México: 150 años de la Ley de Libertad de cultos y su significado

Los adversarios ideológicos de Benito Juárez, y la valiente generación de liberales que le respaldaron en una lid descolonizadora, son minimizados por el conservadurismo más rancio. Los malquerientes del Estado laico (Carlos Monsiváis dixit), no acaban de digerir la norma libertaria que rompió la espina dorsal de un régimen uncido a los deseos clericales católicos.

La Ley de Libertad de Cultos no creó, hay que decirlo, la diversificación religiosa en el siglo XIX mexicano. Esa normatividad tiene una doble vertiente. Por un lado otorgó una vía legal para el reconocimiento de grupos que desde finales de la década de los años veintes decimonónicos fueron alejándose de la Iglesia católica, conformando el incipiente protestantismo mexicano. Le dio visibilidad a una corriente subterránea, que se fue fortaleciendo hasta surgir como una opción religiosa válida para algún sector de la ciudadanía.

Por otra parte, si como dijimos antes, el instrumento legal juarista no llegó a un terreno infértil para la pluralización religiosa, sí representó una garantía libertaria para quienes ya estaban ejerciendo discretamente un credo distinto al católico. También facilitó la práctica de la religiosidad disidente, y abrió cauces para definir la identidad nacional de manera distinta a la del predominio político y cultural del catolicismo, declarado por la Constitución de 1824 como religión oficial inamovible de la nación mexicana.

Los opositores históricos a la lucha emprendida por Juárez revelaron su talante anti democrático en un gesto simbólico que quiso ser anecdótico. Con la retirada de las paredes de la residencia oficial de Los Pinos (en el año 2000), por parte de Vicente Fox, de un cuadro con la figura del Benemérito de las Américas se quiso cobrarle una factura a quien el catolicismo integrista ha visto como el demonio que introdujo la perversidad de elección confesional. Fox sacó a Juárez de la residencia presidencial, pero no pudo erradicar la laicidad bien asentada en la mayoría de los y las ciudadanos.

En los diez años que llevamos de gobiernos del Partido Acción Nacional en la presidencia de la República, ésta se ha prestado gustosamente a los intentos restauracionistas de la cúpula clerical que sigue considerando como tarea del Estado coadyuvar en la implementación de la ética católica al conjunto de la sociedad. Pero una y otra vez esos intentos han topado con un sedimento histórico presente en las conciencias de la mayoría de connacionales. Se trata de una de esas llamadas por Carlos Monsiváis “herencias ocultas”, la cotidianidad valorativa que tiene tras de sí un conjunto de convicciones conformadas al gusto de cada quien y no la imposición que anula la libertad de elección.

Por otra parte, en la antípoda ideológica al conservadurismo anti juarista, se encuentra una izquierda que reconoce la centralidad en la construcción del país de la Ley de Libertad de Cultos, así como el conjunto de las otras leyes de Reforma. Sin embargo, a la hora de poner en práctica esa libertad por parte de grupos pertenecientes a los pueblos originarios de México, se les sigue acusando de menoscabar la integridad de las culturas indígenas.

Persiste con mucho vigor una izquierda persignada, que ve peligros y complots externos donde solamente hay decisiones endógenas por elegir una nueva identidad religiosa. Porque los porcentajes alcanzados por el cristianismo no católico entre los pueblos indígenas es mayor a la media nacional. Y esto es así por decisión propia de quienes han optado por nuevas creencias y sus consecuentes prácticas. Esa izquierda duda de la mexicanidad de quienes optan por una religiosidad distinta de la tradicional. En su miopía es incapaz de ver que es en el seno de los propios pueblos indios donde se gesta la diversificación, y no en conspiradores llegados desde afuera.

A siglo y medio de la Ley de Libertad de Cultos es en el México predominantemente indígena donde con preocupante frecuencia tienen lugar actos de intolerancia contra los protestantes. Durante los cuatro años que lleva la administración federal actual, se han recrudecido actos de violencia que restringen los derechos de indios e indias evangélicos. En Chiapas y Oaxaca aumentan los casos de hostigamiento, persecución y expulsión en contra de cristianos no católicos que se niegan a cumplir cargos cívico-religiosos ligados al tradicionalismo católico. Autoridades federales, estatales y municipales hacen caso omiso de lo promulgado por Juárez, indígena zapoteca, en detrimento de otros indígenas cuya identidad elegida les parece “poco india”.

Un acto jurídico, la promulgación de la Ley de Libertad de Cultos, trajo transformaciones culturales indeseadas por los partidarios del hermetismo conservador a ultranza. A regañadientes los enemigos de lo que significa Juárez en la construcción de un nuevo perfil nacional, han tenido que comprobar por sí mismos que la generalidad de la población no les acompaña en sus deseos retrógrados. Porque tal vez sin saberlo del todo, un muy alto porcentaje de los mexicanos y las mexicanas es juarista. No quiere que iglesia alguna dicte normas generales de conducta, ni a los gobiernos privilegiando a una confesión religiosa en particular.

La mezquindad convenientemente olvidadiza quiso expulsar del calendario del Bicentenario la gesta intermedia entre el inicio del movimiento de Independencia y los comienzos de la Revolución. Los ciento cincuenta años de la Ley de Libertad de Cultos están con letra chiquita en el calendario oficial, si es que están. Pero permanecen con caracteres mayúsculos en la descolonización del país.