A juicio por condenar el asesinato de un estudiante

Una madre nigeriana será juzgada por blasfemia después de condenar un linchamiento a través de WhatsApp. La madre, que tiene cinco hijos, se enfrenta a una amenaza de muerte por haber condenado el asesinato de un estudiante a manos de una turba.

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Se trata de una trabajadora sanitaria cristiana que ha estado encarcelada desde mayo de 2022 y ha sido informada de que será llevada a juicio por cargos de blasfemia. Rhoda Jatau, madre de cinco hijos, ha perdido su intento de que un tribunal desestime el caso en su contra. Esta sentencia ha sido una gran decepción para Rhoda, su familia y sus seguidores.

Rhoda, originaria del estado de Bauchi en el norte de Nigeria, lleva más de dieciocho meses en prisión por haber compartido un vídeo en el que denunciaba el linchamiento de otra joven nigeriana, Deborah Samuel Yakubu. La Sra. Yakubu fue apedreada y posteriormente quemada hasta la muerte por sus compañeros de estudios, luego de agradecer a Jesucristo en un grupo de WhatsApp estudiantil por ayudarla a aprobar sus exámenes.

Tras una vista celebrada el pasado 27 de noviembre, el Tribunal Superior del estado de Bauchi rechazó la alegación de los abogados de Rhoda de que no existía un caso en su contra. Se esperaba que esta alegación tuviera éxito y el caso fuera desestimado.

Sin embargo, el tribunal determinó que Rhoda tiene un caso que responder y debe ser juzgada. Su equipo legal debe presentar ahora los argumentos de la defensa mientras ella permanece en prisión.

El tribunal civil donde se lleva a cabo el juicio tiene la facultad de dictar una pena de prisión, pero también expone al condenado al peligro extremo de un linchamiento público.

Los cargos en su contra incluyen incitación a la alteración del orden público y al desprecio de las creencias religiosas, siendo este último el equivalente civil a la acusación de blasfemia.

A sus 45 años, la mujer permanece recluida sin juicio y sin la posibilidad de comunicarse con su familia.

Este ha sido el sexto intento de sus abogados por asegurar un juicio justo y organizar su defensa. Los intentos anteriores fracasaron debido a retrasos alegados por el gobierno local, pérdida de documentación o declaraciones de vacaciones inesperadas.

«Rhoda Jatau ejerció legítimamente su derecho a la libertad de expresión y a la libertad de religión o creencia de forma pacífica», afirmó el trabajador sobre el terreno Caroline Duffield.

«El hecho de que sea procesada por compartir contenido que condena un asesinato sin sentido es sorprendente».

No se están tomando medidas contra los implicados en la violencia colectiva que resultó en la muerte de Deborah Yakubu, a pesar de que los agresores grabaron imágenes en sus teléfonos y las compartieron."

Los cristianos, una minoría en el norte de Nigeria, enfrentan discriminación constante y fuertes presiones debido a su fe, incluyendo acusaciones informales de blasfemia e insultos hacia la religión mayoritaria.

«La forma en que se ha abordado la violencia colectiva contra Deborah Yakubu y Rhoda Jatau muestra claramente una preocupante cultura de impunidad contra los agresores en algunas partes de Nigeria», afirmó Duffield.

Existe legislación contra la blasfemia en 12 estados del norte de Nigeria, los cuales adoptaron la sharía en 1999. Estas leyes no concuerdan con las garantías constitucionales nigerianas de libertad de conciencia y expresión religiosa. En Nigeria, los tribunales de la sharía pueden imponer la pena máxima de muerte.

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Tanto la Unión Europea como las Naciones Unidas han expresado en repetidas ocasiones su preocupación y han instado al gobierno nigeriano a derogar las leyes sobre la blasfemia.

En su última carta al gobierno nigeriano, fechada en agosto de 2023 y publicada recientemente debido a la falta de una respuesta formal de Abuja, los relatores especiales de la ONU destacaron los casos de Deborah Samuel Yakubu y Rhoda Jatau.

Pidieron al gobierno de Nigeria que derogara las leyes sobre la blasfemia, las cuales «legitiman actitudes sociales negativas y violentas hacia los miembros de minorías religiosas y fomentan y conducen a actos de violencia contra ellos», afirmaron.

En 2020, en el estado nigeriano de Kano, un niño de 13 años que declaró su ateísmo fue condenado a diez años de cárcel por presunta blasfemia. Finalmente fue puesto en libertad tras campañas internacionales de gran repercusión. Yahaya Sharif, un cantante de góspel de 22 años de origen musulmán sufí, fue encarcelado en 2020 por cantar sobre creencias religiosas sufíes en las redes sociales. Sigue en la cárcel, al igual que Mubarak Bala, presidente de la Asociación Humanista Nigeriana, condenado a 24 años por blasfemia en 2020 tras criticar al islam en las redes sociales.