Es evidente que el estudio de los cromosomas del hombre posee un indiscutible interés biomédico, capaz de movilizar a numerosos países y genetistas de todo el mundo para involucrarlos en un proyecto de esta magnitud. No obstante, a pesar de tal atractivo, existen también ciertas discusiones éticas en torno a las posibles aplicaciones que de estos conocimientos pudieran hacerse.
En el mundo laboral se ha planteado la cuestión sobre cómo afectaría el análisis del genoma a los trabajadores de cualquier empresa. Está claro que este procedimiento podría contribuir a mejorar la protección laboral de los obreros y las previsiones médicas en el trabajo, ya que ciertas enfermedades profesionales serían fácilmente evitables. Sin embargo, ¿no cabría también la posibilidad de que tal información se utilizara contra los propios trabajadores? ¿no podría usarse la constitución genética de los individuos como criterio decisivo en la selección de personal?
Lógicamente a las empresas les interesan más los obreros sanos que llegan en perfecto estado a la jubilación, que aquellos otros de salud precaria que requieren frecuentes bajas laborales o se acogen pronto a la invalidez permanente. La existencia de un carnet genético obligatorio, en el que figurasen las posibles dolencias que pudiera contraer el trabajador a lo largo de su vida ¿no reduciría considerablemente las perspectivas para encontrar empleo?
Estas y otras consideraciones similares evidencian la necesidad de que tales análisis del genoma sólo puedan realizarse con el consentimiento del propio trabajador.
Cada persona debería tener derecho a la protección de su intimidad cromosómica y a negarse, si así lo desea, a facilitar su perfil genético completo.
Lo mismo se ha señalado con respecto a los sistemas de seguros privados. ¿Deben las compañías que realizan seguros de vida conocer el genoma de sus asociados? ¿No estarían los análisis genéticos en contra de la propia filosofía de un seguro de tales características?
El estudio del genoma se ha usado también en ciertos procesos judiciales para descubrir al autor de un delito o como prueba de la paternidad. En tales casos, el asesoramiento genético que sólo busca descubrir la verdad estaría éticamente justificado.
No obstante, lo que interesa en este tema es el conocimiento del genoma de los padres y de la futura descendencia. Muchas parejas antes de contraer matrimonio o de tener un hijo acuden al médico para prevenir posibles taras hereditarias. Buscan el llamado “consejo genético” o la consulta prematrimonial.
Asimismo, mediante el “diagnóstico prenatal” es posible también conocer antes del nacimiento, las patologías que puede presentar el futuro bebé.
Cuando el resultado de tales prospecciones es negativo las parejas se tranquilizan, pero si es positivo inmediatamente acuden los interrogantes éticos.
Ante la existencia real de incompatibilidades genéticas ¿debe la pareja renunciar al matrimonio? ¿es preferible casarse sabiendo que no se podrán tener hijos? Si se confirma la presencia de un embrión deficiente ¿es moral recurrir al aborto? ¿debe el diagnóstico prenatal equivaler en tales casos a una sentencia de muerte? ¿es éticamente correcto acudir al médico con la idea previa de interrumpir el embarazo si el feto presenta anomalías genéticas según su gravedad?
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