El ‘Procés’, juicio, identidad, política

Expectativas de una solución legal y visión de ilegitimidad por un proceso considerado como politizado. A grandes rasgos, estas son las dos posturas que se erigen alrededor del juicio al ‘Procés’, que ha comenzado este martes y que sienta en el banquillo del Tribunal Supremo a nueve ex-altos cargos de la Generalitat y a dos activistas como responsables de la organización del referéndum de autodeterminación celebrado en Cataluña el 1 de octubre de 2017.

Un procedimiento judicial singular, histórico dicen muchos, porque, por primera vez en la conciencia de la democracia española, se juzga a cargos públicos por presuntos delitos de rebelión y sedición, por los hechos relacionados con la consulta que acabó en una declaración unilateral de independencia por parte del Parlament y el expresidente Carles Puigdemont. 

Para algunos, como es el caso del vicepresidente de la Alianza Evangélica Española, Xesús Manuel Suárez, se trata de un escenario al que se llega “después de un fracaso pleno en utilizar vías políticas de solución”. Sin embargo, un proceso judicial tan particular está implicando reflexiones a distintos niveles, no sólo en cuanto a política y justicia, sino también ética o identidad. 

EL JUICIO ¿HERRAMIENTA CORRECTA PARA ESTA SITUACIÓN? 

La legitimidad, o no, del juicio ha ocupado gran parte del debate hasta ahora. Si bien los acusados han preparado su defensa, de la misma manera que se acabaron presentando las listas para las elecciones del 21 de diciembre de 2017, después de la aplicación del artículo 155 y la disolución del Parlament, las primeras intervenciones han llevado la reflexión hacia un carácter marcadamente político. “La vía judicial no resuelve estas cosas, y como evangélicos deberíamos saberlo, porque estamos persuadidos de que los desencuentros se deben abordar de forma directa, con voluntad de comprender a la otra parte”, considera Suárez. 

Desde una visión jurídico-técnica, sin embargo, el presidente del Foro de Evangélicos del Derecho, Eliseo Gómez-Lor matiza que “hay que rechazar la insinuación de que se trate de un juicio político, lo que significaría perseguir ideas”. “Nuestro ordenamiento jurídico no persigue el independentismo como doctrina o punto de vista político, por el contrario, facilita cauces para su manifestación. No es delito en España ser independentista, ni presentarse a unas elecciones con un programa donde se fije como objetivo obtener la independencia de una parte de territorio, lo que por ejemplo en Alemania sí es causa de ilegalización de partidos políticos”, añade el jurista, partidario de entender que “la contienda política, se queda en la política”. 

Una línea que para otros es fina y difícil de distinguir. “Esperamos un juicio justo, pero nos tememos una venganza visceral”, dice Natanael Planes, en representación del grupo Protestants per la República, que observa una serie de irregularidades en todo el proceso previo al inicio del juicio, como la prisión preventiva de los acusados o la institución (el Tribunal Supremo) que acoge la causa. 

Para el abogado Juan Miguel Torres, se trata de un caso que “ha de abordarse con total normalidad democrática”. Torres contempla el juicio como “una respuesta del Estado de Derecho” y apunta hacia las garantías constitucionales. “Un estado democrático se ha de caracterizar por respetar el Estado de Derecho, y todos los poderes y los ciudadanos han de someterse a las leyes vigentes y a la norma fundamental, como es la Constitución de un país”, remarca. 

DE IDENTIDADES JURÍDICAS Y POLÍTICAS

“Los catalanes protestamos porque estamos excluidos de determinadas decisiones políticas”, aseguraba el abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, ante los tres magistrados del Supremo en su primera intervención en el juicio. El procedimiento judicial contra el ‘Procés’ ha evidenciado también lo intangible que resulta en ocasiones la separación entre ideología e identidad. “Como todo juicio sobre hechos que han tenido un impacto mediático, supone un reto, porque los magistrados no ignoran que sus consideraciones serán ampliamente conocidas y que mucha gente ya tiene un juicio formado al margen del proceso judicial”, destaca Gómez-Lor, que también recuerda que no se trata de un problema para el Tribunal Supremo porque “casi todo los juicios sobre hechos que han sido objeto de opinión y valoración en medios masivos de comunicación, terminan allí”. 

Los acusados en el banquillo del Tribunal Supremo durante la primera sesión del juicio. / CGPJ

“La democracia no es un sistema político que garantiza soluciones fáciles; para esas soluciones están los totalitarismos. La democracia permite expresar en libertad las convicciones más profundas de los individuos y colectivos y permite la libre concurrencia de ideas y propuestas”, defiende Suárez desde una reflexión más política. Para el vicepresidente de la Alianza, la perspectiva evangélica también aporta soluciones que habrían podido evitar este escenario. “Dios no nos impone la identidad a ninguno de nosotros, la decidimos en libertad reconociendo voluntariamente su soberanía; ¿cómo, entonces, se nos ocurre a nosotros imponer la identidad a ningún colectivo? Los evangélicos deberíamos tener claro por esta razón que la identidad no se impone: se reconoce voluntariamente […] Dios tenía todas las armas legales para condenarnos, pero no se conformó con la legalidad, sino, teniendo el poder y la legitimidad, dio Él el primer paso para la reconciliación con nosotros, superando la vía de la ley. El reconocimiento del otro, de su identidad diferente, y la voluntad de concertación son un mejor camino para la convivencia”, opina. 

