El Estado español quiere equiparar la financiación entre católicos, evangélicos, judíos y musulmanes en 2009

El Estado ha iniciado un proceso, de no retorno, por el que la libertad de credo debe ser un principio social evidente. Así, el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de Asuntos Religiosos, ha dado paso a la primera negociación formal con las confesiones consideradas ‘de notorio arraigo’, es decir, evangélicos, judíos y musulmanes, para que obtengan una financiación similar a la de los católicos, fijada actualmente en el 0,52% de su cuota íntegra.

En 2006, el Gobierno estableció un nuevo modelo por el que se suprime la dotación directa estatal (mediante los Presupuestos Generales del Estado) y sitúa la asignación del IRPF para asuntos sociales o Iglesia en un 0,7%. Este significativo cambio, de gran trascendencia entre los integrantes de dos de las cuatro culturas características de Ceuta, se convierte en la nueva propuesta gubernamental a las tres comunidades que, salvo puntualizaciones, se han manifestado a favor de la modificación “en pro de una libertad real y efectiva, dentro de un Estado laico que busca conectar con el principio de igualdad social, no financiero”, resume el subdirector general de Coordinación y Promoción de Libertad Religiosa del MJU, Juan Ferreiro.

Los tres colectivos, integrados dentro de la Fundación Pluralismo y Convivencia desde 2005, y representados por la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (Ferede), la Comisión Islámica Española (CIE) y la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) tenían hasta ahora un sistema particular, según los Acuerdos de 1992, por el que recibían dinero de las arcas estatales que sólo podían dedicar a proyectos culturales, educativos y de integración social. La nueva propuesta no va a variar esta tónica, pero generaría una “equiparación formal” entre las principales comunidades religiosas de cara a su financiación.

En octubre de 2006 dieron comienzo las negociaciones con el envío de propuestas y, hasta ahora, las mayores reticencias las ha mostrado la FCJE. El dilema es que supondría elaborar un censo de judíos en el país -estimado, pero sin confirmar, en cerca de 40.000 en España y en más de 600 en Ceuta-. Tal como se le ha transmitido a Ferreiro, “sería un supuesto perjuicio cuando se marque la casilla correspondiente, porque dejaría al descubierto su confesión”. Sin embargo, “optar por un colectivo no significa procesar la misma religión”, remarca.

Por su lado, los cerca de 800.000 musulmanes que integran la CIE, más de 30.000 ceutíes, están siendo representados frente al Ministerio de Justicia por Riay Tatary (UCIDE) y Felix Herrero (FEERI). Hasta el momento, “están de acuerdo, en términos de igualdad de proporcionalidad. De hecho, no han ofrecido mayores críticas en torno a la extensión del 0.7% a su comunidad”, apunta Ferreiro.

La Ferede se ha manifestado más abierta aún a la propuesta porque responde a sus expectativas, aunque con matices. Y así lo ha comunicado la Alianza Evangélica Española (AEE), otra de las organizaciones más relevantes de su colectivo, al considerar que las confesiones deberían renunciar a recibir dinero público estatal porque “perpetua un mal sistema” recaudatorio. De acuerdo con el método que propone el Estado, señalan que el modelo ideal no valora a la institución religiosa, sino que va en igualdad de condiciones con otros proyectos de interés social.

PRÓXIMA REUNIÓN CON PROTESTANTES
La perspectiva general es positiva para el Estado. Ferreiro cree que la comunidad judía, “al final, a lo mejor acepta” porque en Italia se ofreció el 0,8%, “y dieron el visto bueno”. No obstante, ante las dudas que ha manifestado el colectivo, esgrime que “aunque nadie está obligado a informar sobre sus creencias, el Estado tiene derecho a preguntar”.

Un proyecto sin fecha concreta de materialización porque septiembre es el mes de redacción de los Presupuestos Generales del Estado, “y esta a la vuelta de la esquina”. ¿2008? “ó 2009, como mucho”, augura Ferreiro.

De momento, la Dirección General de Asuntos Religiosos está pendiente de entablar la negociación definitiva con el colectivo protestante. “Servirá para dar un impulso al acuerdo con musulmanes y judíos y, así, extender el texto a todas estas confesiones”.

Un planteamiento “más cerca del consenso que de provocar un ‘totum revolutum’”, redondea el representante del ministerio de Justicia. El 0,7% de la cuota íntegra del IRPF para las creencias de mayor arraigo se convierte en una propuesta “en la que se aspira a una equiparación total de las libertades de credo”.