En una sociedad crecientemente diversificada, como lo es la mexicana, preservar los derechos de todos demanda reconocer espacios comunes, en los que la diversidad ciudadana confluye y las particularidades de cada quien tienen que ser reservadas para practicarlas en los círculos propios, donde concurren otros y otras que comparten esa misma particularidad valorativa. Los derechos son ejercidos en contextos histórico-sociales específicos, y, por lo tanto, las libertades y/o restricciones para ejercerlos son variantes de acuerdo con la formación sociopolítica de cada sociedad.
En este sentido, el laicismo mexicano, sin tener en cuenta las razones históricas en las cuales se gestó y a las que respondió (el predominio absoluto de la Iglesia católica), puede ser visto por sus enemigos y críticos como perseguidor de las ideas y prácticas religiosas. Pero cuando nos adentramos en el contexto histórico en el que los liberales mexicanos del siglo XIX tuvieron que enfrentar el poderío eclesiástico, entonces se comprende el por qué del radicalismo dirigido contra la Iglesia católica.
El liberalismo del siglo XIX no, y subrayo el no, fue antirreligioso: fue anticatólico, que es distinto. Y si precisamos más, fue anticlerical y por ello afectó más a los clérigos que a los llamados laicos. Al mismo tiempo significó la apertura para otras confesiones cuya presencia controló y rechazó un Estado identificado con el catolicismo. Quienes ahora se desgarran las vestiduras por el laicismo prevaleciente en las escuelas públicas, convenientemente olvidan que la negadora de las libertades y practicante de la uniformización de las conciencias, fue la institución católica. Institución que, por cierto, nunca estuvo inerme ante el feroz monstruo que llama jacobinismo, sino que siempre contó con medios e instrumentos para combatirlo y que desembocó en una guerra donde las atrocidades se cometieron en los dos bandos.
Ahora nos dicen que es discriminatorio, que vulnera los derechos humanos de los padres e hijos que asisten a escuelas públicas el hecho de que en estos centros no se imparta educación religiosa, mientras en los planteles privados sí tiene lugar ese tipo de enseñanza. Nos quieren vender la idea de que el sistema educativo público laico es atentatorio de los derechos de los pobres, de quienes carecen de medios para inscribir a sus hijo(a)s en escuelas privadas donde sí pueden ser educados de acuerdo con sus convicciones religiosas.
Visto así, sin hacer los matices necesarios, pudiera parecer que, en efecto, el laicismo discrimina a los más desprotegidos económicamente. El sistema escolar público es discriminatorio, pero por otras razones que tienen que ver con maestros mal pagados, infraestructura deteriorada, carencia de recursos científico-tecnológicos, grupos que exceden por mucho el número de alumnos que recomienda una buena pedagogía y un extenso etcétera.
El laicismo es bueno para el Estado y sus instituciones, es benéfico para la ciudadanía que es plural y no quiere el predominio de una opción religiosa en las escuelas. Porque se necesita ser muy ingenuo para pensar que si se implanta la educación religiosa en las escuelas públicas, todas las confesiones van a tener las mismas oportunidades y recursos para llevar a cabo su tarea entre el alumnado. Pero, aunque no lo quieran ver, el laicismo es favorable para las asociaciones religiosas, siempre y cuando acepten vérselas con sus propios recursos y espacios sin esperar la providencia estatal, crecer sin los medios gubernamentales.
Si los consternados por la carencia de educación religiosa en los planteles educativos públicos, sobre todo los clérigos y sus cercanos ideológicamente, evalúan las cosas con calma podrán ver que esa carencia en realidad es una oportunidad para revitalizar a las iglesias que en verdad quieran proveer instrucción religiosa a los infantes que en sus escuelas no tienen acceso a ella. Tienen toda la libertad y el derecho, no sé si la imaginación y la vocación, para abrir cursos diarios parroquiales en los cuales formar de acuerdo con su fe al estudiantado.
Porque la cuestión no es de derechos negados en la escuela, sino de espacios en los que cada especificidad religiosa valorativa sepa potenciar sus recursos para internalizar sus principios en su respectiva feligresía. No han sabido hacer su tarea, y quieren que las instituciones públicas hagan bien lo que ellos han hecho mal. Ahora se amparan en los derechos humanos, cuando lo que buscan es ampliar la presencia de las corporaciones religiosas que, a menudo, atentan contra los derechos de los ciudadanos.
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