Víctor Madrigal-Borloz, experto Independiente de Orientación Sexual e Identidad de Género (OSIG) de las Naciones Unidas, presentó un informe en la 53ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDHNU) en Ginebra.

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El documento trata sobre cómo la libertad religiosa podría chocar con los derechos de las personas LGBTQI, y recibió buenos comentarios de los países que asistieron al "diálogo interactivo" que tuvo lugar el pasado 21 de junio.

Las personas LGBT "a menudo son marginadas, estigmatizadas y excluidas de las comunidades religiosas simplemente por ser quienes son", dijo Madrigal-Borloz al Consejo. Este informe fue el último de su mandato de 6 años

El objetivo del informe final era "proporcionar narrativas legales y políticas" sobre cómo los derechos LGBT y la libertad religiosa o creencias (FoRB) se relacionan entre sí. También “enviará recomendaciones a los Estados y otras partes interesadas relevantes para cumplir plenamente con sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos para proteger y empoderar a las personas LGBT+ para buscar la felicidad, ejercer y disfrutar de todos sus derechos humanos”.

En su llamado a la contribución de terceros actores, el Experto Independiente de la ONU habla de “narrativas religiosas y espirituales” que “históricamente se han utilizado para promover, permitir y tolerar la violencia institucional y personal y la discriminación contra las personas por su orientación sexual o género, identidad (real o presunta); reprimir la diversidad sexual y de género; y promover normas cisgénero y heteronormativas de orientación sexual e identidad de género”.

Sin embargo, aunque sus opiniones fueron aplaudidas en el Consejo, también hubo muchas ausencias. Ningún país de Asia (excepto Vietnam), África (excepto Sudáfrica) ni los países árabes asistieron a la sesión, lo que puede verse como una forma clara de boicot a su contenido.

Además, el informe (leer aquí) planteó interrogantes entre defensores de la Libertad Religiosa, incluida la Alianza Evangélica Mundial (WEA).

Definir el pecado no es perseguir a la persona

Entre las ONG que asistieron a la presentación de este tema en el Consejo de Derechos Humanos, estaba la Organización por el Derecho a la Educación y la Libertad de Educación (OIDEL). Su director, Ignasi Grau, fue de los pocos con un acercamiento crítico: "Llamar pecaminoso a un acto no debe significar perseguir a una persona. De lo contrario, si fuera así, todos los creyentes serían perseguidos o rechazados".

"Aunque el informe no dice esto explícitamente, parece sugerir que las autoridades públicas deberían evitar que los líderes religiosos llamen pecado a lo que consideran un pecado. Para fines de aclaración, ¿el informe impide que los líderes religiosos hablen sobre los pecados?", preguntó.

Grau también advirtió que el informe del Experto Independiente OSIG podría potencialmente "obligar" a las escuelas basadas en la fe "a enseñar contenido contrario a sus creencias fundamentales o a contratar a personas que contradigan públicamente en su discurso o comportamiento las creencias fundamentales de las escuelas".

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Representante evangélico pide más diálogo

Wissam al-Saliby, Director de la oficina de la Alianza Evangélica Mundial (WEA) en Ginebra, Suiza, también comentó sobre el informe, en respuestas a Evangelical Focus.

Pregunta. ¿El informe del experto en OSIG en la 53a sesión del Consejo de Derechos Humanos cuestiona la autonomía de las iglesias y las organizaciones religiosas?

Respuesta. La Alianza Evangélica Mundial apoya el derecho a la vida, la dignidad y la libertad de la violencia para todas las personas, incluidas las que se identifican como LGBT. También apoyamos el derecho al disfrute de la libertad de religión o creencia (LRoC) para todos.

Debido a que la religión se practica colectivamente, la autonomía de las organizaciones religiosas es parte de la LRoC. La autonomía de las iglesias y las organizaciones religiosas es doble: institucional y doctrinal. La autonomía incluye la definición de nuestra propia doctrina y valores, y el derecho a exigir la adhesión a las doctrinas del grupo religioso como parte de la vida institucional, incluido el empleo.

El informe afirma que las instituciones de las comunidades religiosas que emplean a personas no LGBT o relaciones con personas LGBT podrían conducir a la violencia y el daño. Pero estas afirmaciones no están respaldadas por hechos y una explicación adecuada.

P. ¿Qué te preocupa del acercamiento del informe a la enseñanza religiosa?

R. El informe hace varias referencias al "pecado" y a las enseñanzas excluyentes. El informe desdibuja las líneas entre las doctrinas religiosas y la relación con Dios, por un lado, y las violaciones presuntas o reales de los derechos humanos, por el otro.

Según el derecho internacional, el Estado tiene derecho a restringir la libertad religiosa si la manifestación de la religión constituye una amenaza para la seguridad, el orden, la salud y la vida públicos. Sin embargo, el Experto Independiente no argumenta que las enseñanzas cristianas tradicionales sobre el pecado y la sexualidad caerían bajo el alcance de las cláusulas de restricción en el derecho internacional.

El informe confunde las obligaciones de no discriminación del Estado en la prestación de servicios públicos y en el tratamiento de las minorías, y los actores privados que no están obligados a los mismos en virtud del derecho internacional.

El informe y sus recomendaciones invitan a la intervención del Estado en la doctrina cristiana. Tal intervención equivaldría a un ataque a la autonomía doctrinal de las comunidades cristianas y violaría la protección central del forum internum o las creencias internas no negociables derivadas de la Palabra revelada de Dios.

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P. El informe habla de "rincones oscuros donde las personas LGBT son consideradas como pecadores y ciudadanos de segunda clase que deben ser despreciados y abusados" (párrafo 69). ¿Es problemática esta descripción?

R. Dios ama a todos, incluidas las personas LGBT. Y el fracaso de muchas personas, incluidos los cristianos, para hacer eco de este amor a las personas LGBT es algo con lo que debemos lidiar como comunidad cristiana.

El derecho internacional de los derechos humanos prohíbe la incitación al odio de conformidad con el Plan de Acción de Rabat, y apoyamos el Plan de Acción de Rabat. El artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos permite restricciones limitadas, proporcionales y necesarias a algunas formas de manifestación de la religión.

Más allá de esto, los Estados no pueden interferir en los asuntos internos de la doctrina y las enseñanzas de las comunidades religiosas. Y sin una justificación completa para la restricción de algunas enseñanzas religiosas, el Experto Independiente expresa preferencias teológicas o doctrinales que van más allá de su mandato.

P. Como representante de WEA en Ginebra, ¿estás dispuesto a dialogar con el Experto Independiente y otros actores clave para reducir la fricción entre la libertad religiosa y el respeto de los derechos humanos de las personas LGTBI?

R.Me reuní con el Sr. Victor Madrigal-Borloz (IE OSIG) después de la publicación de su informe y compartí nuestras preocupaciones con él. Estoy agradecido de que esté abierto a reunirse y sugirió que tengamos un diálogo sobre su informe con las partes interesadas que incluiría expertos evangélicos en derechos humanos y representantes de la comunidad evangélica.

Creo que hay un espacio para el diálogo y para discutir un entendimiento compartido de cómo la libertad de religión y la protección de los grupos vulnerables pueden lograrse por igual. Sólo tenemos que mantener ese diálogo.

He visto en Europa ejemplos muy positivos de este tipo de diálogo en torno a proyectos legislativos específicos. La Alianza Evangélica Mundial está abierta al diálogo con todas las partes interesadas. Todos somos creados a imagen de Dios. El diálogo permite que los evangélicos sean mejor comprendidos, y que nosotros entendamos mejor a los demás, y trabajemos de buena fe por el bien común.