El País ha publicado en su edición de este sábado un bochornoso artículo sobre el crecimiento de iglesias evangélicas en la zona de Carabanchel.
Las presentará junto a un documento a los partidos políticos para que “recuperen el espíritu democrático y la real diversidad, y no acepten acríticamente esta nueva ortodoxia disfrazada de progresismo”.
La pasada semana la Alianza Evangélica Española hizo público un Comunicado sobre la proposición de ley “contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de LGTBI” en el que define esta proposición de Ley como “impregnada de prejuicio e intolerancia” e “incapaz de distinguir entre respeto a las personas y derecho a la discrepancia”.
Dicho Comunicado concluía: “Parte de los dogmas, no de la evidencia científica; impone una determinada ideología, en vez de reconocer la libre concurrencia de propuestas; contradice la igualdad de todos los ciudadanos al conceder a un grupo social privilegios por encima de los demás; coarta la libertad de conciencia y la libertad de expresión; invade competencias propias de la sociedad civil y la familia”. “No nos alarma la proposición de ley sólo porque sea contraria a nuestra cosmovisión cristiana, sino porque amenaza a las libertades democráticas de toda la ciudadanía”.
Por todo ello también se solicitaba a los legisladores que en el debate de esta proposición de ley que “recuperen el espíritu de la democracia y la real diversidad y no acepten acríticamente el dogma, una nueva ortodoxia, el tutelaje, la desigualdad y la intolerancia, especialmente si estos se disfrazan de progresismo”.
Para lograr que se frene o modifique sustancialmente la Ley, está recogiendo firmas de apoyo para presentarlas ante los diferentes grupos políticos con el documento elaborado.
Tienen que estar antes de primeros de septiembre, dado que la Ley se debatirá y pasará a votación en cuanto se inicie el periodo parlamentario, en la segunda quincena de septiembre.
Por su parte, también esta pasada semana la Federación evangélica española (Ferede) logró a través de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa (CALR), órgano vinculado al Ministerio de Justicia, que el Gobierno estudie si la ‘Ley LGTBI’ vulnera derechos fundamentales.
La CALR aprobó la petición de la Federación evangélica de estudiar e informar al Gobierno sobre la posible vulneración de la libertad religiosa en el contenido de la propuesta de dicha Ley.
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