La organización Christian Solidarity Worldwide (CSW) asegura en un informe que en 2023 fueron documentados 622 casos que involucran violaciones a la libertad de religión o de creencias, donde se denuncia el retorno de tácticas “de línea dura”.

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El equipo de defensores de los derechos humanos de esta ONG ha definido así a las violaciones sistemáticas a las reglas mínimas de la ONU (Organización de Naciones Unidas) para el trato de los reclusos en lo que respecta a presos políticos, a quienes se les niega el derecho a conservar una Biblia u otra literatura religiosa o incluso a recibir visitas de algún líder espiritual.

CSW menciona a varios líderes religiosos encarcelados durante las protestas del 11 de julio de 2021 y después de ellas. En esa lista es incluido el pastor protestante Lorenzo Rosales Fajardo, cuya detención acaba de ser considerada como arbitraria por el Grupo de Tarabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU. A principios de marzo, Maridilegnis Carballo, su esposa, explicaba en facebook que también sus hijos han sufrido acoso en la escuela. Además, también se menciona a los líderes religiosos afrocubanos Loreto Hernández García y su esposa, Donaida Pérez Paseiro.

“Todos denunciaron violaciones constantes de la libertad de creencias y otros derechos humanos en prisión”, relatan los miembros de la organización.

Según el documento de CSW, “los líderes religiosos y sus congregaciones que intentaron responder a las necesidades humanitarias, que se han vuelto cada vez más agudas en muchas partes de la Isla, fueron acosados, multados y, en muchos casos, vieron confiscada la ayuda que intentaban distribuir”.

“Grupos religiosos de todo tipo, como afrocubanos, testigos de Jehová, protestantes y católicos, asociaciones registradas y no registradas, incluidas algunas que pertenecen al Consejo de Iglesias de Cuba (CCC), denunciaron violaciones a la libertad religiosa”, se destaca en el texto.

Desde CSW han precisado que a los que fueran considerados por el gobierno cubano como disidentes, “se les impidió repetida y sistemáticamente asistir a servicios religiosos normalmente mediante detenciones arbitrarias de corta duración”, refleja el informe.

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Un pastor cuyo nombre permanece en el anonimato afirma que fue amenazado, sin embargo, asegura: “Todo lo que hago es mi trabajo pastoral, y mi trabajo es un mandamiento del Señor. Continuaré haciendo este trabajo, incluso si eso significa tener que ir a prisión”.

Protestas en la isla

El informe fue publicado el pasado fin de semana y coincide con las protestas de miles de cubanos que salieron a las calles de varias ciudades el pasado domingo 17 de marzo para exigir comida y electricidad, manifestaciones consideradas similares a las del 11 de julio del 2021 según medios internacionales.  

La situación es tan crítica que el régimen cubano, ante la incapacidad de entregar leche a los menores de siete años, ha solicitado por primera vez ayuda al Programa Mundial de Alimentos de la ONU, un acto inédito en 65 años de gestión comunista, reseñó la prensa mundial.

Esta realidad otorga más credibilidad al informe de Christian Solidarity Worldwide, que explica cómo el número de casos documentados que involucran violaciones de la libertad de religión o de creencias en la isla se mantuvo estable, “alrededor de 622, en comparación con los 657 en 2022”. Cifras que reflejan el aumento al compararlas con el año 2021 donde fueron documentados 272 casos.

“Si bien muchos cubanos no han visto otra opción que exiliarse, hay muchos que, incluso frente a amenazas, acoso y la posibilidad de encarcelamiento, continúan denunciando la injusticia”, se remarca en el texto.

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