El gobierno ha anunciado la aprobación en segunda vuelta de la nueva Ley del aborto, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Una decisión que supone el envío de la norma al Congreso de los Diputados para su posterior debate, requisito necesario para que pueda entrar en vigor.

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El ejecutivo espera que la ley esté definitivamente aprobada a finales de año y “sin grandes cambios”, a pesar de las enmiendas que previsiblemente otras formaciones políticas presenten durante el proceso parlamentario.

La normativa, en palabras de la ministra de Igualdad, Irene Montero, tiene dos grandes pilares, que son la apertura a un mayor acceso de la interrupción voluntaria del embarazo y “la ampliación de los derechos sexuales de las mujeres”.

Los puntos de la ley

Sin apenas modificaciones respecto a la primera vez que se anunció el contenido de la ley, el gobierno quiere recuperar con la normativa la posibilidad de que las menores a partir de 16 años puedan abortar sin consentimiento paterno, algo que quedó modificado por el Partido Popular en el retoque que se hizo a la ley del gobierno de Zapatero de 2010. “No exigiremos los tres días de reflexión ni enviaremos el sobre que ahora se envía. El Estado no dudará de la decisión de las mujeres”, ha señalado Montero.

De hecho, se espera que en los próximas días el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad que el PP presentó contra la ley que hasta ahora sigue vigente, y que permite el aborto en cualquier circunstancia durante las 14 primeras semanas de gestación, y, hasta la semana 22, en caso de que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada o riesgo de graves anomalías para el feto.

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Además, la ley quiere impulsar el aborto “con la red pública como referencia para la interrupción del embarazo”, de forma que todos los centros públicos cuenten con profesionales de ginecología y obstetricia que puedan realizar las intervenciones. “El aborto se podrá realizar en el centro sanitario más cercano. Siempre tendrá que haber sanitarios dispuestos a practicar una interrupción voluntaria del embarazo”, ha añadido la ministra. También ha mencionado que la intención del gobierno es hacer “compatible la objeción de conciencia y la interrupción voluntaria del embarazo, como en la Ley de eutanasia”.

Otra parte del texto está dedicada a la salud menstrual. Se propone que los médicos puedan dar baja de tres días por reglas dolorosas. Además, se prevén también bajas laborales para las mujeres que aborten, la obligación de que los centros educativos enseñen “educación sexual en todas las etapas” y que tengan a disposición productos para la regla, o el acceso gratuito a los mismos en los centros de servicios sociales para las mujeres que se encuentren en riesgo de exclusión o en prisión.

Algo que en esta ocasión Montero no ha comentado es la cuestión de la gestación subrogada, otro punto importante de la ley. La norma prevé considerar esta práctica como una forma de violencia sobre la mujer. Se trata de un punto importante para proteger a las mujeres y a los niños. La norma prohíbe la publicidad de las agencias intermediarias y establecerá que los tribunales podrán perseguir a las parejas que recurran al extranjero para acceder a esta práctica, ilegal en España.

Respuesta a las demandas del movimiento feminista

Según la ministra Montero, la nueva normativa dará respuesta a las estructuras demandas por el movimiento feminista. “El derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo es la puerta de entrada para el ejercicio de muchos otros derechos”, ha remarcado.

Por otro lado, Montero ha asegurado que en el proceso de elaboración de la ley “no ha participado ninguna organización contraria a los derechos humanos y a los derechos de la mujer”, aunque sin especificar a qué tipo de entidades hace referencia.

Análisis de la norma por parte del ámbito evangélico

La Alianza Evangélica Española publicó en junio un documento en el que analiza la nueva ley del aborto elaborada por el gobierno. La entidad considera que “buena parte de su articulado se refiere a cuestiones que no son derechos, de la misma forma que el aborto, que no es más que una salida dramática a una situación nunca querida: el embarazo no deseado”. 

También apuntan que “numerosos tics ideológicos recorren el texto” de la norma y señala que “una ley orgánica como esta, que trata cuestiones trascendentales, requiere por naturaleza un consenso amplio libre de esas concesiones a la ideología”.

Por su parte, también la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (Ferede) ha presentado un informe crítico contra la ley del aborto y la Ley trans (ya aprobada). Ferede habla de estas normativas como de “iniciativas legislativas que pueden constituir una vulneración del derecho de libertad religiosa y libertad de conciencia”.

En concreto, sobre la ley del aborto, la Federación subraya que es “grave” permitir abortar menores sin el consentimiento de los padres y plantea dudas sobre la creación de un registro de objetores de conciencia, asegurando que puede convertirse en objeto de discriminación laboral.