Jugosas limosnas con bienes públicos

La información dada a conocer el pasado martes 9 de septiembre por Carlos García, corresponsal de La Jornada, documenta que entre el 25 de octubre del 2001 y hasta el 23 de agosto del 2007, los sucesivos presidentes municipales de León, Luis Ernesto Ayala Torres y Ricardo Alaniz Posada y el del edil Vicente Guerrero Reynoso cedieron los predios a la Iglesia católica, y no vieron en sus acciones ilegalidad alguna.

Es más, el actual regidor por el Partido Acción Nacional, Carlos Ramón Romo Ramsden, “dijo que el ayuntamiento no viola ley alguna al regalar terrenos a la diócesis de León. Aseguró que, a petición de la población, el cabildo entrega predios a otras religiones, no sólo a la católica”. Para tener la lista completa, que el orondo declarante revele a cuáles otras religiones han beneficiado con terrenos las piadosas autoridades municipales panistas.

En dado caso de que existiesen donaciones como las referidas a otras confesiones, cuestión que dudo, han de ser bicocas comparadas con las jugosas limosnotas es especie concedidas a la Iglesia católica.

Como ciudadanos los funcionarios gubernamentales pueden aportar de su propio peculio los donativos que gusten. Pero demostrar su inclinación confesional hacia la Iglesia católica en detrimento de propiedades gubernamentales, es totalmente contrario a las leyes. Ahí está el artículo tercero de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que cita el corresponsal Carlos García: “el Estado mexicano es laico” y no debe tener preferencia o privilegio en favor de religión alguna. Su artículo quinto señala: “Los actos jurídicos que contravengan las disposiciones de esta ley serán nulos de pleno derecho”.

La feliz relación entre donantes, los funcionarios panistas, y los beneficiarios, las autoridades católicas de León, denota tanto favoritismo hacia una creencia religiosa como daño patrimonial al municipio y vulneración del orden legal. Podrán alegar los obsequiantes que actuaron como lo hicieron por petición popular, ya que ciudadanos se organizaron para requerir terrenos sobre los cuales se edificaran templos en los que pudiesen practicar su devoción; pero la supuesta “popularidad” de sus generosas concesiones es contraria a la laicidad del Estado que juramentaron guardar y hacer guardar.

Otro aspecto que es evidente en el asunto se relaciona con la incapacidad de la Iglesia católica para valerse por sí misma en el sostenimiento y difusión de su credo. A diferencia de lo que sucede en otras creencias religiosas que han crecido en las últimas cinco décadas en México, y cuyos integrantes son la fuente para mantener las actividades de la agrupación, los clérigos católicos son muy débiles para despertar la solidaridad de sus feligreses en el sostén de la organización eclesial. Por lo tanto buscan apoyos de otras instancias –externas a las que naturalmente debieran ser sus bases financiadoras- y reiteradamente echan mano de funcionarios gubernamentales de todos los partidos políticos, aunque predominan los identificados con el PAN, para hacerse de espacios dedicados al culto religioso. Es decir, parcializan el uso de bienes y propiedades públicas, y al hacerlo se valen de influyentismo ante gobernantes proclives a conceder las pías solicitudes de obispos, arzobispos y cardenales.

Desde la perspectiva del catolicismo romano el Estado y su aparato gubernamental debe ponerse al servicio de la concepción que tiene la Iglesia católica sobre los seres humanos y la organización social. Conforme en la historia el peso de la institución eclesiástica mencionada fue disminuyendo a partir del siglo XVI, lo mismo por movimientos religiosos que mermaron la autoridad del Papa en turno que mediante la irrupción de otras cosmovisiones (y sus correspondientes postulados éticos y políticos), la Iglesia católica iba mostrándose más y más incapaz de manejar las conciencias antes dominadas con la ayuda del llamado brazo secular, o sea el gobierno puesto al servicio de lo prescrito por las cúpulas clericales.

Los gobernantes panistas, como los de León, muestran ánimos restauracionistas cuyo objetivo es hacer retroceder la separación Estado-Iglesia(s) inicialmente establecida por Benito Juárez, y los liberales que le acompañaron en la gesta, en las Leyes de Reforma, particularmente lo señalado por la Ley de Libertad de Cultos del 4 de diciembre de 1860. A partir de la anterior disposición legal, fue construyéndose en el país un entramado jurídico/político orientado hacia el fortalecimiento de la laicidad del Estado mexicano. El proceso ha sido bueno para el aparato gubernamental, para el acrecentamiento de los derechos de la ciudadanía y para el conjunto de iglesias asentadas en territorio nacional.

La excepción para convivir con la laicidad estatal, y aprender a vérselas con sus propias fuerzas y acrecentar su presencia en la sociedad únicamente por el camino de la persuasión –no a través de imposiciones- es la Iglesia católica que persiste en su pretensión de ser privilegiada por gobiernos identificados con los puntos de vista de la Iglesia mayoritaria.

Por todo el mundo, sobre todo en América Latina, pueden documentarse experiencias históricas que demuestran lo inconveniente de valerse, por parte de las jerarquías católicas, de generosas ayudas gubernamentales que en poco benefician a los pueblos. Porque esos apoyos conllevan, de una y otra parte, intencionalidades políticas reforzadoras de una confesión en sociedades plurales que expresan sus preferencias de identidad religiosa en múltiples formas y organizaciones.