Para el abogado Torres, es la propia ley la que legitima el proceso y los jueces y no la ideología o la identidad que, dice, “no pueden contaminar la imparcialidad de la justicia”. “No ha de confundirse la cuestión técnica jurídico penal con una determinada realidad de un sector de la sociedad […] El Estado de Derecho ha de imperar por higiene democrática, sean quiénes sean los investigados. Creo que existe un cierto interés por parte de sectores de la población en trasladar las diferencias entre la población catalana a las instituciones judiciales, y desde luego, creo que eso ni es acertado, ni es real”, insiste. 

¿HAY GARANTÍAS DE UN JUICIO JUSTO?

Ni la cuestión de la legitimidad, ni la de la identidad, tensan tanto el debate como la de las expectativas sobre el juicio. Aquí es donde los puntos de vista se alejan más los unos de los otros. Y ambos sectores echan manos a ejemplos y sentencias que los respaldan. 

“España cuenta con un sistema judicial muy garantista. Estamos viendo cada día cómo políticos que pertenecen a diversos partidos, incluso personas afines a la Casa Real, han sido o están siendo juzgados, y en su caso, condenados y cumpliendo condenas de prisión”, afirma Torres. En la misma línea, Gómez-Lor apunta que “las garantías están en la experiencia de un buen número de sentencias contra cargos políticos de todo signo que se han ido acumulando en la colección de jurisprudencia en la etapa democrática y que en general evidencian un alto grado de neutralidad de los jueces cuando están ejerciendo su potestad, independientemente de cuáles sean sus convicciones políticas”. “Como en todo, hay excepciones y es muy importante evitar que el proceso del que hablamos sea una de ellas”, puntualiza.

Los magistrados del Tribunal Supremo con Manuel Marchena en el centro. / CGPJ

Para el presidente del Foro de Evangélicos del Derecho “lo que genera mayor sospecha de parcialidad de la justicia es el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial y en consecuencia, del Presidente del Tribunal Supremo”, dice sobre la polémica relacionada con el magistrado Manuel Marchena, de quien PP y PSOE habían pactado que presidiría el Congreso General del Poder Judicial. Un nombramiento que no acabó produciéndose por la filtración de unos mensajes de whatssap que reflejaban la falta de transparencia en el proceso. “Esto se podría mejorar, pero el Consejo no tiene capacidad de influir en las decisiones de los magistrados cuando están juzgando casos concretos”, recuerda Gómez-Lor.

“No seamos ingenuos”, pide Suárez. “La sentencia está ya escrita y las manifestaciones de jueces y miembros del gobierno español lo ratifican. Es una sentencia definitivamente política que se envolverá en argumentaciones jurídicas”, añade, considerando que “para muchos españoles lo esencial del proceso es encontrar instrumentos legales que justifiquen meter en cintura a los catalanes”. 

Los acusados se enfrentan a penas que podrían ir desde los 12 años, en el caso del delito de sedición interpuesto por la Abogacía del Estado, hasta los 25 años, en el caso de que la condena fuese por rebelión, tal y como pide la Fiscalía. Digna de analizar aparte es la acusación popular de Vox, que en algunos casos pide hasta 70 años. Cantidades de tiempo a las que hay que sumar el año y los tres meses que la mayoría de los acusados llevan en prisión preventiva. “Se está enjuiciando un presunto acto delictivo sancionado con penas muy graves, motivo por el cual, entre otros, se ha aplicado la prisión preventiva. La prisión preventiva, que se viene aplicando en España con toda normalidad, no es arbitraria”, manifiesta el abogado Juan Miguel Torres. 

UN PROCESO LARGO PARA UN RESULTADO QUE TRASCIENDE LO JUDICIAL

Se espera que el juicio dure meses, por lo que la sentencia podría no conocerse hasta la segunda mitad del año. Coincidiendo con el inicio del juicio, las manifestaciones no se han hecho esperar en las principales ciudades de Cataluña. Desde Protestants per la República, que celebraron una velada de oración el 2 de febrero “por los presos políticos”, están planeando diferentes encuentros para hacer seguimiento del caso. “No tenemos una agenda, pero sí hemos acordado reunirnos más veces para orar”, explica Planes. “Muchos hemos coincidido en las movilizaciones que se han ido convocando para clamar por justicia y libertad, y lo seguiremos haciendo, pacíficamente pero con determinación”, asegura. 

De bien seguro es que la sentencia tendrá unas consecuencias que trascenderán lo judicial, e incluso lo político. “La imagen que se perciba de la justicia en relación con el juicio del ‘Procés’, desgraciadamente no creo que vaya a tener nada que ver con el papel técnico y jurídico que desempeñe la justicia, sino con las campañas mediáticas que se hagan del evento, tanto aquí como en el extranjero. Así sí que se puede debilitar la visión de legitimidad del juicio, dependiendo de lo que cada uno vea, lea o escuche, pero entiendo que no la legitimidad misma, salvo que el tribunal no consiga abstraerse del juicio paralelo mediático. Si la sentencia que en su día se dicte se limita a contrastar los hechos con la ley y no entra en calificaciones ni descalificaciones políticas, reforzará su prestigio”, señala Gómez-Lor.

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