La Audiencia Provincial de Madrid ha celebrado esta semana el juicio contra Tomás G. M., pastor evangélico acusado de apropiación indebida por la presunta utilización irregular de más de 516.000 euros en donaciones recibidas por su iglesia. Tras la vista rápida celebrada el martes, la Fiscalía mantiene su petición de cuatro años de prisión, multa económica e indemnización a la comunidad religiosa por el total del dinero presuntamente desviado.

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Durante la vista oral, el acusado negó los hechos y aseguró que el exfutbolista del Atlético de Madrid Jackson Martínez, principal donante de los fondos, conocía y autorizaba todos los movimientos realizados desde la cuenta de la iglesia. Sin embargo, tanto el propio Martínez como varios testigos contradijeron esta versión, afirmando que el dinero —destinado a la obra de expansión del evangelio— no fue empleado para los fines previstos y que la congregación no tuvo conocimiento de su destino hasta años después.

Según expuso el Ministerio Fiscal, el pastor aprovechó su acceso a la cuenta bancaria de la iglesia para realizar al menos 17 reintegros y transferencias a su cuenta personal, con conceptos como “nómina” o “anticipo”, pese a no percibir salario alguno. Parte de los fondos se habría destinado a la compra de un vehículo, a la cancelación de su hipoteca y a la entrega de una elevada suma a su hijo para la adquisición de una vivienda en Boadilla del Monte.

Más allá del recorrido judicial del caso, desde la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) subrayan que situaciones como esta, aunque excepcionales, evidencian la importancia de contar con mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas en la gestión económica de las iglesias, tanto para proteger a las comunidades como a sus propios líderes.

Un caso excepcional, pero no imposible

“No es un caso normal ni habitual”, explica Álvaro Serrano, abogado del servicio jurídico de FEREDE, que ha atendido a Protestante Digital para explicar su perspectiva sobre este caso. “En este momento no tenemos constancia de ningún otro caso similar abierto, aunque sí conocemos algún episodio aislado en el pasado”, admitiendo que “donde hay personas, puede haber problemas, y también intentos de abuso”.

Serrano subraya que no se trata de una realidad generalizada ni vinculada a una denominación. “No se puede extrapolar un caso concreto al conjunto de las iglesias evangélicas”, afirma. Pero en este caso concreto, la comunidad afectada acudió tanto al Consejo Evangélico de Madrid como a FEREDE en busca de asesoramiento. “Cuando la iglesia toma conciencia de lo que había ocurrido, nos pide ayuda. Acompañamos el proceso, se produjo el cese del pastor y se animó a denunciar los hechos ante las autoridades, que es lo que ha permitido que hoy exista un procedimiento judicial”, explica.

El papel de FEREDE: acompañar y asesorar

Desde FEREDE recuerdan que no tienen capacidad de control sobre las finanzas de las iglesias locales. “Nuestra función es asesorar y acompañar, pero las decisiones disciplinarias y la denuncia de los delitos corresponden siempre a la entidad afectada”, expone Serrano.

En este acompañamiento, FEREDE se apoya en una colaboración plena con las autoridades. “Nunca vamos a proponer ‘arreglarlo entre nosotros’ o esconderlo. Si hay indicios de delito, debe ponerse en conocimiento de la autoridad. La iglesia no tiene capacidad para investigar, juzgar ni garantizar que se cumplan acuerdos, y menos aún en situaciones de abuso”, señala.

Protocolos de prevención y buen gobierno

En 2019 FEREDE puso a disposición de las iglesias y entidades un protocolo de buen gobierno y prevención, a disposición de las iglesias y entidades que lo soliciten a FEREDE gratuitamente, que incluye medidas específicas en el ámbito económico. “Muchas son de sentido común y se aplican en cualquier entidad”, explica Serrano.

Entre ellas, destaca la aprobación de presupuestos por la asamblea, la gestión económica mancomunada, la separación de funciones y la existencia de canales seguros para denunciar irregularidades. “Es fundamental que ninguna persona tenga un poder absoluto, y que las decisiones económicas no dependan de una sola firma”, añade.

El abogado advierte además de los riesgos de los liderazgos excesivamente personalizados. “Cuando una sola persona controla finanzas, cargos y decisiones, es mucho más difícil detectar abusos y actuar a tiempo. No quiere decir que vaya a ocurrir siempre, pero sí que proporciona un caldo de cultivo”.

Responsabilidad espiritual y legal

Serrano recuerda que, además del daño económico y reputacional, las iglesias pueden enfrentarse a responsabilidades legales si no han adoptado medidas preventivas adecuadas, por eso es importante contar con protocolos. “Puede darse el caso de que la iglesia sea considerada corresponsable o responsable subsidiaria por no haber prevenido el delito”.

“Hay que romper con la idea de que lo correcto ante Dios es que el pastor controle todo el dinero. La transparencia protege a la iglesia, a los líderes y al testimonio público”, añadió el abogado.

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Desde FEREDE animan a las iglesias a consultar, formarse y pedir ayuda cuando surgen dudas o situaciones complejas. “Siempre vamos a acompañar a las iglesias que acudan a nosotros, combinando los principios bíblicos con las obligaciones legales”, concluye Serrano, “especialmente cuando la iglesia es la víctima de un abuso”.

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