Malas vísperas de Navidad en Ixmiquilpan

La causa inmediata de la tajante negativa de los católicos fue que los protestantes cometieron el “delito” de gestionar tiempo atrás la edificación de un templo pentecostal. Pero como da cuenta la nota informativa de La Jornada (16/XII), el abogado de los evangélicos, Guillermo Cano, recordó “que los católicos [rechazan] obcecadamente la coexistencia pues no es la primera vez que se muestran intolerantes y antes ya impidieron enterrar a Jerónima Corona y Rosa Galindo, entre otros pobladores finados de distinta religión”. El asunto tiene antecedentes, y sucesivos gobiernos de Hidalgo, en el centro de México y a menos de dos horas de la capital del país, han dejado de cumplir su función como garante de la libertad de creencias.

El resurgimiento de la intolerancia en Ixmiquilpan, al igual que en el 2005, es resultado en gran medida de la incapacidad y negligencia de las autoridades federales y estatales que, con el pretexto de buscar soluciones consensuadas entre las partes, en los hechos favorecieron a quienes se oponen a la diversificación religiosa que avanza entre la población. En abril del 2001 el entonces delegado municipal, Heriberto Lugo González, prohíbe la sepultura en el cementerio del barrio San Nicolás de un difunto protestante. Lo hace porque “sus parientes (del fallecido) practican una religión diferente a la de la mayoría, que es católica”. Se intensifican los hostigamientos contra integrantes de la Iglesia Cristiana Independiente Bethel, cerca de 300, quienes por varios días sufren cortes en el suministro de agua potable, quema de cultivos y se quedan sin servicio de electricidad. Ante la avalancha en su contra. Los evangélicos aceptan, ¿tenían otra opción?, la exigencia de no usar el cementerio del pueblo.

En aquel año un grupo de los acosados se refugia en un templo evangélico en la ciudad de México. Entonces tuve la oportunidad de entrevistarlos, mostraron su disposición a dar la batalla legal. Demandaban que la Subsecretaría de Asuntos Religiosos federal hiciese valer las leyes sobre libertad y ejercicio de creencias. Además, aclaraban, su lid era porque se les reconociera que el asunto tenía un cariz religioso, y no, como se empeñaban en presentarlo funcionarios federales y estatales, una cuestión ejidal y de derechos sobre la propiedad de algunos terrenos. Sin duda que el tópico tenía repercusiones políticas y económicas, pero el factor desencadenante de todo fue la disidencia religiosa de la minoría evangélica. Ésta, al rehusarse a participar en tareas y actos estrechamente ligados al santoral e identidad católicos, confrontó el estrecho vínculo existente entre las preferencias religiosas de pueblo –y autoridades del lugar-- con los cargos políticos ocupados por celosos guardianes de esas preferencias, católicas por supuesto.

En aquel año, el 2001, escribí varios artículos en La Jornada, que me valieron algunas llamadas telefónicas originadas en la Secretaría de Gobernación (ministerio del Interior, en México), para aclararme que todo estaba en calma y bajo control. Como no era así, decidí proseguir en la documentación y denuncia del caso. Organizamos un foro público –que tuvo lugar en las instalaciones de una Iglesia metodista en el Centro Histórico de la ciudad de México-- para analizar la intolerancia padecida por los evangélicos en Ixmiquilpan. Asistieron representantes de los agredidos, periodistas, autoridades de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos y público interesado en el tópico. Recuerdo nítidamente la participación de Carlos Monsiváis. Subrayó la franca negligencia de los gobiernos federal y del estado de Hidalgo. Reclamó que, en aras de buscar salidas conciliadas al conflicto, se pasara por alto que los agresores cometían delitos disfrazados de preservación de las tradiciones. Ante ello, advirtió, sólo cabía que los gobiernos mencionados garantizaran sus derechos a los protestantes de Ixmiquilpan, así como la aplicación de las leyes a quienes abiertamente las estaban contraviniendo.

