El País ha publicado en su edición de este sábado un bochornoso artículo sobre el crecimiento de iglesias evangélicas en la zona de Carabanchel.
Con experiencia en el ámbito de la política y de la comunicación, asume el cargo “con muchas ganas de hacerlo bien”. “La cuestión religiosa siempre me ha interesado”, asegura.
El ‘Govern’ destaca el trabajo de la IBEC “en favor de la libertad religiosa y de pensamiento” con el Memorial Cassià Just.
El delegado del ‘Govern’, Joan Borràs, ha visitado las nuevas instalaciones del hospital para impulsar un acuerdo de colaboración entre la Administración pública y el equipamiento sanitario.
Además del cese de la hasta ahora responsable, Yvonne Griley, y del nombramiento de Carles Armengol en su lugar, la institución pasa a depender del Departamento de Presidencia.
Coincidiendo con la inauguración del I Congreso Internacional sobre este derecho fundamental celebrado en Cataluña, Lourdes Ciuró ha remarcado la defensa del pluralismo como algo “clave”.
El informe del órgano judicial señala errores y peligros de la norma, y se opone con rotundidad a la prohibición de las terapias de conversión.
En 2022 se cumplen 25 años del reconocimiento de la IBEC con la ‘Creu de Sant Jordi’ por parte de la Generalitat. “Fue muy importante”, recuerda su presidenta, Noemí Cortès.
El largo bloqueo del órgano de gobierno de los jueces en España vuelve a hacer necesaria una reflexión sobre la relación entre el poder político y el judicial.
“Debemos trabajar para garantizar el derecho de la libertad religiosa y de conciencia, y esto no deja de ser un objetivo elevado y valioso”, dice la nueva directora de Asuntos Religiosos de Cataluña, Yvonne Griley.
La filóloga y lingüista Yvonne Griley sustituye a Xavier Bernadí y se convierte en la séptima responsable en la historia del organismo.
El Consejo Asesor para la Diversidad Religiosa en Cataluña presenta un documento de orientación para lo medios de comunicación y su tratamiento del hecho religioso.
El próximo 29 de octubre finaliza el plazo para que los lugares de culto catalanes de antes de 2010 regularicen su situación ante la Administración.
A pesar de no contar con ningún título que acredite su propiedad, la ICAR cuenta con 3.722 inmuebles a su nombre, de los que solo la mitad son destinados al culto.
El plazo expiraba el 11 de agosto y ahora está previsto que el Departamento de Justicia establezca una nueva fecha.
Según la última actualización de los datos por parte de la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Generalitat, en los últimos cinco años se han abierto cuarenta nuevas iglesias en el territorio catalán.
La Generalitat responde con una serie de compromisos al movimiento estudiantil contra el cambio climático. “Nos parece muy simbólica y seguiremos reclamando esa acción necesaria y urgente”, dicen activistas en defensa del medio ambiente.
La concesión extraordinaria de diez años por parte de la Generalitat, para poner al día los centros de culto, termina en julio de 2020 y todavía hay muchas comunidades que no cumplen el reglamento.
La falta de acuerdo para sacar adelante los Presupuestos Generales llevan al Ejecutivo a efectuar la convocatoria. Serán las terceras elecciones generales en cuatro años.
El procedimiento jurídico que sienta a doce de los responsables del referéndum de autodeterminación en Cataluña, genera un debate que trasciende lo estrictamente judicial.
12 exaltos cargos de la Generalitat se sientan ante el Tribunal Supremo por la organización del referéndum del 1 de octubre y la posterior declaración unilateral de independencia de Cataluña.
La entidad tendrá una asignación de 2.200.000 euros anuales de 2019 a 2021, de acuerdo a un nuevo plan estratégico aprobado por el Ministerio de Justicia.
El hasta ahora responsable de la institución ha asegurado no esperar su despido y ha explicado que no se le ha justificado ningún motivo. Le sustituirá Marcel·lí Joan, con una amplia trayectoria en el ámbito institucional y católico.
Génesis, Proverbios, Ezequiel, Mateo y Efesios, son algunos de los libros a los que han hecho referencia Carles Mulet y Jordi Navarrete, de Compromís.
Según publica el Consejo General del Poder Judicial, más del 60% de los casos se deben a impagos del alquiler.
Han sido acusados de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. La jueza Carmen Lamela considera que hay riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.
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