El Congreso de los Diputados está estudiando un proposición de ley que modificaría el Código Penal para penalizar la práctica de las llamadas terapias de conversión.

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Según el proyecto de ley, quien “aplique o practique actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos de aversión o conversión, destinados a modificar, reprimir, eliminar o negar su orientación sexual, identidad sexual o expresión de género, que afecten a su integridad corporal o salud física o mental, o atenten gravemente contra su integridad moral”, podrá ser condenado a penas de prisión de entre seis meses y dos años.

La norma ha generado un debate en la sociedad española sobre el uso del término terapia de conversión, causando preocupación porque podría criminalizar actividades religiosas legítimas como la oración, el acompañamiento espiritual o el asesoramiento pastoral ofrecido de manera voluntaria.

FEREDE: “Una clara violación de la libertad religiosa”

La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) ha enviado una carta a Mercedes Murillo, Directora General de Libertad Religiosa, expresando su “profunda preocupación” por la proposición de ley.

La carta denuncia la ambigüedad del término “terapia de conversión”. Para FEREDE, incluir “actos de cualquier naturaleza” refleja una “falta de rigor jurídico” que puede dar lugar a interpretaciones abusivas.

“Compartimos la condena a toda práctica coercitiva o degradante, pero consideramos inaceptable que se confunda ese tipo de intervenciones con formas libres de acompañamiento espiritual”, dice Carolina Bueno, secretaria ejecutiva y representante legal de FEREDE.

FEREDE afirma que sus iglesias no practican terapias que tengan como objetivo cambiar la orientación sexual de las personas, pero defiende que “en una sociedad libre y plural, los ciudadanos tienen derecho a solicitar apoyo espiritual conforme a sus creencias, siempre que no medie coacción ni daño”.

“Penalizar estas prácticas sería una clara violación de la libertad religiosa”, añade la carta.

Exclusión de prácticas religiosas no coercitivas

FEREDE cuestiona la necesidad de una reforma penal, porque ya existen suficientes mecanismos administrativos, y los casos graves pueden ser sancionados con el actual Código Penal. Por ello, la organización ha anunciado que trabajará activamente para evitar la aprobación de la proposición de ley.

Si la propuesta legislativa sigue adelante, la entidad evangélica pedirá que el texto sea redactado “con el máximo rigor legal”, y que se revise el texto para “asegurar una definición clara de las terapias de conversión, restringiéndola a casos de coacción o violencia real”.

La entidad también pide “incluir la exclusión expresa de prácticas religiosas no coercitivas” y “garantizar el respeto al derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones”.

Comunicado de la Alianza Evangélica Española

La Alianza Evangélica Española (AEE) también ha emitido recientemente un comunicado en el que rechaza el anteproyecto de ley y afirma que el término “terapias de conversión” es una “constructo ideológico” diseñado para generar rechazo.

La AEE subraya que el proyecto de ley parte de una “distorsión del concepto” y emplea un lenguaje peyorativo para proyectar una imagen de “tratamientos de manipulación y tortura”, cuando, tales prácticas ya están penadas por la legislación vigente y no necesitan un refuerzo legal adicional.

Según la AEE, en una sociedad democrática, el apoyo que se da a quienes desean la transición debería estar igualmente disponibles para quienes buscan revertir ese proceso, pero la propuesta de ley establece un modelo “tutelado moralmente” que anula la capacidad de decisión personal y abre la puerta a la estigmatización.

La Alianza pide a los parlamentarios que voten esta propuesta “en conciencia”, porque “no estamos ante una cuestión en la que deba regir la ideología, sino el más profundo y transversal sentido democrático”.