“Con la ley LGTBI se darán tres pasos hacia la desigualdad”

La Ley de Igualdad LGTBI llega al Congreso de los diputados este martes, donde comenzará el periplo habitual de las leyes con un debate inicial en el que los partidos políticos presentarán sus posiciones al respecto.

La ley ha sido denunciada como liberticida por parte de entidades evangélicas como la Alianza Evangélica Española, pero también por entidades internacionales como ADF.

El abogado Rubén Navarro es el asesor principal para ADF Internacional en su sede en Ginebra, desde donde actúa regularmente en la promoción de las libertades en la ONU. ADF son las siglas en inglés de “Alianza en Defensa de la Libertad”, y se definen como una organización que “aboga por el derecho de las personas a vivir su fe en libertad, con un enfoque particular en la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión en el mundo”.

Hace un mes desde ADF se lanzó un memorando para analizar la ley que este martes inicia su debate en el Congreso de los Diputados, la conocida como “ley de igualdad LGTBI” que algunos de sus críticos han llamado “ley mordaza” presentada por Unidos Podemos y su grupo confederal.

En el memorando, ADF dice que “si bien el objetivo declarado de la Ley de Igualdad es loable, los efectos secundarios negativos son numerosos y de gran alcance, a tal punto que la legislación es probable que cause más problemas de los que resolvería”. Rubén Navarro explicó a Protestante Digital cuáles son los problemas que podrían derivarse de la aprobación de la ley.

Pueden escuchar la entrevista completa al final de la noticia

P. En vuestro análisis decís que la ley “legisla mucho más allá de lo necesario para garantizar la igualdad en la sociedad, y a la luz de su vasto alcance y la inseguridad jurídica derivada de la vaguedad de la terminología empleada, es probable que tenga un impacto perjudicial y significativo sobre las libertades fundamentales de los ciudadanos”. ¿Cuál es este impacto perjudicial?

R. Tenemos que tener en cuenta que quien propone la ley pretenden dar un paso hacia la igualdad que viene doce años después de la aprobación del matrimonio homosexual. Pero en realidad da tres pasos hacia la desigualdad, tres pasos hacia atrás. Lo que pretende ser un avance para una parte de la sociedad es ir en contra de la igualdad de la mayoría de la población. Esto es porque va en contra de la libertad de expresión, e incluso va en contra de varios tratados internacionales. 

Cualquiera que ha estudiado Derecho aprende en una de las primeras lecciones es sobre la igualdad jurídica entre las partes, sobre quién recae la carga de la prueba. En este caso se produce una inversión de la carga de la prueba, de forma que aquellos que son acusados del delito de odio, o de ir en contra de los derechos de los LGTBI -todo dicho de forma muy vaga jurídicamente- son los que tendrán que demostrar que no son culpables. Imaginemos que alguien es acusado de asesinato y tenga que demostrar que no es culpable. Hasta ahora, era el ministerio público o la acusación particular quien tenía que demostrar que el acusado era culpable. Ahora no: cuando a alguien se le acuse en base a esta ley, tendrá que demostrar que es inocente. Se están cambiando los fundamentos del derecho penal y por ello es un retroceso.

Hay además una violación del derecho de los padres a ser los primeros educadores de sus hijos, que se junta con estas limitaciones a la libertad de expresión y a la inversión de la carga de la prueba, haciendo una ley que se hace a favor de un pequeño grupo. Pequeño, pero ruidoso, que controla los medios de comunicación, y a la vez gran parte de las voluntades de los legisladores. Así que nos encontramos ocn que las leyes no las está decidiendo el pueblo, sino que un colectivo minoritario la ha redactado, la ha presentado con Podemos y sus aliados en el Parlamento, y este martes comenzará su tramitación parlamentaria.

