El Gobierno mexicano abandona a su suerte a los evangélicos amenazados de expulsión y linchamiento

"¡Por favor avisen de esto a todo el planeta... no puede seguir la discriminación! Necesitamos de su ayuda en la comunidad de San Nicolás", reza el pedido de auxilio de Ramírez, dirigente laico de la Iglesia Shalom, de Ixmiquilpan.

La llamada de socorro, dirigida a la sociedad e instituciones en general, advierte del inminente peligro de hechos de sangre y violencia contra los evangélicos una vez que concluya el plazo de 30 días -establecido por los dirigentes católicos del pueblo- en los primeros días de este próximo mes de noviembre. "Urge hacer algo antes de que existan enfrentamientos", precisa Ramírez.

La intolerancia religiosa es antigua en el lugar; sin embargo hace unos años se lograron algunos acuerdos entre católicos y protestantes, pero hace tres meses estallaron de nuevo los conflictos entre uno y otro grupo a raíz del "atrevimiento" de los evangélicos de anunciar la construcción de su propio templo en San Nicolás.

INHIBICIÓN DEL GOBIERNO MEXICANO
Los evangélicos amenazados no han encontrado otro medio que esta angustiosa llamada para hacer oír su angustia y clamor, después que el gobierno mexicano se inhibiese a pesar de la tensa situación en la que vive el grupo de familias evangélicas en esta localidad de la cabecera del municipio de Ixmiquilpan, a unos 250 kilómetros al norte de la capital mexicana.

Aun cuando los evangélicos elevaron una denuncia formal ante el Consejo Nacional para prevenir la Discriminación de México, las autoridades prácticamente no han hecho nada. Según precisan los evangélicos, lejos de actuar con la rapidez que exige la situación, unos funcionarios se limitaron a pedir más datos para integrarlos al expediente.

EXPULSIÓN Y EXPROPIACIÓN
El delegado de la comunidad católica, Pedro Beltrán Ibarra, dijo que los evangélicos deben abandonar el poblado pues su presencia "pone en riesgo a la población. Los habitantes del pueblo votaron para que los evangélicos sean desterrados y se les decomisarán sus terrenos", indicó.

El ultimátum que pende contra las 40 familias evangélicas para que abandonen la comunidad de San Nicolás concluye el próximo martes 1 de noviembre, un mes después de la celebración de una asamblea comunitaria extraordinaria donde se acordó la medida y a pocas semanas de que circularon las cartas de notificación que les exigen su salida por profesar una religión diferente a la católica.

"Si los protestantes no abandonan el pueblo, entonces no nos queda más remedio, tendremos que lincharlos, aquí no los queremos" dijeron algunos indígenas católicos de la localidad, mientras el subdelegado municipal, Noé Gerardo Nicolás, sostuvo que el desalojo de los protestantes "es ya una ley, la palabra del pueblo se convierte en ley. Las autoridades se han negado a realizar una verdadera limpia y ahora la haremos nosotros", agregó.