Aumenta la tensión contra los cristianos en Filipinas

No aparece en la Lista Mundial de Persecución pero su presidente instiga a la población a matar a los obispos católicos. Filipinas sigue siendo un escenario de conflicto entre el gobierno de Rodrigo Duterte y los cristianos en el país. El último ejemplo ha sido en diciembre, cuando el presidente aseguró en un discurso que los representantes de la Iglesia Católica en el país son “bastardos que no sirven para nada”, y añadió que “lo único que hacen es criticar”, después de pedir a la audiencia que los matase. 

Poco después de las declaraciones, el Consejo Nacional de Iglesias en Filipinas (NCCP, por sus siglas en inglés) informaba de un intento de asesinato contra el pastor Marvin de Leon. “Un pastor que ha escogido seguir la misión de Cristo, de justicia social y que abraza el ministerio con los pobres, se ha visto en peligro”, aseguraba el obispo de la Unión Metodista, responsable del Área Episcopal de Manila, Ciriaco Francisco. “Oramos para que estos actos crueles contra la iglesia acaben. Realizamos nuestros ministerios en obediencia a nuestro llamado de cuidar a los abandonados, a los marginados, y a aquellos que se han empobrecido por sistemas injustos. Nuestra fe nos llama a la acción. Estamos siendo atacados porque estamos tomando parte en amar a nuestros vecinos. Estos ataques deben parar”, añadía. 

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, durante su discurso de Navidad. / Facebook Rody Duterte

DUTERTE, EL PRESIDENTE QUE LLAMÓ “ESTÚPIDO” A DIOS

No es la primera vez que el líder del gobierno filipino hace unas declaraciones controvertidas en cuanto a los cristianos en el archipiélago. En julio de 2018, Duterte aseguró que “Dios es estúpido” y se indignó ante la idea del pecado original y la enseñanza bíblica de la creación. “¿Qué tipo de religión es esa?”, preguntaba entonces. 

Poco después, el Consejo de Iglesias Evangélicas de Filipinas (PCEC, por sus siglas en inglés) en las islas manifestó entonces su disconformidad con las declaraciones del presidente asegurando sentirse “inmensamente ofendidos” y exigiéndole “que se abstenga de emitir declaraciones insultantes contra la fe cristiana”. 

LOS CRISTIANOS, ELEMENTO DE OPOSICIÓN

Diversas decisiones políticas de Duterte han encontrado la oposición de los cristianos en el país. La que más, su carrera contra la droga en el país, que ha dejado más de 12.000 muertes a causa de la violencia desde 2016, según Humans Rights Watch. Mismo año en que el presidente sacó a Filipinas de la Corte Penal Internacional. 

Otra de las medidas que ha despertado más polémica en el país y la comunidad internacional es la de la rebaja de la edad penal. El comité de Justicia de la Cámara de los Representantes de Filipinas ha aprobado este mes una enmienda, a petición de Duterte, que modifica la Ley de Justicia y Cuidado Juvenil de 2006, muy criticada por Duterte, rebajando de 15 a 9 los años con los que una persona puede ser considerada como autora de un delito penal. “Es hora de de aprobar una ley que protege a los niños de ser utilizados por las mafias permitiendo el castigo”, ha señalado el responsable del comité, Doy Leachon.

En Filipinas, ahora un niño de 9 años puede ser acusado de un delito penal. / NCCP

Aunque la ley está dirigida, sobre todo, a perseguir a quienes utilizan a menores para cometer actividades delictivas, especialmente la venta de droga, sí implica el encarcelamiento de niños y niñas a partir de nueve años en centros de detención para menores. Lo que ha despertado la oposición de los cristianos en el país, como el NCCP, que “reitera su vigorosa oposición a la aprobación de la ley”, ha manifestado la entidad en un comunicado. 

“Los niños en conflicto con la ley reflejan una sociedad en una profunda crisis. La dura realidad de la falta de trabajo, de tierra, de servicios sociales y la elevada inflación han convertido esta sociedad en más vulnerable, insegura y violenta para nuestros hijos. Esto debería dirigirse de manera que se proteja a los niños y se mantengan sus derechos”, ha remarcado el consejo, que “urge al gobierno a implementar íntegramente la ley de 2006”. 

“Son nuestros niños, especialmente los de las comunidades marginadas, los que sufren por nuestro apoyo insuficiente, nuestra incapacidad de proveerles de lo que necesitan, nuestro insuficiente amor y cuidado y nuestros fallos a la hora de nutrirlos en un espacio seguro”, añade el NCCP.