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Dos cadenas perpetuas

Nos conocimos en Costa Rica, a donde llegó en 1975 arrastrando su pena y sus dolores. De la cárcel al aeropuerto. Con lo puesto. Después vendría la reagrupación familiar y, poco a poco, como quien camina de noche por un paraje desconocido, empezar a hacerse un espacio en su nuevo país de residencia.
EL ESCRIBIDOR AUTOR Eugenio Orellana 30 DE JULIO DE 2010 22:00 h

No le costó mucho. Su currículo, como el de tantos otros que, como él, se vieron empujados por las fuerzas militares fuera de la patria, se impuso por si solo. Chile expulsaba a lo mejor de su clase intelectual. Cientos de profesores universitarios, médicos, ingenieros, comunicadores, artistas y artesanos siguieron dando en sus países adoptivos lo que Chile lanzaba por la borda.

Su caminar, por allá por 1975 era ágil y firme. Parco para hablar pero franco para reír, risa que muchas veces se apagaba de repente ante el recuerdo de la tierra amada. Hoy, se mueve en una silla de ruedas. Como debe ser la actitud de un buen cristiano, no cultiva el odio en su ser interior culpando a los militares como causantes directos de su condición de salud actual. Ni tampoco indirectos; sin embargo, las angustias sicológicas, los apremios físicos, los años vividos en un calabozo con la presencia aterradora de la muerte siempre oscilando sobre su cabeza habrán tenido su efecto. De modo que verlo ahí, sin poder caminar cuando todavía está en edad de corretear por calles y caminos de este mundo, no deja de hacernos mirar al pasado y preguntarnos: Si otros cayeron abatidos por las balas, las descargas eléctricas en los genitales, las inmersiones en tanques de agua sucia, los interrogatorios a golpes, las camas de hierro electrificadas, las violaciones de menores ante los ojos de sus madres, ¿por qué alguien no pudo ser víctima del desarrollo acelerado de una enfermedad que de otra manera quizás nunca se hubiera presentado?

Eloy Cortinez Torres porque es de él que estoy escribiendo y es quien aparece en la foto escuchando atentamente cómo su segundo nieto le lee las historias de Condorito, vive nuevamente en Chile. Leyó mi artículo «Amigos» (19/7/2010) y me escribió para aclarar un punto importante: el ex general Manuel Contreras no saldrá «un día de estos» de la cárcel. Porque la rebaja a 17 años corresponde a solo una parte de todas las sentencias a que se ha hecho acreedor como autor intelectual y primer responsable de los crímenes cometidos por las fuerzas armadas y de orden bajo el paraguas protector de la DINA, Dirección de Inteligencia Nacional, de la cual él era el patrón absoluto solo sujeto a la autoridad del golpista mayor, aquel que si él no lo autorizaba, ni una hoja se movía.

En una información aparecida en la prensa chilena, se dice que Contreras tiene para cumplir por lo menos 200 años. Doscientos años que parecen ser lo que más se asemeja a dos cadenas perpetuas.

Junto con mandarme la aclaración a que hago referencia, el señor Cortinez me mandó un documento que muy pocos conocen y que, como pieza jurídica, pertenece a la historia de mi país.

Por ser esto algo que no ocurre todos los días y por reflejar el documento no la opinión de una persona sino la de la Comisión de Verdad y Reconciliación nombrada por el Presidente Patricio Aylwin (1990-1994) (*) precisamente «para esclarecer la verdad sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el país entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990» he decidido incluir al final de este artículo algunos acápites con sus correspondientes comentarios hechos por la Comisión.
Antes de proseguir, pido su benevolencia a mis lectores que no gustan de temas como el que estoy tocando. A mí tampoco me gustan; sin embargo, los atropellos a la dignidad humana han sido tan grandes en Chile y tan enconada la presión política interna para que no se aplique la justicia a los culpables que el tema resulta insoslayable. La prensa sigue ocupándose del problema y los tribunales de justicia no pueden dejar a medio terminar una tarea que comenzó en 1990 y que no se sabe cuándo concluirá; por lo tanto, mantiene su calidad de tema candente.

(Para poner un poco de humor a este artículo y además para dejar constancia que algunos personajes de la historia; digo, personajes que han dejado un mal recuerdo en las mentes de las gentes, siguen penando no obstante el paso de los años, en la última visita que hicieron a Miami algunos amigos españoles, uno de ellos fue objeto de algunas expresiones de aprecio especiales por parte de un matrimonio chileno residente en esta ciudad. Ella se llama Cecilia y él, Franco. Cuando el grupo estaba a punto de tomar el avión para regresar a España, se escuchó de uno de los viajeros, a modo de despedida, la siguiente frase -no son las mismas palabras pero sí lo es la idea-: «Hemos pasado un tiempo muy hermoso aquí y hemos disfrutado de su cariño y hospitalidad; sin embargo, lo único que lamento es que hayamos sido huéspedes de Franco»).

