México: el Gobierno admite que sin aplicar la ley no se acabará con la intolerancia religiosa

La intolerancia y la discriminación religiosa se fomentan y se agravan cuando no se aplica la ley, por lo que es importante que el Gobierno, en todos sus niveles, propicie un clima para que quienes pertenecen a las minorías no tengan temor de expresar su preferencia de culto. De otra manera, «el país seguirá sumido en un estado semibárbaro», explicó Oscar Moha, representante de la organización La Voz de los Mártires.

La reunión se celebró entre integrantes de la Campaña Permanente por la Libertad de Conciencia y Tolerancia Religiosa, y el Director General de Asociaciones Religiosas y Culto Público de la Secretaría de Gobernación, Paulo Tort Ortega. Los integrantes presentaron un diagnóstico de la violación de derechos humanos y delitos por motivos religiosos.

Themis Cortés, presidenta de la Campaña, que integran Organismos No Gubernamentales y Asociaciones Civiles, indicó que en el actual sexenio no se ha visto la aplicación de la justicia en contra de quienes agreden y cometen delitos en contra de las minorías religiosas, principalmente en zonas indígenas del país, donde en nombre de los «usos y costumbres» se puede llegar incluso al asesinato sin que haya castigo para los responsables.

«No ha funcionado la relación pacífica entre las minorías religiosas y la iglesia católica, porque hay personajes que no han comprendido que México dejó de practicar exclusivamente una religión desde hace mucho tiempo, y siguen privilegiando a ministros de culto, lo que es un hecho vergonzoso y discriminatorio», dijo Themis Cortés.

ABUSOS A INDÍGENAS EVANGÉLICOS
Oscar Moha informó además que se va a proponer a los diputados de todos los partidos que integrarán la próxima legislatura que se formalice la Comisión de Asuntos Religiosos, lo cual servirá para tipificar y sancionar penalmente los delitos relacionados con el culto público.

Apuntó que en nombre de los llamados «usos y costumbres» en zonas indígenas de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Oaxaca, se cometen delitos graves, toda vez que los agresores se confabulan para agredir, despojar, robar y expulsar a quienes consideran «traidores o desertores» de la religión mayoritaria, por lo que se debe considerar como «delincuencia organizada» y sancionarse como tal.

Por su parte, Paulo Tort reconoció que la oficina a su cargo se ha limitado a llevar a cabo sólo trámites administrativos y que es necesaria la construcción de un modelo para resolver y prevenir los casos de intolerancia y discriminación religiosa en el país. Después de tres meses en el cargo como Director de Asuntos Religiosos, el funcionario mencionó que este departamento «no servirá sólo para atender a los ministros de culto, sino para garantizar el derecho a la libertad religiosa y fortalecer el Estado laico».

Al final de la reunión se acordó presentar propuestas firmes y tareas específicas para contrarrestar la violación a las garantías individuales. También se mencionó la necesidad de darle continuidad al programa de legalización de las estaciones de radio indígenas, de las cuales más de 40 operan en Chiapas y son propiedad de cristianos evangélicos.

Finalmente, se propuso sugerir que las preguntas diseñadas para la elaboración del Censo Nacional de Población en el año 2010 sean las adecuadas, con el fin de tener un perfil realista y exacto de las tendencias y preferencias religiosas en México.