Dos evangélicos expulsados podrán regresar a sus hogares

Dos evangélicos firmaron un acuerdo esta semana con la supervisión de funcionarios de Chichiltepec, en el estado mexicano de Hidalgo, para garantizar el regreso a sus hogares con garantías de respetarse su libertad religiosa, informa Christian Solidarity Worldwide (CSW).

Casto Hernández Hernández, de 31 años, y su primo Juan Plácido Hernández Hernández, de 26 años, ambos miembros de la Iglesia Pentecostal Unida de México, fueron desplazados por la fuerza en marzo de 2015, después de negarse a renunciar a su fe. Fueron encarcelados por los funcionarios del pueblo de Chichiltepec el 12 de marzo. Mientras estaba en prisión, fueron presionados para renunciar a su fe protestante. Cuando se negaron a hacerlo después de 30 horas, fueron liberados y les dijeron que tenían 18 horas para abandonar la comunidad.

UN AÑO DE LUCHA LEGAL

Christian Solidarity Worldwide (CSW), acompañando a la entidad por la libertad religiosa mexicana Impulso 18, se reunió con los dos hombres en abril de 2015 y, posteriormente, garantizó su representación legal con los abogados afiliados a Impulso 18.

Las audiencias iniciales con la Comisión Estatal de Derechos Humanos ( CEDH) se centraron en demostrar la intolerancia religiosa instigada por el delegado del pueblo, Jesús Domínguez Hernández. Se presentaron pruebas incluyendo una fotografía que muestra a los dos hombres detenidos y un vídeo de 40 minutos de la asamblea en la que Casto Hernández Hernández fue presionado a renunciar a su fe. Un representante local de la Comisión Estatal de Derechos Humanos también dio testimonio para apoyar Casto y el caso de Juan Plácido.

A pesar de la admisión abierta a principios de audiencias por Domínguez Hernández a la CEDH que había intentado obligar a los hombres a cambiar sus creencias religiosas, el caso se prolongó durante casi un año, después de que el Ministerio Público cancelase las audiencias en varias ocasiones. En octubre de 2015, los dos hombres dijeron a CSW que habían sido presionados por funcionarios del gobierno, sin que sus abogados estuvieran presentes, para abandonar el caso y regresar a su comunidad. No se habían dado garantías de que su libertad religiosa sería respetada.

En noviembre de 2015, un cambio de personal en el Ministerio Público dio lugar a un nuevo retraso. Sin embargo esta semana se ha llegado a un acuerdo “sin precedentes” en la región, según las ONG locales.

PUEDE MARCAR UN PRECEDENTE IMPORTANTE

El director de Impulso 18 Jorge Galindo dijo estar “muy satisfecho” por el resultado. “Las autoridades del pueblo llegaron a la audiencia para luchar, pero cuando se dieron cuenta de que sólo estaban a un paso de ir a la cárcel, cambiaron su posición. Esperamos que este caso siente un precedente en México y contribuya a un cambio general en la cultura, en la que se ha aplicado correctamente la ley y la libertad religiosa para todos, tal como está protegida en nuestra Constitución y en los diversos tratados internacionales de los que México es parte”.

Las violaciones a libertad religiosa son habituales en el estado de Hidalgo, donde los líderes locales a menudo intentan forzar a los evangélicos a practicar la religión mayoritaria, el catolicismo. Los funcionarios del Estado encargados de hacer cumplir la ley, incluida la protección de los derechos humanos consagrados en la constitución mexicana, rara vez intervienen para proteger la libertad religiosa. Los cristianos protestantes de una gran cantidad de diferentes pueblos de la Huasteca, la región en la que se produjeron los hechos, han dicho a CSW que los funcionarios públicos regionales advierten regularmente que es su responsabilidad, como minoría religiosa, someterse a la mayoría, a pesar de que se opongan así los derechos constitucionales.

En la Lista Mundial de Persecución que edita cada año Puertas Abiertas, México aparece en el puesto 40 a causa de las hostilidades hacia los evangélicos.