Hace solo unos días, las autoridades de la Iglesia Católica chilena (que jerárquicamente se identificó con los militares golpistas no obstante que un segmento de ella a través de lo que se conoció como la Vicaría de la Solidaridad se comprometió con los perseguidos, los enjuiciados, los ajusticiados y sus familiares) dieron a conocer un estudio por el cual recomendaban al gobierno el indulto de algunos de los militares y uniformados que permanecen presos por los delitos que cometieron bajo la égida de su comandante en jefe. El presidente de la República, que evidentemente está haciendo esfuerzos por aparecer identificado con las clases media y pobre, rechazó la sugerencia, reafirmando el concepto que tales personas no tienen derecho al perdón sugerido. Esta decisión del presidente Piñera, como la adoptada por la jueza Susan Bolton en relación con la ley 1070 de Arizona, todavía tiene que demostrar sus verdaderos alcances y beneficios.

El documento y algunos comentarios.

A modo de introducción, la Comisión de Verdad y Reconciliación, CVR, dice: «Los Consejos de Guerra “… no hacían sino cumplir con su deber al refrendar una decisión que estaba tomada de antemano y en un nivel, por decirlo así, administrativo militar. Por ende, el Consejo era, respecto de esas personas, solo una manera de legalizar o formalizar la decisión previa ya referida”» Y, «La Comisión se encuentra moralmente impedida para aceptar que en ningún Consejo de Guerra de 1973 los interrogados, encausados y condenados hayan tenido, verdaderamente, un “debido proceso”…».

En los considerando, se afirma que 1. El inculpado declaró su culpabilidad en los delitos de que se le acusa. (CVR: Hay procesos en que los delitos se tuvieron por establecidos con la confesión de los reos sin que exista antecedente alguno que acredite el hecho punible. Esta trasgresión legal es absolutamente inadmisible para justificar una sentencia condenatoria); 2. Que aprovechándose de su calidad de profesor de literatura de la Universidad de Chile, Sede-Arica, el inculpado desarrolló un intenso activismo y proselitismo político a favor del ex Partido Socialista y en general de la Unidad Popular. (CVR: El Consejo de Guerra valoró como delito la participación en política en tiendas ajenas a su ideología. Era delito apoyar al gobierno democráticamente elegido); 3. Que constantemente propagó y fomentó la doctrina marxista en esa Casa de Estudios tanto en sus clases como fuera de ellas. (CVR: Estos hechos son repetición del punto anterior donde se insiste que es delito expresar sus ideas o convicciones políticas o filosóficas. Hay que recordar que el Estatuto Orgánico de la Universidad en esa época garantizaba la libertad de cátedra, el pluralismo ideológico y la autonomía universitaria. Por lo tanto, lo era un derecho y una obligación para la ciudadanía universitaria. Para los jueces militares después del Golpe era un delito); 4. Que el inculpado no solo fue un mero simpatizante del ex Partido Socialista, sino que un activo militante como lo demuestran los hechos de que postulara de candidato en las elecciones de autoridades de la Sede de la Universidad de Chile de ese partido marxista y que fuera elegido como Secretario de esa Universidad. (CVR: Con esta última relación de hechos ¿delictuosos? se deja en claro definitivamente el carácter político de la sentencia y la intención ideológica que animó a sus jueces. El inculpado nunca fue elegido Secretario de la Sede Arica de la Universidad de Chile); 5. Que por no resultar plenamente acreditada en autos la circunstancia atenuante de responsabilidad criminal de la irreprochable conducta anterior del inculpado contemplada en el # 6 del Art. 11 del Código Penal, este H. Consejo la rechaza. (CVR: Desde su detención en octubre de 1973 y hasta la conmutación de la pena por extrañamiento en agosto de 1975, nunca se autorizó al inculpado a realizar trámite alguno ni menos conseguir un certificado de antecedentes limpios como los tenía antes de la condena, documento que habría servido para certificar su irreprochable conducta anterior).

Por los «delitos» enumerados, el profesor universitario Eloy Cortinez Torres fue condenado a sufrir la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo y a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.
(*) La Comisión de Verdad y Reconciliación, conocida también como Comisión Rettig estuvo integrada por las siguientes personalidades chilenas: Presidente, Raúl Rettig Guissen (jurista, ex parlamentario, militante radical); Jaime Castillo Velasco (jurista, militante democratacristiano); José Luis Cea Egaña (jurista de ideas cercanas a la democracia cristiana); Mónica Jiménez de la Jara (cientista político, independiente, vinculada a la DC); Ricardo Martin Diaz (ex ministro de la Corte Suprema y ex senador designado); Laura Novoa Vásquez (jurista); Gonzalo Vial Correa (historiador y jurista, ex ministro de Augusto Pinochet, de ideas conservadoras); José Zalaquett Daher (jurista, vinculado a la izquierda); Secretario: Jorge Correa Sutil (jurista, democratacristiano, miembro del gobierno de Lagos). Luego de nueve meses de trabajo, el 8 de febrero de 1991 la Comisión entregó al presidente Patricio Aylwin un Informe final, en que se detallan 3.550 denuncias de violaciones a los derechos humanos, de las cuales 2.296 fueron consideradas como casos calificados. Por estos y muchos otros delitos cometidos durante la dictadura militar es que la justicia chilena, medio a «trompezones» a brincos y a saltos, sigue tratando de volver, lo que se pueda, a sus cauces normales.
 

 


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