La contratación de profesores y la matriculación son los puntos principales del convenio de la Enseñanza Religiosa Evangélica, que lleva 15 años sin revisarse.

La Reforma propuesta por el Gobierno es “una vuelta a épocas nada democráticas ni respetuosas con la aconfesionalidad del Estado” y una concesión que permite a la jerarquía católica un control de “la enseñanza pública que debería ser no confesional”.