El informe del Consejo General del Poder Judicial sobre el anteproyecto de ley trans y LGTBI advierte de los peligros jurídicos y sociales del texto presentado por el Gobierno, en un firme varapalo al proyecto redactado por el Ministerio de Igualdad.

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A grandes rasgos, el CGPJ advierte que la normativa podría vulnerar los derechos de las mujeres, propone elevar el límite de edad para la rectificación en el registro en lo relativo al sexo a los 18 años -impidiendo que menores tomen esta decisión-, considera que la ley traería consecuencias negativas en ámbitos como el deporte o en el acceso a ciertas profesiones, y se muestra disconforme con la prohibición de las terapias de conversión.

Consentimiento de menores

La norma propuesta por el Gobierno pretende que los menores de edad puedan decidir cambiar el sexo con el que han sido registrados en su nacimiento desde los 12 años, sin presentar ningún informe médico ni psicológico. Hasta los 16, según la propuesta del Gobierno, debería el menor contar con el consentimiento paterno o, en caso de divergencia con el criterio de los padres, con el apoyo administrativo. La norma proponía además que a partir de los 16 años -todavía en el rango de menores de edad- se pudiera dar este paso sin consentimiento paterno.

El máximo organismo judicial, por mayoría, pide que se eleve a los 18 años el límite de edad para que una persona pueda solicitar por sí misma la rectificación de la mención registral relativa al sexo. “De este modo, se extendería hasta la mayoría de edad el procedimiento previsto en el anteproyecto para los menores de entre 12 y 14 años, que requiere de aprobación judicial, previa tramitación de un expediente de jurisdicción voluntaria y la demostración de la madurez necesaria y de la voluntad estable de proceder a la rectificación registral del sexo”, apunta el comunicado difundido por el CGPJ.

Terapias de conversión no pueden ser prohibidas

El texto proponía la prohibición de las llamadas “terapias de conversión”, término que se refiere al asesoramiento psicológico o conductual que pueda ofrecerse a alguna persona con respecto a su orientación sexual. El CGPJ, por unanimidad, señala su disconformidad con esta prohibición. “No cabe la prohibición en aquellas situaciones en las que se cuenta con el consentimiento del afectado”, afirma contundente el órgano judicial.

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Riesgos de la autodeterminación de género

Otro de los puntos destacados del informe de los jueces tiene que ver con los riesgos de la libre autodeterminación de género puede tener, sobre todo, para las mujeres, tanto en lo que tiene que ver con el desarrollo de espacios seguros como en espacios competenciales segregados por sexo, como el deporte o el acceso a ciertos perfiles profesionales.

Tres vocales advierten además que el proceso de cambio de sexo en el registro no puede quedar sujeto a la “mera declaración de voluntad” de la persona. “No es elemento suficiente para la efectividad del derecho a la rectificación registral, debiendo exigirse la acreditación -por los medios que el legislador estime proporcionados y oportunos- de la disconformidad con el sexo mencionado en la inscripción de nacimiento”, exponen.

Además, el CGPJ acuerda por unanimidad que el texto de la norma no haga referencia a “mujeres no transexuales”, sino que sea sustituido por la palabra “mujeres”.

Otros derechos fundamentales amenazados

Otros cuatro vocales advierten que el anteproyecto afecta a derechos fundamentales, “como la libertad ideológica y religiosa (artículo 16 CE), la libertad de expresión (artículo 20 CE) y el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral con sus propias convicciones (artículo 27.3 CE)”.

También la ley trans y LGTBI es cuestionada por su definición de “discriminación directa” que de acuerdo al órgano judicial “no cumple los principios de legalidad penal y de seguridad jurídica en la medida en que incluye situaciones que no han llegado a producirse”.

Reacción desde el Gobierno

La Ministra de Igualdad, Irene Montero, no ha tardado en reaccionar al informe negativo pronunciado por el CGPJ. A través de Twitter, Montero ha criticado a los jueces. “Ninguna sorpresa”, dice la ministra, que espera mantener el texto y tramitarlo con urgencia.

“Nuestra hoja de ruta es clara: tramitar con urgencia esta ley para que llegue al Congreso en este periodo de sesiones. Los derechos de las personas trans y LGTBI serán ley”, ha escrito.

Con más dureza se han mostrado desde Podemos, el partido de Irene Montero, que sentenciaba que “el problema no es la ley, es la caspa” en otro tuit.

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Una ley polémica

La ley LGTBI y trans ha estado marcada por la polémica, incluso llevando al enfrentamiento en el Gobierno entre distintos ministerios, lo que provocó la salida del mismo de Carmen Calvo. La norma ha sido fuertemente criticada desde colectivos feministas, así como desde muy diversos ámbitos profesionales.

Esta tensión se ha ido reflejando de forma más evidente en los últimos meses, siendo un ejemplo claro las manifestaciones del Día de la Mujer, en la que muchos colectivos feministas dieron la espalda a la convocatoria apoyada por el Ministerio de Igualdad del Gobierno.

En el ámbito evangélico, la Alianza Evangélica Española expuso ya en noviembre de 2020 su oposición a una norma que“pone en riesgo” a mujeres y niños, con una propuesta que ignora la ciencia y medicina, además de “crear una sociedad con diferentes niveles de derechos”.

La presidenta del grupo de Mujer y Sociedad de la AEE, Asun Quintana, compartió en una conferencia-coloquio en marzo de 2021 los problemas que esta norma generaría a nivel social en caso de ser aprobada. “No nos alarma la proposición de ley solo porque sea contraria a nuestra cosmovisión cristiana -comentó Quintana- sino porque amenaza a las libertades democráticas, coarta la libertad de conciencia y la libertad de expresión e invade competencias propias de la sociedad civil y la familia”.