Desde ADF Internacional estamos pidiendo a los partidos en el Congreso que legislen para la población, y que ante esta ley tan problemática, no se acepte su tramitación en el Parlamento y voten en contra. Pero no porque queramos dejar fuera a una parte de la población, sino porque entendemos que todos estamos protegidos por las leyes existentes. Esta ley supuestamente pretende acabar con discriminación o violencia. Nadie está a favor de discriminar o actos de violencia, de hecho hay leyes que nos protegen, independientemente de nuestros intereses, votemos a un partido o a otro. En este caso se pretende crear unos derechos en función de unas preferencias sexuales de una parte de la población, lo que es muy grave. Por hacer un símil con el fútbol, ¿qué pensaríamos si de repente una ley protegiera especialmente a los aficionados del Real Madrid con preponderancia sobre el resto? Diríamos que no sería adecuado. Con esta ley se está legislando a favor de un colectivo, de hecho tiene un alcance indebidamente amplio. De hecho la Unión Europea ya no legisla sobre estos temas, porque son controvertidos.

La ley además tiene una terminología muy vaga, crea unos delitos desde una perspectiva subjetiva, invierte la carga de la prueba con lo que eres culpable hasta que se demuestre lo contrario, luego se puede dar una ley oportunista que podría ir en contra de la libertad empresarial.

P. Otro de los puntos que tratáis tiene que ver con las sanciones. Otros críticos la llaman la ley mordaza por las limitaciones en la libertad de expresión.

R. Exacto. Por ejemplo, podemos plantearnos que pasaría si una iglesia decide convocar el día de la familia, y se invitase a las familias a una barbacoa, donde entre las actividades alguien dé una charla en la que alguien diga que la familia es la unión de un hombre y mujer, y los hijos naturales o adoptados. Muchos podrían entender que este acto fuese discriminatorio, y con la ley en la mano, podrían denunciarlos. Ante esto desde la iglesia estarían enfrentando una infracción muy grave y estarían forzados a demostrar su inocencia, por causa de la inversión de la carga de la prueba. En caso de que se cursara la sanción, se enfrentarían a una multa que iría de 20.000 a los 45.000 euros y podrían llegar a suspenderse sus actividades, privarles de autorización, cerrarles su establecimiento abierto al público, impedir que accedan a ayudas públicas… Todo esto podría pasar por convocar una barbacoa que “incite al odio, a la discriminación o a la violencia”, porque consideran que el hecho de decir que la familia debe estar formada por un hombre y su mujer con sus hijos naturales o adoptados está incitando al odio al no aceptar la diversidad de familias.

Lamentablemente estamos viendo presiones en otros países. En Australia se va a votar próximamente sobre el matrimonio homosexual, y veía ayer algunos vídeos en los que los partidarios del sí atacaban a los partidarios del no. Los vídeos son espeluznantes. Se ataca a personas que piensan diferente.

Puede pasar en España. Hemos visto ataques a personas por razones de ideología. Una ley que pretende dar un paso a la igualdad da varios pasos hacia atrás, y pretende imponer una legislación desde un pequeño pero ruidoso colectivo la resto de la población.

Incluso hay infracciones muy graves de “expresiones, imágenes, contenidos o vejatorios (…) contra las personas LGTBI y sus familias”. No se explica bien, no está definido claramente lo que es. Así que alguien que no reconozca el matrimonio homosexual, o alguien que diga que el matrimonio es entre hombre y mujer, podría verse sometido a una multa o un procedimiento judicial, donde se le pueda multar. Incluso la conversación que estamos teniendo, una vez que se apruebe la ley, podría ser considerada vejatoria, dado que estoy expresando mi opinión. Criticar a la ley o contenidos de la ley puede suponer una multa o pena de privación de libertad. Esta entrevista podría generar problemas si se aprobase la ley.

P. ¿Qué pasaría si se aprobase la norma?

R. Es una ley vaga, no definida jurídicamente, no respeta la libertad de expresión, invierte la carga de la prueba, violaría los derechos de padres e instituciones educativas, religiosas, impone la educación sexual en las escuelas… 

Rubén Navarro.

Incluso vemos que otros grupos que sin la existencia de esta ley han tenido un reproche social, por lo que se podría dar con una legislación del Parlamento. Nos encontraríamos con un grupo de radicales que imponen sus ideas a los demás. La esperanza que tenemos es que haya una reflexión en el Parlamento, que se den cuenta que no busca una igualdad real y que se den cuenta que genera más problemas que los que soluciona. Si no, tendríamos una de las leyes más radicales existentes en el mundo, generando graves problemas jurídicos.