El Gobierno impondrá un presidente al islam español

El Ministerio de Justicia español ha presentado el proyecto de Real Decreto para crear la figura del presidente de la Comisión Islámica de España, entidad que reconoce como interlocutora con el Gobierno para el desarrollo de los acuerdos de cooperación alcanzados en 1992 con la comunidad musulmana.

Con el Decreto, el Gobierno quiere superar la “falta de seguridad jurídica” que durante estos 23 años ha tenido en su relación con la Comisión Islámica de España. Para el Gobierno el modelo actual no ha representado adecuadamente “la nueva realidad de las comunidades y federaciones islámicas” y espera que la creación de una presidencia única favorezca “su papel de representante único de todos los musulmanes residentes en España ante el Estado”.

En la actualidad la Comisión Islámica de España es un órgano bicéfalo, con dos secretarios generales, cargos que serían eliminados y sustituidos por el de un único presidente, que tomaría el rol de interlocutor con el Estado con quien se puedan “coordinar” las relaciones entre los musulmanes y la administración.

Este presidente dispondrá de amplios poderes y será elegido por una comisión permanente compuesta por 25 miembros. El Real Decreto que ha elaborado el Ministerio de Justicia impondrá así unos nuevos estatutos a la CIE, algo que ha recibido diferentes reacciones en las principales federaciones musulmanas.

DOS ENTIDADES ANTAGÓNICAS

Hasta ahora, dos entidades integraban la CIE: la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) que dirige desde hace casi un cuarto de siglo el imán Ryad Tatari, español de origen sirio. La otra entidad es la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI), que encabeza desde hace seis años Mounir Benjelloun, español de origen marroquí, apoyado por un nutrido grupo de conversos españoles.

“Esta estructura bicéfala unida a la falta de entendimiento entre ambas federaciones (UCIDE y FEERI) ha impedido a la Comisión Islámica de España situarse como órgano representativo del islam e interlocutor eficaz ante el Estado para el seguimiento del Acuerdo de 1992”, señala el preámbulo del Real Decreto.

Ryad Tatari se declara “en principio favorable” a la resolución del Gobierno porque “es un mal menor que pondrá algo de orden”, según informa Ignacio Cembrero en El Español. En cambio, Benjelloun considera que se trata de una “intervención autoritaria en los asuntos internos de los musulmanes de España”.

Benjelloun no sólo ha mostrado su enfado, sino que se muestra dispuesto a convocar manifestaciones ante Justicia y acudirá a los tribunales para impugnar el decreto. Éste “aumentará la desconfianza hacia el Estado y fomentará la radicalización”, vaticina.

EXPERTOS VEN “INTERVENCIONISMO”

La reforma de la Comisión Islámica en España también ha recibido críticas de parte de algunos expertos. Juan Ferreiro, catedrático de derecho eclesiástico de la Universidad de A Coruña, considera que el Decreto es “intervencionista” y viola el principio de “Estado aconfesional”.

También José María Contreras, ex-director general de Relaciones con la Confesiones del Ministerio de Justicia, se ha pronunciado en contra. “Es grave porque supone una injerencia inconstitucional en la organización de las confesiones religiosas. Viola, por un lado, el principio de laicidad del Estado y, por otro, los derechos de libertad religiosa y asociación sin que la causa para hacerlo sea legítima ni proporcional”, añade en declaraciones a El Español.

MARRUECOS Y LA LUCHA ANTITERRORISTA, DE FONDO

A lo largo de los últimos años las autoridades de Rabat han reprochado a las españolas subvencionar a la FEERI de Benjelloun para llevar a cabo sus actividades en España, mientras que en Marruecos los islamistas de Justicia y Espiritualidad - con quienes se les vincula - son un movimiento ilegal aunque tolerado en algunas ocasiones. “Vosotros ayudáis a los mismos que nosotros perseguimos aquí”, es una queja repetida con frecuencia por responsables marroquíes ante sus interlocutores españoles.

En 2011, Justicia ya promulgó un Real Decreto para obligar a la Comisión Islámica de España a abrir la puerta a comunidades religiosas que deseaban ingresar en ella. Aun así UCIDE y FEERI siguen siendo, cuatro años después, hegemónicas, y también antagónicas, en el seno de la institución que representa a los musulmanes ante el Estado.