El País ha publicado en su edición de este sábado un bochornoso artículo sobre el crecimiento de iglesias evangélicas en la zona de Carabanchel.
Al juicio de la Gürtel, por el que declaran estos días altos cargos del partido, se ha sumado la detención del ex presidente de Madrid Ignacio González y las acusaciones al jefe de Anticorrupción por intentar devaluar la investigación judicial.
Los casos de corrupción que están aflorando estas semanas ponen en jaque al Partido Popular, que está asistiendo al juicio e investigaciones de varias causas abiertas con altos cargos implicados.
La semana comenzaba con la citación del actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, citado a declarar como testigo ante la Audiencia Nacional por el caso Gürtel, la causa que investiga la financiación irregular del Partido Popular. El partido considera, como la Fiscalía, de “poca utilidad” la declaración de Rajoy sobre este caso, que deberá producirse en persona y no por escrito.
A la causa de la Gürtel se ha sumado desde el martes la operación Lezo, que investiga irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II, empresa responsable de la gestión del agua en la Comunidad de Madrid. La Guardia Civil ha detenido el ex presidente de la Comunidad Ignacio González por este caso y se están realizando registros en sus propiedades. Tras la detención el Partido Popular le ha dado de baja del partido.
LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN, EN ENTREDICHO
Según informó la Cadena Ser esta mañana, esta investigación ha generado discrepancias en el seno de la Fiscalía Anticorrupción, órgano dependiente de la Fiscalía General del Estado. Así, el jefe de Anticorrupción Manuel Moix se opuso al criterio de los dos fiscales encargados del caso, lo que llevó al órgano a convocar una junta el pasado martes en la que se votó en contra del criterio de Moix, lo que le llevó a rectificar.
Según informa el digital El Español, existen grabaciones de conversaciones en las que Ignacio González y Eduardo Zaplana, ex ministro del PP, hablan sobre la idoneidad de que Manuel Moix fuese nombrado jefe de Anticorrupción.
La operación Lezo también tiene un componente mediático importante, al ser imputado el director del periódico La Razón, Francisco Marhuenda, y el presidente de la empresa Mauricio Casals, también directivo de Atresmedia. Según reveló El Español, en conversaciones telefónicas ambos se jactaban de inventar noticias contra Cristina Cifuentes por su intención de investigar la gestión de González.
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