Esta semana,
varias familias evangélicas que llevaban tres años expulsados de sus hogares intentaron volver, para encontrarse la oposición de sus vecinos, que actuaron otra vez con violencia.
Lamentablemente
no se trata de un caso aislado, sino que regularmente llegan noticias de evangélicos que sufren todo tipo de amenazas y persecución por parte de los vecinos, con escasa defensa por parte de las autoridades, en este Estado del sur de México.
Explica
Carlos Martínez García, periodista y escritor, que
cada caso de intolerancia contra los evangélicos en Chiapas presenta “características particulares”, por lo que no siempre es fácil dar un patrón común.
CATÓLICOS TRADICIONALISTAS
Sin embargo, históricamente los instigadores de la persecución han sido conocidos como
“católicos tradicionalistas”. Se trata de personas que “practican un catolicismo de características muy peculiares, en el que combinan creencias y prácticas autóctonas con elementos católicos, dando por resultado un catolicismo sui generis”.
En este grupo
“no necesariamente se guardan las líneas confesionales y de autoridad de la Iglesia católica”. De hecho, explica Martínez García,
“el obispo católico romano de San Cristóbal de Las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel, en distintas ocasiones ha manifestado estar en contra de las persecuciones y otros actos de intolerancia”.
Pero a pesar de estas manifestaciones que protegerían a los evangélicos,
“los católicos tradicionalistas hacen caso omiso a ese tipo de llamados. Y como las autoridades gubernamentales, por las razones que sean, los dejan que perpetren actos persecutorios, se siguen cometiendo excesos contrarios a los derechos humanos y las leyes mexicanas”.
AÑOS DE PERSECUCIÓN
Sobre esta materia se ha expresado Carlos Martínez García en su blog en Protestante Digital. En un
artículo publicado el 26 de agosto de 2012 analiza los casos de Michoacán y Chiapas, donde
la violencia contra los evangélicos se manifiesta a menudo sin que las autoridades respondan protegiendo a los más débiles.
“Cuando por la fuerte hostilidad en su contra
los protestantes han debido salir de sus poblados, son albergados por el gobierno del estado en instalaciones precarias y dejados a su suerte. Les prometen mesas de diálogo y negociaciones para convencer a los expulsadores de que permitan el retorno de los evangélicos a sus comunidades. Si es que logran la aceptación para el regreso, es común que los perseguidores busquen la firma de convenios que son lesivos a los derechos constitucionales de los agredidos”, explica.
Detrás de estas agresiones
no sólo hay un motivo económico o social, sino que se enraiza en la base religiosa que desde estos pueblos se entrelaza a la identidad. En este sentido, cree Martínez García que
las autoridades “se niegan a ver que el sustrato del diferendo es religioso, y que tiene expresiones económicas, sociales y políticas porque lo religioso también se expresa en estos terrenos”.
Por ejemplo,
“si el grupo evangélico no coopera para la fiesta del santo patrono, o la virgen, venerado(a) en el lugar, es porque su creencia religiosa es distinta a la mayoritaria y no se les debe obligar a dar recursos económicos para una fiesta que es ajena a ellos y ellas”. Este asunto ha generado muchos conflictos para las familias evangélicas, expulsadas por no pagar este “impuesto” religioso católico.
SILENCIO ATRONADOR
El
18 de septiembre de 2011, Martínez García informaba también, citando su libro 'Poligénesis del cristianismo evangélico en Chiapas', de la presión a la que son sometidos los indígenas que deciden abandonar el catolicismo.
“Quien carece de pertenencia al catolicismo o a lo que en los pueblos indígenas de Chiapas llaman “la costumbre”, es un indígena deuterocanónico. Está fuera por no ajustarse a una definición estrecha de lo correcto”.
La expulsión de los indígenas evangélicos se llevan practicando desde los años 60 hasta hoy.
Algunos autores calculan que unos 30.000 han sido expulsados de sus tierras. “Estamos – sentencia Martínez García - ante un caso de violación masiva de derechos humanos, pero también ante un caso de invisibilización sufrido por miles de indígenas cuya suerte no le ha interesado a la mayoría de personajes y organizaciones que usualmente levantan sus críticas cuando se vulnera la dignidad humana”. Un drama humano que se alimenta del silencio de demasiadas partes que podrían hacer mucho más para cambiar la situación.
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