En octubre de 2005, encabezados por el delegado de gobierno en el Barrio San Nicolás, Pablo Beltrán, un grupo de intransigentes decide bloquear los caminos que conducen a un terreno en el que los evangélicos tenían la intención de construir un templo. Beltrán anuncia que el lugar iba a ser confiscado y repartido entre quienes tenían menos tierras. En una asamblea comunitaria, muy poco representativa ya que asiste apenas diez por ciento de la población, se emplaza a los evangélicos para que salgan de Ixmiquilpan en la primera semana de noviembre. Les advierten que si no obedecen la medida serían detenidos y colgados. A diferencia de otros sacerdotes católicos que defienden las creencias tradicionales del pueblo, el párroco del lugar se pronuncia claramente porque se respeten los derechos de la minoría evangélica. Beltrán y sus seguidores no le hacen caso.

Sobre los sucesos de 2005, Carlos Monsiváis escribió una detallada crónica en el semanario político de más circulación y prestigio en México, la revista Proceso. En su recuento, titulado “La libertad religiosa en México y los otros mártires” (27 de noviembre de 2005), deja constancia de que el asunto que le ocupa forma parte de una larga cadena de casos similares en la historia de México: “El problema en Ixmiquilpan no es nuevo en absoluto. Si se le quiere situar adecuadamente, téngase en cuenta que en las dos décadas recientes 135 mil indígenas, de los 450 mil que hay en Hidalgo, se han convertido al protestantismo evangélico o pentecostal, un proceso iniciado con las migraciones de los hidalguenses a Norteamérica. Como también sucedió en el período 1940-1946, el más agudo de la campaña de persecución religiosa en México [contra los protestantes, CMG] en el siglo XX (más agudo y más silenciado), el Valle del Mezquital [donde se ubica Ixmiquilpan, CMG] es un espacio del odio de los fundamentalistas”.

Ahora, de la misma manera que en 2001 y 2005, los enviados del gobierno de Hidalgo actúan igual que sus predecesores en esos años. Alberto Rosales Osorio, de Asuntos Religiosos, y el subsecretario de Gobierno en la región, Martín Quezada, se limitaron a buscar la conciliación entre los intolerantes y los agredidos. De entrada partieron de una base errónea, porque su función no es hacer exhortos ni fomentar negociaciones donde lo que hay es una flagrante violación de las leyes por parte de los agresores. Fracasaron rotundamente, los protestantes debieron sepultar el cadáver de Otilia Corona en el patio de la que fuera su casa. Sin embargo, para los funcionarios gubernamentales eso no significó una derrota del Estado de derecho.

En el asunto, ¿qué han hecho en la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos federal? Parece que la titular de la dependencia, la muy católica e integrista Ana Teresa Aranda Orozco, anda muy ocupada en convites y celebraciones navideñas como para darle tiempo a una cuestión tal vez para ella menor. Si en las oficinas federales y del estado de Hidalgo que tienen a su cargo resolver flagrantes ataques a la laicidad del Estado creen que con llamados a la tolerancia se van a moderar los intolerantes de Ixmiquilpan (ocho años de ataques a los derechos humanos en el lugar muestran que los exhortos no funcionan), entonces su vocación, así parece, está más por el lado de convertirse en pacíficos predicadores de la armonía social. Están muy lejos de cumplir como servidores públicos que garantizan el libre ejercicio de los derechos de la ciudadanía.

A quienes hayan leído todo lo anterior, y quisieran colaborar para que cesen persecuciones como la sufrida por los evangélicos de Ixmiquilpan, les comunico que sí tienen a su alcance el hacer una acción solidaria. Escriban correos electrónicos, y/o envíen faxes, a las embajadas mexicanas en distintos países, reclamando la inacción gubernamental y solicitando que haya la debida protección legal y física para con los perseguidos. Los reclamos externos le pueden al gobierno mexicano, por aquello de que es necesario mantener “el buen nombre” en la comunidad internacional.