EpCiudadanía: los antecedentes

En todos y cada uno de los casos, por supuesto, el gobierno ha intentado presentar de la mejor manera las propuestas a sabiendas que ni siquiera todos los votantes habituales del partido socialista se sienten a gusto con estas nuevas leyes.

En el caso de la asignatura de Educación para la Ciudadanía –que deben cursar todos los niños desde los tres años de edad– el gobierno insistía en que sólo se trataba de transmitir conocimientos propios para educar a los buenos ciudadanos, mientras que los opositores a la asignatura alegaban que el gobierno tan sólo pretendía adoctrinar a los niños y que ningún gobierno del mundo tiene derecho a adoctrinar a nadie.

Quien decía la verdad y quien mentía fue algo que quedó de manifiesto enseguida fundamentalmente por dos razones.

La primera fue que los defensores de la asignatura –entre ellos los colectivos de gays y lesbianas– se manifestaron en repetidas ocasiones afirmando que Educación para la Ciudadanía iba a enseñar a los niños todos y cada uno de los puntos de su agenda. Por supuesto, ningún político o funcionario gubernamental lo desmintió e incluso más de uno corroboró aquellas afirmaciones.

La segunda fue que los textos y materiales de Educación para la Ciudadanía que iban apareciendo dejaban bien de manifiesto el tipo de educación moral que se iba a dar a las criaturas, una educación que no era neutral y que chocaba con las convicciones morales de millones de españoles.

En uno de los manuales de la asignatura, por ejemplo, se indicaba que había varios tipos de familia y se denominaba “tradicional” a una reflejada en una foto en la que aparecían, en blanco y negro, unos padres rodeados de hijos mientras que se consideraba “moderna” otra en alegres colores donde se podía ver a una niña con dos “madres”.

En algún caso, se llegó incluso al extremo de recomendar como material educativo películas de adoctrinamiento homosexual para niños y adolescentes o una historieta pornográfica de contenido homosexual titulada “Alí Babá y los cuarenta maricones” donde aparte de sodomizaciones aparecían también reflejados con enorme crudeza episodios de zoofilia.

La verdad es que, se mire como se mire, cuesta creer que ese tipo de materiales pueda ser el adecuado para menores de edad.

Por si todo lo anterior fuera poco, los manuales de Educación para la Ciudadanía no sólo reproducían el catecismo del lobby gay y de la ideología de género sino que además defendían el aborto y la eutanasia y tenían un contenido político acentuadamente explícito. Así, por ejemplo, se afirmaba en distintos textos que, por ejemplo, Cuba era un ejemplo de auténtica democracia o se indicaba que el pueblo sólo había llegado a gobernar en regímenes como el de la desaparecida Unión soviética. Con esos contenidos obviamente ni podía hablarse de neutralidad ni podía negarse el propósito de adoctrinamiento ideológico del gobierno.

Tampoco puede extrañar que decenas de miles de padres –hasta la fecha cerca de sesenta mil familias– se declararan objetores frente a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y expresaran su voluntad de que sus hijos fueran eximidos de ella por razones de conciencia y, sobre todo, porque no podía tolerarse que el Estado adoctrinara en cuestiones morales a criaturas por encima del criterio moral de sus padres.

Al final, como en tantos otros temas, el gobierno había provocado una clara y amarga división en la sociedad española, división que resultó transversal y que pasa incluso por las confesiones religiosas y los partidos.

En el caso de la iglesia católica, la Conferencia episcopal mantuvo una posición clara de oposición a la asignatura negando al Estado el derecho a dictar los contenidos morales en los que debían creer los ciudadanos.

Sin embargo, la FERE que agrupa a buena parte de los colegios de enseñanza religiosa católica se mostró partidaria de llegar a algún acuerdo con el gobierno socialista, una posición que fue muy criticada, en parte, porque se vio como un deseo de conservar a cualquier coste las subvenciones económicas que se recibían del estado y, en parte, porque se juzgó inmoral que, a cambio de poder hacer en el interior de sus centros lo que desearan, estuvieran dispuestos a consentir el adoctrinamiento del resto de la sociedad.

Esa misma división operó en el seno de las iglesias evangélicas. Mientras que la FEREDE optó, como tiene por costumbre, por evitar cualquier declaración que la lleve a enfrentarse con el gobierno, la Alianza Evangélica Española, también como tiene por costumbre, se opuso de manera muy moderada.

La postura de la FEREDE fue comparada en más de una ocasión con la de la FERE católica atribuyéndole motivaciones muy similares y la de la AEE fue considerada realista, adecuada, suficiente o tibia según los críticos.

En cualquiera de los casos y sin entrar a comentar esas posiciones, lo que resulta obvio es que los evangélicos no hablaban con voz única.

De manera bien significativa, sólo los musulmanes se manifestaron favorables a la asignatura. Obviamente, el Islam es contrario a los matrimonios homosexuales, pero, a la vez, no pocos musulmanes veían en la asignatura una oportunidad de mejorar la imagen pública de la poligamia -si el matrimonio monógamo y heterosexual había dejado de ser heterosexual, ¿por qué no iba a dejar de ser monógamo?– y, sobre todo, de inculcar la doctrina de la Alianza de las civilizaciones creada en los años noventa por los ayatollahs de Irán, impulsada por Rodríguez Zapatero y contemplada, sobre todo, como una manera de facilitar la penetración islámica en Occidente.

Por lo que se refiere al área política el partido socialista, el resto de la izquierda y los nacionalistas defendieron calurosamente la EpC como un medio más de adoctrinamiento, pero el PP que ocupa el espacio de centro-derecha no dio una respuesta unánime. Ciertamente indicó que en caso de volver al poder derogaría la asignatura de EpC, pero hasta entonces en algunas Comunidades autónomas gobernadas por el PP, se permitió la objeción ofreciendo una alternativa a los objetores; en otra, se impartió la asignatura, pero en inglés; incluso hubo CCAA en las que no se aceptó la objeción. Al final – y no es malo que así fuera – la defensa de la objeción recayó sustancialmente sobre los sectores de la sociedad civil más concienciados que, por añadidura, se agrupaban en asociaciones no partidistas.

Naturalmente, los gobiernos socialistas y nacionalistas no vieron con buenos ojos aquella resistencia. Todo lo contrario. Desde el principio, menudearon las amenazas y las presiones contra las criaturas que objetaban a EpC. En algunos casos, se publicaron sus nombres en el Boletín oficial de la Comunidad autónoma; en otros, se las amenazó con que no se permitiría que pasaran de curso e incluso se llegó a afirmar que no podrían contar con obtener un título de bachiller ni proseguir una educación universitaria. Al fin y a la postre, al negarse el gobierno socialista a dialogar con los padres, éstos se vieron obligados a seguir el único camino que quedaba, recurrir a los tribunales de justicia para que los defendieran de las imposiciones del gobierno. Pero sobre ese tema, Dios mediante, hablaré la semana que viene.

CONTINUARÁ: Educación para la Ciudadanía (II): Las primeras sentencias