El País ha publicado en su edición de este sábado un bochornoso artículo sobre el crecimiento de iglesias evangélicas en la zona de Carabanchel.
El presidente de EEUU veta la entrada de siete funcionarios venezolanos y congela sus cuentas. Además, expresa su preocupación por el trato del Gobierno de Maduro a sus rivales políticos.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, endureció este lunes la posición de Washington ante Venezuela al declarar una “emergencia nacional” frente al país sudamericano por la “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior” que, afirma, supone la situación de derechos humanos y la corrupción en esa nación para Estados Unidos. La decisión, el paso más fuerte dado por Washington contra Caracas desde la llegada de Nicolás Maduro al poder en 2013, viene acompañada de sanciones para siete funcionarios venezolanos.
Según el secretario del Tesoro estadounidense, Jack Lew, los siete represaliados han participado en el "arresto o procesamiento de personas que habían ejercido su derecho a la libertad de expresión" y en "actos de violencia contra manifestantes de la oposición".
En un comunicado, el secretario de Prensa de Barack Obama, Josh Earnest, ha exigido "la liberación de todos los prisioneros políticos, incluyendo docenas de estudiantes, el líder de la oposición Leopoldo López, y los alcaldes Daniel Ceballos y Antonio Ledezma".
Earnest también ha acusado al Gobierno de Nicolás Maduro de violar la declaración fundacional de la Organización de Estados Americanos "y otros instrumentos fundamentales de democracia y derechos humanos". Asimismo, ha reprochado al Gobierno de Caracas el"tratar de distraer la atención de sus acciones echándole la culpa a Estados Unidos".
La Casa Blanca identificó a los siete afectados en una nueva orden presidencial: el comandante Antonio José Benavides Torres, el director general de la inteligencia Gustavo Enrique González López, el ex comandante Justo José Noguera Pietri, la fiscal Katherine Nayarith Haringhton Padron, el director de la policía nacional Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, el jefe de brigada Manuel Gregorio Bernal Martínez y el inspector general de las fuerzas armadas Miguel Alcides Vivas Landino, informa DPA.
Pocas horas después, los senadores Robert 'Bob' Menéndez y Marco Rubio pidieron al gobierno que amplíe las sanciones contra Venezuela y que imponga sanciones contra el ministro de Defensa Vladimir Padrino por autorizar que las fuerzas de seguridad de su país usaran "fuerza letal contra manifestantes pacíficos" en Venezuela.
"El gobierno de Estados Unidos debería ampliar las sanciones contra más violadores de los derechos humanos, incluido el general Vladimir Padrino, comandate de las Fuerzas Armadas venezolanas y ministro de Defensa", dijo Rubio, quien explicó que Padrino "firmó la reciente orden autorizando fuerza letal contra manifestantes pacíficos, una orden que dejó a un niño de 14 años muerto".
"Este general debería estar en la lista, pero inexplicablemente la administración le ha dejado fuera", se lamentó Rubio.
EL PETRÓLEO SIN SANCIONES
Como suele ser habitual, el sector energético no está incluido en las sanciones. Venezuela es el cuarto proveedor de crudo de Estados Unidos, según datos de 2013. El volumen de las exportaciones a Estados Unidos ha ido cayendo progresivamente, a medida que la producción venezolana ha ido colapsándose y la estadounidense creciendo debido a la expansión del 'fracking' en ese país.
Aparte de las exportaciones para consumo interno en Estados Unidos,el 40% del crudo venezolano se exporta a este país, donde es refinado y reexportado a Venezuela. Eso se debe a que las refinerías venezolanas no están equipadas para refinar petróleo pesado (es decir, denso), con alto contenido de azufre y CO2, que es el que tiene Venezuela. Ese tipo de petróleo suele refinarse en gasóleo en vez de gasolina para reducir costes.
VENEZUELA REACCIONA
La ministra de Relaciones Exteriores informó en su cuenta de Twitter de que había dado el paso de llamar al representante venezolano tras el veto de EEUU a los siete funcionarios.
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