El País ha publicado en su edición de este sábado un bochornoso artículo sobre el crecimiento de iglesias evangélicas en la zona de Carabanchel.
El Tribunal Supremo determina que repartir las subvenciones corresponde a las autonomías, no al Gobierno Central. Supone ya perder 10 millones €.
Las ONG que reciben subvenciones del Estado están en vilo ante la posible paralización de la asignación anual de 250 millones de euros que proceden del 0,7% del IRPF dedicado a fines sociales, ante un conflicto de competencias que ha sido llevado al Tribunal Supremo por la Generalitat de Cataluña.
A causa del conflicto las ONG ya han perdido unos 10 millones de euros en ayudas que concede el Estado para los gastos de estructura de unas 30.000 entidades del tercer sector. Por ello las entidades y el Gobierno buscan una solución provisional que permita salvar la financiación pública de las organizaciones.
La Plataforma del Tercer Sector, que aglutina a gran parte de las organizaciones afectadas, ha lamentado el “grave perjuicio” que supone para su estabilidad la sentencia del Tribunal Supremo, recordando que atienden en España a “unas seis millones de personas cuya asistencia puede quedar gravemente comprometida”.
EL GOBIERNO BUSCA SOLUCIONES
La secretaria de Estado de Servicios Sociales, Susana Camarero, ha explicado que están “trabajando para encontrar una solución”, admitiendo que están “muy preocupados” por la situación generada.
Además criticó que la Generalitat de Cataluña haya llevado este asunto ante el Tribunal Supremo. “Están pensando en ganar un poco más de competencia y no en las personas. Pediría un poco de responsabilidad y de solidaridad porque se está poniendo en riesgo a muchas entidades que hacen una labor magnífica”, expresó Camarero este lunes en la Cadena Ser.
CIU CRITICA EL MODELO
Por su parte la senadora de CiU María Teresa Rivero reclamó la semana pasada al ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, que el Gobierno cumpla con la sentencia que dicta que es Cataluña la que debe gestionar el reparto de subvenciones procedentes del 0,7% del IRPF en su territorio.
Rivero acusó al Gobierno de no cumplir 12 sentencias que obligan a territorializar el 0,7% a Cataluña esquivándolas mediante Reales Decretos, mientras que el Tribunal Supremo pide al Gobierno que “no haga trampas al solitario” porque no tiene esas competencias.
En este contexto, la senadora reprochó al ministro que Cataluña ha sido “siempre” maltratada porque los catalanes aportan 55 millones de euros de los cuales solo revierten 31 millones con criterios de territorio y con criterios de población le faltarían aún 11 millones de euros.
EL TS DA LA RAZÓN A LA GENERALITAT
El TS ha dado la razón a un recurso presentado por la Generalitat de Cataluña y ha anulado el Real Decreto de 2013 que regula las subvenciones a organizaciones del tercer sector, como ONG y otras entidades privadas de ámbito estatal y sin ánimo de lucro que desarrollan actividades de interés general, porque invade competencias autonómicas.
Esta situación ha impedido a las asociaciones recibir 10 millones de euros que hasta ahora les concedía el Estado para mantener su estructura y a sus empleados.
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