El Consejo de Ministros aprobó este martes una regularización extraordinaria de la que podrán beneficiarse más de medio millón de inmigrantes en situación administrativa irregular, así como sus hijos menores.

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La medida, pactada entre el PSOE y Podemos, se articulará mediante una reforma del Reglamento de Extranjería y permitirá solicitar la residencia a todas las personas que acrediten haber vivido en España al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025. 

Se trata de la primera regularización masiva en dos décadas: la última fue la de 2005, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero concedió autorización de residencia a más de 570.000 personas.

“Hoy es un día histórico para nuestro país. Estamos reforzando un modelo basado en derechos humanos, en la integración, en la convivencia y que es compatible con el crecimiento económico y la cohesión social”, celebró la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. La ministra subrayó que la reforma “retoma el espíritu de la iniciativa legislativa popular”, respaldada por más de 700.000 firmas y bloqueada durante más de año y medio en el Congreso.

Aprobado por vía urgente

Aunque el PSOE defendía que la regularización debía tramitarse por vía parlamentaria, el Ejecutivo ha optado finalmente por un real decreto, que no necesita convalidación del Pleno.

La norma se tramitará además por vía de urgencia, lo que permitirá que la aprobación definitiva llegue en un máximo de tres meses. 

De esta forma, el Gobierno prevé que las solicitudes puedan comenzar a presentarse a principios de abril y que el proceso permanezca abierto hasta el 30 de junio de 2026.

Podrán acogerse quienes carezcan de antecedentes penales relevantes, no supongan “una amenaza para el orden público” y demuestren su estancia continuada mediante cualquier documento público o privado —desde el padrón hasta contratos de alquiler, citas médicas o incluso billetes de transporte—. También entrarán los solicitantes de protección internacional que hubieran registrado su petición antes de la fecha límite.

La presentación de la solicitud suspenderá cualquier proceso de devolución en marcha y dará derecho, desde el primer día, a trabajar en todo el territorio nacional y en cualquier sector durante un año. Transcurrido ese periodo, las personas afectadas deberán incorporarse a alguna de las figuras ordinarias del reglamento vigente, como los distintos tipos de arraigo.

En el caso de los hijos, el permiso será de cinco años, con el objetivo de facilitar la unidad familiar. “Es un mecanismo sencillo y persigue romper las barreras burocráticas del pasado”, defendió Saiz, insistiendo en que la fórmula “beneficia al trabajador, que gana derechos, pero también a las empresas, que ganan seguridad jurídica”.

La regularización, que el Ejecutivo enmarca dentro de una estrategia para promover una migración “ordenada, segura y con plena integración”, responde a una reivindicación ciudadana que se remonta a la ILP impulsada en 2024. A pesar de haber sido admitida a trámite con el apoyo de la mayoría del Congreso —excepto Vox—, la iniciativa quedó paralizada por la falta de acuerdo entre los partidos sobre los requisitos.

Con el decreto aprobado este martes, el Gobierno afirma que da salida a una demanda social sostenida y a una realidad ya existente: la de cientos de miles de personas que viven, trabajan y crían a sus hijos en España sin reconocimiento administrativo.

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Algunas preguntas y respuestas sobre la regularización:

¿Para quién?

La regularización se dirige a personas que ya residen en España y fija requisitos claros: haber permanecido en el país de forma continuada al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025 y carecer de antecedentes penales. El plazo de solicitudes se abrirá previsiblemente en abril de 2026 y se extenderá hasta el 30 de junio.

¿Qué estatus recibirán quienes hagan la solicitud?

Cuando la solicitud se admita a trámite, “se concederá una autorización de residencia provisional que permite trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria”. Y, “si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia por periodo de un año, al término de la cual podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería”.

¿Cómo afecta a los hijos menores de las familias que lo soliciten?

La solicitud de las familias que cumplan los requisitos conlleva “la regularización simultánea de hijos e hijas menores” que ya se encuentran en España. Y, en este caso, su vigencia será de 5 años en vez del año de duración en el caso de los adultos.

¿Da la regularización permiso para trabajar?

Sí. En el plano laboral, el Gobierno destaca que la autorización de residencia otorgará automáticamente permiso de trabajo en cualquier sector y en todo el territorio. Según el Gobierno la población migrante es clave en el mercado laboral y la mayoría de los afectados por esta regularización ya trabaja, aunque muchos lo hacen en condiciones de informalidad. La medida aspira a facilitar una integración laboral plena, con cotización, derechos y seguridad jurídica, y a reforzar sectores esenciales como los cuidados, la agricultura o la hostelería, donde estas personas ya desempeñan un papel estructural.

¿Hay algún precedente?

El Gobierno señala que se han producido varias regularizaciones similares en España. La última se produjo en 2005. Entonces se beneficiaron de la medida 576.506 personas.

¿Provocará esta medida un “efecto llamada” que aumente la llegada de extranjeros por vía irregular?

El Gobierno mantiene que la regularización permite “poner el contador a cero” para que el sistema funcione sin reproducir dinámicas de exclusión. Rechaza que exista “efecto llamada”, recordando que se ha fijado una fecha de corte estricta y que el 95% de las llegadas ya se producen por vías regulares. También subraya que la irregularidad alimenta a las mafias y que regularizar, por el contrario, corta ese negocio. Otros partidos políticos, sin embargo, han criticado que la medida sí puede tener un “efecto llamada” que produzca la llegada masiva de inmigrantes tras el anuncio. Sin embargo no hay evidencia de que medidas similares provocasen un “efecto llamada” tras los anteriores procesos de regularización.

¿Cuántas personas podrán beneficiarse de esta regularización extraordinaria? 

El Gobierno calcula que esta medida podrá dar la autorización a alrededor de medio millón de personas, citando los cálculos de los movimientos sociales. Se trata solo de una estimación. Debido a la situación clandestina de los potenciales beneficiados, no existen datos oficiales sobre el número de personas en situación irregular que cumplan con los requisitos de la medida.

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