su posición ante lo que es el matrimonio y lo que es el derecho a la vida.Pero una cosa sí sabemos, que mientras no se pronuncie seguirán pereciendo vidas humanas inocentes al amparo de la legalidad y sucedáneos de matrimonio serán considerados como tal, gracias al silencio del Tribunal.

Los jueces están para hacer justicia. Y para hacerla con diligencia y prontitud. No solo cuando las circunstancias lo hacen aconsejable o las presiones políticas son muy potentes, sino en todos los casos. También cuando lo que está entre manos no es lo políticamente correcto.

‘Admitid amonestación, jueces de la tierra.’[1] es la palabra que indica que, después de todo, los que juzgan van a ser juzgados también. Lo cual es justo, porque de lo contrario su injusticia, al no administrar justicia, quedaría impune.