Caamaño y objeción de conciencia

Mirando hacia atrás ahora, con algo más de perspectiva, podríamos resumir el desarrollo de aquella lucha de la siguiente manera: la negación de la objeción de conciencia es propia de una dictadura y la admisión del derecho a objetar es propia de una democracia.

Pero he aquí que, tras más de treinta años de democracia, parece que las cosas van en retroceso, si atendemos al hecho de que el Ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha rechazado el derecho de la objeción de conciencia de los profesionales de la medicina ante el aborto. La respuesta de éstos no se ha hecho esperar y por si el Gobierno tenía pocos frentes abiertos ahora tiene uno más, dado que el presidente de la Organización Médica Colegial (OCM) ha afirmado que la objeción ha de respetarse ´por las buenas o por las malas´, lo que indica una enérgica y firme actitud en la que no parece haber lugar para ningún tipo de componendas por parte de los médicos. Así pues, si ya había algunos estamentos sociales en pie de guerra, ahora sumamos el último, que seguramente no va a ser el postrero.

Resulta sorprendente observar que se asuma la racionalidad de no tomar las armas, si la conciencia del individuo no lo permite, pero que no se admita como razonable la negativa a tomar otras armas, para ser usadas en el ejercicio de una profesión, la médica, cuyo fin primordial es la preservación de la vida. De manera que se condena a la dictadura por imponer una jura de bandera sobre las conciencias, a la vez que se impone sobre los profesionales de la salud una dictadura que violenta sus conciencias y los principios más elementales de su profesión. Verdaderamente las contradicciones en las que nuestros gobernantes caen cuando intentan razonar sus posiciones en determinados asuntos son tan clamorosas que hasta un niño de corta edad sería capaz de ponerlas en evidencia.

Para el ministro lo importante son las garantías sanitarias de las adolescentes que quieren abortar; la vida del no nacido, la conciencia de quienes han de realizar la “operación” e incluso el derecho de los padres a conocer del asunto, son cuestiones secundarias.

Así pues, en aras de la seguridad sanitaria se destruye una vida, se violan unas conciencias y se socava una relación (padres-hija). Casi nada. Ante lo cual cabe preguntarse quién sale más culpable: si quienes violaron conciencias en aras de juras de banderas o quienes las quieren violar en aras de abortos seguros.

Lo sorprendente es que quienes piensan como el ministro se rasgan las vestiduras si otros procuran que la pena de muerte a criminales sea realizada en condiciones lo más asépticas y menos degradantes posibles, procurando que la ejecución del reo conlleve el mínimo de agonía. Pero ellos no tienen el menor empacho en defender que en la pena de muerte a un inocente lo que realmente importa es que el verdugo no sea hostigado y pueda realizar su “trabajo” con total tranquilidad. Si la víctima sufre, agoniza, se la despedaza o tritura, da igual; lo que importa verdaderamente es que verdugo y consentidor estén bien protegidos en todos los sentidos. ¡Qué ecuanimidad de juicio!

El ministro afirma que ´las ideas personales no pueden excusarnos del cumplimiento de la ley porque, si no, nos llevaría en muchísimos temas, en este y otros muchos, a la desobediencia civil.´ Es verdad que si dejáramos el cumplimiento de cualquier ley al criterio privado de cada cual caeríamos de lleno en el caos; incluso elementos anti-sociales se aprovecharían de esa ventaja en beneficio propio y para destrucción de los demás.

Pero el quid de la cuestión es que aquí no estamos ante un asunto menor, sino ante uno de gran envergadura. Por lo tanto, es comprensible que haya conciencias a las que les sea repugnante colaborar en un acto como es el aborto. No se trata, pues, de una objeción caprichosa, ni gratuita, ni infundada, sino plenamente sostenida por la razón. La negativa a que los profesionales de la medicina se puedan acoger a dicha objeción, significa que estamos ante un Gobierno que rechaza un derecho elemental, lo cual es más propio de regímenes totalitarios que invaden terrenos sobre los que no tienen competencias, abriendo de esa manera el camino a la desobediencia e incluso a la rebelión civil, al obstruir el derecho a la libertad de conciencia.

Me temo que aquí algunos todavía no se han enterado de algo elemental y que tiene que ver con un principio irrenunciable de la democracia: que el individuo es antes que el Estado, no sólo en el orden cronológico (del tiempo) sino también en el orden ontológico (del ser).

Los firmantes de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos sostuvieron que entre los derechos inalienables que el Creador ha otorgado a todos los hombres están ´la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para asegurar esos derechos, están constituidos los gobiernos entre los hombres…´ En otras palabras, los gobiernos han sido constituidos por causa del hombre y no el hombre por causa de los gobiernos. Esto significa que tales gobiernos tienen unos límites bien definidos en su actuación y en sus propósitos, perdiendo su legitimidad si van más allá de los mismos. Además, de ahí se deriva el principio de responsabilidad, esto es, la obligación que tienen de rendir cuentas de su gestión, dado que deben su existencia a la voluntad de los gobernados. De ahí que el texto continúe afirmando que ´…siempre que cualquier forma de gobierno se convierta en destructiva de esos fines, es el derecho del pueblo cambiarlo o abolirlo, e instituir un nuevo gobierno...´

La oposición de los profesionales de la medicina a las pretensiones del Gobierno, resulta estar no sólo justificada sino también ser todo un ejercicio de higiene democrática.

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