Los (des)Acuerdos España-Vaticano

Han pasado siete meses y el secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, no ha vuelto a mencionar el tema que tantas expectativas despertó en el 38 Congreso del Partido el 4 de febrero último: la derogación de los Acuerdos firmados entre el Estado español y el Estado vaticano en 1979. Dijo entonces Rubalcaba: “si cada vez que la derecha llega al poder vuelve a imponer dogmas que son sólo de algunos, nosotros tendremos que revisar también algunas normas de la Transición. El PSOE se replanteará seriamente la revisión del Acuerdo con la Santa Sede”.

Nada.

No ha vuelto a tratar el tema.

¿Miedo a los obispos? ¿Política para evitar enfrentamientos con la Iglesia católica? Él sabrá-

El primer Concordato que se firma entre España y el Vaticano data de 1122. Como se ve, la dependencia de España al poder y a las exigencias de la Iglesia de Roma tiene siglos de historia. Desde esa fecha hasta 1979 nuestro país ha firmado cinco concordatos con el Vaticano. Poco después de la guerra civil que padeció España, implantado el nacionalcatolicismo, el 7 de agosto de 1953 Franco y Pío XII formalizaron un Concordato que el régimen consideraba importante para su prestigio internacional. En nombre de España firmó su embajador en el Vaticano, Fernando María Castiella, el hombre que, nombrado ministro de Asuntos Exteriores en febrero de 1957 destacó en su lucha a favor de la libertad religiosa y en defensa de los protestantes españoles, ignorados, discriminados y vilipendiados desde el triunfo del nacionalcatolicismo en 1939.

Si se lee con detenimiento e imparcialidad el texto de aquél Concordato se observará que todos los privilegios los recoge Pío XII. A Franco le deja dos: Su opción a nombrar obispos, para que no se le colara alguno desafecto al régimen, y la promesa de orar por él y por España. Es lo único que cede Roma: oraciones. Unos años después, criticando los privilegios concedidos al Vaticano en el Concordato, el teólogo católico Enrique Miret Magdalena escribía en la revista TRIUNFO (21-12-68): “Los conflictos religioso-políticos no fueron resueltos por este tipo de convenios, y, además, la Iglesia dio el mal ejemplo, ante tantísimos ciudadanos oprimidos por el fascismo, de estar solicitando siempre ventajas y privilegios para ella, desentendiéndose de la situación general de los demás”.

Entrados los años 70 la Administración española estudia la revisión del Concordato firmado en 1953. A mediados de 1976, siendo presidente de Gobierno Adolfo Suárez, se nombran cinco comisiones compuestas por eclesiásticos designados por la jerarquía católica y representantes de los ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia y Educación. J. Luis Diez, en un artículo publicado en la revista GUADIANA (7-9-76), escribía: “Para unos y otros el asunto va a resultar acaso más complicado de lo que se creen. Se trata, nada más y nada menos, que de dar forma jurídica a una serie de derechos, libertades, creencias, exigencias de conciencia… Y eso es muy difícil, por no decir imposible, hasta para la Iglesia, que, si en otros tiempos hizo y deshizo a su antojo, en los presentes días tiene –debió haber sido siempre así- que sentirse más servidora que señora”.

Fue difícil, en efecto, pero no imposible. Las comisiones avanzaron en sus trabajos y los nuevos Acuerdos, que sustituían al Concordato de 1953, fueron firmados por Madrid y el Vaticano el 3 de enero de 1979. El tercero de los cuatro Acuerdos, referidos a finanzas, establecía que el Estado continuaría subvencionando a la Iglesia católica con cantidades que irían aumentando año tras año.

Estos son los Acuerdos denunciados por Pérez Rubalcaba. Al mencionar su intención en el Congreso citado cosechó prolongados aplausos. Algunos delegados dijeron que había sido la proposición más llamativa de su discurso. No obstante, se ha de recordar que han sido los gobiernos socialistas los que, desde 1979, han reafirmado la vigencia de tales Acuerdos. Primero en 1987, cuando en lugar de anularlos Felipe González fijó una cantidad anual de los presupuestos a la Iglesia católica, además de establecer la casilla en el Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas, que también beneficiaba a la Iglesia. Más recientemente, en el 2006, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero renovó el Acuerdo económico, ampliando el porcentaje de renta que la Iglesia católica arranca de los contribuyentes.

El pasado mes de febrero intervino en el conflicto la Asociación Preeminencia del Derecho, presidida por el abogado murciano José Luis Mazón. Este presentó una demanda en la Audiencia Nacional alegando que los Acuerdos con el Vaticano vulneran la laicidad del Estado español y son incompatibles con los artículos 16.3 y 14 de la Constitución. A juicio de Mazón, “un Estado aconfesional no puede financiar y dotar de privilegios a una entidad religiosa porque esa conducta es propia de un Estado confesional o clerical”. Aclarado ese punto insiste que los Acuerdos firmados en 1979 son “un concubinato eclesiástico a favor del clero católico inconciliable con la separación entre asuntos de las iglesias y del Estado, o laicidad de este”.

Nada. No ocurrió nada.

José Luis Mazón obtuvo la callada por respuesta.

La Audiencia Nacional no se pronunció. Ni lo hará.

Durante la legislatura del último Gobierno socialista se proyectó una nueva Ley de libertad religiosa que, entre otros temas, revisaría los Acuerdos entre España y el Vaticano. La Conferencia Episcopal –cardenales, arzobispos y obispos- se opuso tenazmente a ese proyecto de Ley. El Gobierno socialista agachó la cabeza, archivó la idea, renunció al texto ya preparado, hizo a escondidas la señal de la cruz y casi pide perdón al señor cardenal por tamaño atrevimiento.

La España eterna, oscura y oscurantista, siempre dentro de la sotana o con la sotana dentro.