`La´ religión y la Constitución

Carrillo debería haber sido más específico al etiquetar su trabajo. El artículo y el substantivo religión que le sigue no se corresponden con la realidad abierta. La religión, así, en general, no devalúa constituciones. No todas las religiones. A lo largo de su escrito Carrillo alude a un conflicto surgido entre la Jerarquía católica y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Más correcto y más justo habría sido encabezar su artículo con un título que dijera, por ejemplo, “la religión católica devalúa la Constitución española”. Porque además de la católica, en España conviven otras creencias religiosas. Por ejemplo, las nuestras. Nosotros no somos católicos, apostólicos ni romanos. Nosotros somos cristianos. Cristianos evangélicos. O, si así se entiende mejor, somos protestantes. Desde que la Constitución se promulgó en 1978, nadie puede acusarnos de habernos pronunciado contra ella restándole valor.

La Historia de España está tan llena de ejemplos como de siglos. La Iglesia católica, poder hegemónico por antonomasia, acostumbrada a ordenar y regular todas las esferas de la conducta humana, desde siempre ha extendido sus poderosos tentáculos por todas las instituciones del Estado. Se considera poder de poderes y no se resigna a dejar de serlo ante eventuales poderes superiores.

Pero de esta conducta no se puede culpar a la religión, así, sin más, metiendo todas las aguas, sucias y limpias, turbias y claras en un mismo pozo.

El fondo del artículo de Marc Carillo es este: Maria del Carmen Galayo Macías, uno de los 17.000 profesores de religión católica que hay en España contratados por los obispos y pagados por el Estado, prestó servicios en diversos centros escolares públicos de Canarias desde el año 1990. En octubre del 2002 fue despedida por la dirección católica del último centro donde trabajaba. La única razón que se le dio fue que no podía enseñar religión católica por estar viviendo con un hombre distinto a su marido, del que se había separado.

Galayo Macías recurrió su despido. Después de muchos papeleos, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias falló a su favor y señaló la contradicción existente entre los Acuerdos firmados por el Estado español y el Estado vaticano en enero de 1979 y lo que dice la Constitución referente al régimen laboral de los profesores. Se trataba de dilucidar, en pura teoría, si los obispos tienen derechos ilimitados sobre los profesores que enseñan en sus colegios, siendo que éstos están pagados por el Estado. Ahora, después de varios años de recurrir y contrarrecurrir, el Tribunal Constitucional de la nación, en una sentencia que ha encendido de nuevo la polémica en las relaciones Iglesia católica-Estado, da la razón a los obispos y se la quita a la profesora. Su presidenta, Emilia Casas Baamonde, ha entendido que “son únicamente las iglesias, y no el Estado, los que pueden determinar los requisitos de las personas para enseñar religión”.

Esta historia es la que ha motivado el artículo del señor Marc Carrillo, muy mal titulado, pero bien concluido, cuando dice: “En la interpretación del Tribunal Constitucional de los Acuerdos con el Vaticano de 1979 la condición aconfesional del Estado deviene pura falacia y la Constitución como norma suprema queda devaluada”.

Correcto. Pero no es la religión la que devalúa la Constitución. Es la religión católica, apostólica y romana, que tiene secuestrado al Estado español mediante unos Acuerdos que han sido repetidamente denunciados desde todas las instituciones, incluso en el Parlamento y en el Senado. La total eliminación de estos Acuerdos no parece cosa fácil, porque la Iglesia católica es un poder político que tiene su cola en el siglo IV, desde Constantino llamado el grande, y sus colmillos en la era espacial que estamos viviendo.

Denuncias como la de Marc Carrillo están justificadas. Pero especificando. Concretando. Señalando. Dando nombres y apellidos. Las culpas de una religión no deben extenderse a la religión en general.