El País ha publicado en su edición de este sábado un bochornoso artículo sobre el crecimiento de iglesias evangélicas en la zona de Carabanchel.
La Alianza Evangélica Mundial asegura haber recibido informes que indican que el trabajo de las congregaciones con los pobres y desplazados en algunos países está resultando “difícil o imposible”.
La Alianza Evangélica Mundial (WEA, por sus siglas en inglés), junto con Caritas Internationalis, organizaron un encuentro virtual el pasado 28 de septiembre, en el contexto de la 48ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, para evaluar el impacto humanitario de las sanciones unilaterales.
El objetivo era “proporcionar elementos de reflexión para desarrollar recomendaciones a las partes interesadas clave, para [establecer] un marco y estándares basados en los derechos humanos alineados con el derecho internacional y la acción humanitaria enfocada en principios”.
Durante el encuentro, el responsable de promoción de la WEA en Ginebra, Wissam Al-Saliby, aseguró que, aunque “los evangélicos están entre los primeros en pasar a la acción, servir a los pobres, ayudar a los desplazados y a los marginados”, la Alianza Evangélica Mundial “ha recibido informes de que su trabajo y colaboración se hace difícil o imposible en algunos países”.
Al-Saliby hizo hincapié en que la WEA no está en contra de las sanciones como herramienta en las relaciones internacionales, pero matizó que “hoy, en muchos países, el impacto humanitario y en cuanto a los derechos humanos de las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) sobre la población civil es desproporcionado con respecto a sus objetivos declarados”.
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“Las sanciones han impedido, una y otra vez, que las iglesias de todo el mundo ayuden a las congregaciones locales y a los necesitados en países como Cuba, Siria, Irán, Venezuela o Sudán, y ahora en Afganistán y en otros países”, denunció Al-Saliby.
El representante de la WEA dio ejemplos de iglesias y organizaciones evangélicas que buscaban brindar ayuda humanitaria pero “no pueden superar los obstáculos financieros y de conocimiento necesarios para solicitar la exención [de las sanciones]”. “Algunas organizaciones grandes tienen un personal dedicado o un bufete de abogados que las apoya, pero este no es el caso de la mayoría de nuestros miembros”, remarcó.
“Si un hombre tiene hambre y viene a la iglesia por comida, ¿debería la iglesia rechazarlo si está en la lista de sanciones de algún gobierno? Esta delicada cuestión acecha hoy a muchas organizaciones cristianas en el Líbano y Siria”, señaló Al-Saliby.
Según el representante de la WEA, “otra dimensión del problema, que hace inútiles incluso las exenciones, es el sobrecumplimiento de los bancos”. Por ejemplo, en Siria, remarca, “la ayuda humanitaria esencial para salvar vidas, incluso con exenciones, puede ser retrasada o denegada por el sistema bancario”.
“En la mayoría de los países, el impacto de las sanciones, ya sean intencionales o no, ya sean directas o indirectas, ya sea por incumplimiento excesivo o no, no es proporcional a su objetivo declarado de lograr un cambio en la política o la actividad al dirigirse a países, entidades e individuos”, añadió Al-Saliby.
Teniendo en cuenta todas estas cuestiones, la WEA ha pedido a los gobiernos que “eliminen las sanciones que impiden a las iglesias trabajar, ya sea para el trabajo humanitario o para las iglesias que sirven y ayudan a las personas necesitadas, que es el núcleo de nuestra misión”.
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También pidieron la eliminación de las sanciones “que impiden que la población de un determinado país acceda a necesidades y servicios básicos, y suministros de salud esenciales, incluido el acceso a vacunas y tratamientos contra la Covid-19”, y de aquellas que “inhiben la reconstrucción de infraestructura básica destruida por el conflicto armado”, como hospitales, escuelas y carreteras.
“Hasta que esto suceda”, dijo Al-Saliby, la Alianza ha instado a los gobiernos que ejecutan las sanciones a tomar en cuenta las siguientes reocmendaciones, “para que sus regímenes de sanciones no afecten a los civiles y no impidan que nuestras iglesias continúen con su trabajo vital”:
- Excluir en la ley y en la práctica de las sanciones el trabajo humanitario y el trabajo de las iglesias. “Las organizaciones cristianas y humanitarias no deberían tener que lidiar con exenciones”, señaló.
- Invertir más en recursos y establecer mecanismos más accesibles para ayudar a las iglesias y organizaciones humanitarias, pequeñas y grandes. “Las iglesias y las organizaciones de ayuda humanitaria no deberían asumir los costes financieros de trabajar con los complejos regímenes de sanciones”.
- Comprometerse con su respectivo sector bancario para garantizar que las transferencias de fondos para bienes humanitarios y para las iglesias puedan continuar sin obstáculos, y para garantizar que los fondos de los donantes para apoyar la ayuda puedan llegar rápidamente a los países sancionados.
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