El periodo de transición política en Sudán, tras la caída de Omar al Bashir, sigue desarrollando su programa a través de la recuperación de diferentes derechos y libertades embargados durante la época de la dictadura. Si a mediados de julio, el gobierno anunciaba la eliminación de la pena de muerte por delito de apostasía, ahora ha revocado la condición del islam como religión oficial del Estado.

La decisión se ha hecho pública en el marco de las negociaciones de paz entre el gobierno y los grupos rebeldes. Un acuerdo que se ha materializado en dos fases. La primera se firmó en Yuba, la capital de Sudán del Sur, el pasado 31 de agosto, entre el vicepresidente del Consejo Soberano de Sudán, el gobierno provisional, Mohamed Hamdan Dagalo, y representantes del Frente Revolucionario de Sudán, una alianza que aglutina a 17 grupos armados de las regiones de Darfur y de Kordofán del Sur. Entre los protocolos incluidos en el documento de Yuba se contempla la creación de una comisión para la libertad religiosa que garantiza el derecho de las comunidades cristianas en las regiones del sur de Sudán.

Pero a la firma faltaron algunas facciones rebeldes. Lo que ha obligado al primer ministro sudanés, Abdalá Hamdok, a firmar un nuevo acuerdo por separado con el líder del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán del Norte, Abdelaziz al Hilu, en Adís Abeba. En este segundo documento se contempla la eliminación del islam como la religión oficial de Sudán, una medida impuesta hace 30 años por al Bashir.

“Ningún ciudadano debería ser discriminado por su religión”

El texto del acuerdo alcanzado establece que “para que Sudán se convierta en un estado democrático, en el que los derechos de todos los ciudadanos son contemplados, la Constitución debería basarse en el principio de ‘separación de la religión y del Estado’ en ausencia de lo cual el derecho de autodeterminación debe ser respetado”. 

Además, añade que “la libertad de creo y rezo y la práctica religiosa deberían estar garantizadas plenamente para todos los ciudadanos sudaneses” y que “el Estado no debería establecer una religión oficial”. “Ningún ciudadano debería ser discriminado en base a su religión”, remarca.

Desde la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF, por sus siglas en inglés), una de las primera entidades en reaccionar al anuncio, han elogiado la decisión porque, dicen, “promoverá aún más la libertad de religión y conciencia” y animan al gobierno de transición a “continuar por este camino de progreso”,

Los líderes cristianos sudaneses también se muestran satisfechos ante el acuerdo. “Aquí la gente prefiere ser cauta, pero es muy importante que se haya conseguido un acuerdo al fin. Todos estamos contentos”, ha asegurado el obispo católico de El Obeid, la capital de la región de Kordofán del Norte, Tombe Trille.

Deberes pendientes

A pesar de los avances progresivos en materia de derechos humanos, como la libertad religiosa, diferentes organizaciones internacionales aseguran que Sudán sigue teniendo deberes que cumplir. El propio USCIRF recuerda que la burocracia está retrasando la compensación prometida a las iglesias destruidas o confiscadas durante la dictadura de al Bashir, que quiso convertir al país en “la vanguardia del mundo islámico”.

La entidad también reclama la abolición completa de la ley de apostasía, que aunque ha eliminado la pena de muerte sigue manteniendo la posibilidad de condenar a una persona a seis meses de prisión, y un trabajo para reformar los vestigios islamistas en el poder judicial y el Ministerio de Educación. De hecho, según Christianity Today, Sudán no introducirá el cristianismo por primera vez en el currículum escolar de los colegios públicos del próximo curso. 

Sudán es el séptimo país de la Lista Mundial de Persecución de Puertas Abiertas. En el país, con una población de más de 42 millones de personas, se contabilizan aproximadamente dos millones de cristianos.