Evangélicos marchan pidiendo paz y libertad religiosa

Unos mil evangélicos participaron el viernes en una Marcha 'Por la Paz y la Libertad Religiosa', para exigir los gobiernos estatal y Federal que se detengan las expulsiones por diferencias religiosas.

Los manifestantes denunciaron además que integrantes del cabildo de esta ciudad ha propiciado pleitos entre católicos y evangélicos.

En la protesta pacífica encabezada por Esdras Alonso González, pastor de Alas de Águila, Ejército de Dios y Manuel Collazo Gómez, de la Organización de Pueblos Evangélicos de los Altos de Chiapas (Opeach), los manifestantes gritaban consignas exigiendo respeto a sus derechos humanos.

Los cientos de evangélicos pidieron se aplique la ley contra quienes agredieron a los líderes religiosos y 31 personas que intentaron retornar a la Comunidad Los Llanos del municipio de San Cristóbal, pero que fueron agredidos el pasado 24 de junio.

ACUSAN AL GOBIERNO DE CONNIVENCIA
Luego de marchar por las principales calles de la ciudad, en un mitin realizado en la Plaza de la Paz, Manuel Collazo Gómez, líder de la Opeach, pidió a los tres órdenes de gobierno velar porque no se den más expulsiones por diferencias religiosas.

El líder evangélico de Alas de Águila, Esdras Alonso González, señaló que dentro del Cabildo de San Cristóbal hay quienes, además de proteger a quienes realizan expulsiones, las propician desde su posición de poder.

“Fidencio Pérez Jiménez regidor del PRI, que está en nuestro municipio es el que se alió, el que ha operado allí en La Florecilla”, denunció.

Alonso González además dijo que el ahora regidor priísta fue quien apoyó que a un grupo de familias evangélicas de La Florecilla se les cortaran los servicios de energía eléctrica y agua desde hace más de año y medio.

“Desde este palacio municipal, desde ahí apoyan a los expulsadores de las comunidades, ya no lo vamos a permitir”, advirtió.

EL OBISPO PIDE DIÁLOGO Y DEFIENDE A CATÓLICOS
Ante la situación el obispo católico de la diócesis local, Felipe Arizmendi Esquivel, ha vuelto a pedir “que se establezcan mesas de diálogo” para atender y aclarar los problemas de intolerancia religiosa en Chiapas, ya que en muchos casos las diferencias no son de credo entre católicos y protestantes sino agrarias, sociales, jurídicas y económicas, opina el obispo.

El obispo manifestó que “a nadie se debe de expulsar de su casa y de su comunidad sólo por confesar una fe distinta a la de la mayoría, pero los disidentes deben de respetar los acuerdos comunitarios y ejidales, siempre y cuando éstos sean conforme a nuestras leyes y a la Palabra de Dios”.

En un documento, agregó: “De nueva cuenta se está acusando a católicos de ser intolerantes con quienes practican una religión diferente, sólo porque -dicen- no quieren cooperar para las fiestas católicas”, pero “esto no es totalmente cierto”.

Dijo que en varios casos “habría que ir más al fondo de la cuestión y no presentar como intolerancia religiosa lo que es un problema agrario o de otra índole”, pues “los pueblos indígenas son muy celosos de cuidar la unidad comunitaria”.

Ante el caso de Los Llanos, el obispo cree la versión de los representantes de Los Llanos,que justifica las expulsiones. Según esta versión “en 2009 Alfonso Díaz Jiménez solicitó permiso a las autoridades ejidales para la tala de madera porque iba a construir su cocina, pero nuestra sorpresa fue que taló la madera y construyó un templo evangélico”.

Por eso cree que el conflicto se originó por esta causa, “la asamblea le llamó para decirle que en el ejido no se prohíbe la religión, pero siempre y cuando tengamos el respeto y cumplimiento de los trabajos comunitarios (limpia de mojones, educación si tienen hijos en la escuela, trabajos colectivos, etcétera), lo que Alfonso y su grupo dijeron que no querían cumplir con sus obligaciones”.

Aseveró que según las autoridades de Los Llanos “Alfonso y su grupo, de acuerdo con el pastor Esdras Alonso González, fundador de la Iglesia Alas de Aguila, han demandado a 21 personas de Los Llanos, acusándolos de robo de setenta mil pesos, de cabezas de ganado y de golpes”.

“Dicen que estos son ‘falsos delitos para incriminar y acabarnos’”, por lo que “desarmaron las casas de los que salieron ‘de acuerdo con el reglamento interno del ejido’”, agrega el obispo.

Arizmendi Esquivel mantiene que “el problema no es fundamentalmente religioso, sino que tiene otras implicaciones sociales, jurídicas, económicas y agrarias. No es, por tanto, un problema de intolerancia religiosa de católicos contra protestantes”.